En el marco de una operación denominada Entrada 8, el Ministerio del Interior recabó evidencia que permitió establecer que B. R. A. C., mujer de 35 años, y H. L. R. R., hombre de 33 años, ambos funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación ingresaban teléfonos y cargadores que entregaban a las personas privadas de libertad a cambio de dinero.

El hombre, además, avisaba previamente a internos sobre la realización de requisas. Según informa la mencionada secretaría de Estado, los funcionarios llevarían a cabo tales delitos desde el año 2020.

El 23 de marzo, ambos operadores penitenciarios fueron llevados ante la Justicia y se los formalizó por la presunta comisión de reiterados delitos de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autores. Posteriormente, se les impuso pena de 12 meses de prisión, que cumplirán en régimen de libertad a prueba.

Además, se les impuso una multa de 50 unidades reajustables y fueron inhabilitados por dos años para todo cargo público.