Dos jóvenes sobreseídos por violación demandarán al Poder Judicial por “prisión indebida”

Tras ser denunciados por una violación grupal en enero de 2022 en el barrio Cordón, la Justicia definió finalmente sobreseer, por segunda vez desde que se abrió la investigación, a los tres jóvenes acusados. En consecuencia, dos de estos demandarán al Poder Judicial por prisión indebida con el fin de obtener una reparación económica por los cuatro meses que estuvieron en prisión preventiva.

De acuerdo con el abogado de los jóvenes, Martín Frustaci, solo dos de los tres sobreseídos harán el juicio al Estado. En diálogo con El Observador, el defensor señaló que espera que se les pague un monto proporcional al tiempo que estuvieron en prisión. Así, detalló que ronda entre los “60 y 70” dólares por día. No incluye los posibles costos de los delitos por daños y perjuicios.

Frustaci dijo en rueda de prensa que solo dos de los sobreseídos demandarán al Estado, ya que “el tercero, que fue el que divulgó los videos, cometió un delito, porque divulgó sin consentimiento”.

“Por él no vamos a pedir prisión indebida, pero vamos a pedir un acuerdo en el que la parte de la pena sean esos cuatro meses que estuvo preso”, agregó.

El abogado detalló que “la demanda será contra el Poder Judicial. Cuando hay prisión indebida, vamos contra el Poder Judicial como institución, no contra los jueces”.

Rosana Flores, abogada que forma parte del equipo de Frustaci, dijo a la prensa que “este fallo da tranquilidad y conciencia”. Para Flores, este caso sienta “un precedente”. Además, destacó que, “más allá del reclamo” a la Justicia, no puede olvidarse “el daño que se le causó” a sus clientes tras la acusación.

La abogada recalcó que, más allá de que “se obtenga un buen resultado o no”, a sus clientes “no se les va a devolver este tiempo que vivieron”. Según la abogada, los sobreseídos tuvieron a “todos los organismos en su contra”, así como también a “gran parte de la sociedad”.

Sobre cómo los jóvenes y su defensa recibieron la resolución, Furstaci respondió: “Este fallo nos da tranquilidad de conciencia. Hay un sistema objetivo y transparente en el que se puede confiar. La Fiscalía, en este caso, con total transparencia, dijo que no tenía para seguir adelante. Eso me da tranquilidad de que nuestro sistema no es obtuso”.

“Las familias y los muchachos están contentos y tranquilos. Pasaron un periplo de dos años, con cuatro meses de privación de libertad. Hay una estigmatización que va más allá de la declaración de inocencia”, agregó. En este sentido, contó que uno de los involucrados es estudiante de Economía y no sabe si podrá continuar con sus estudios.

“Hay una carga y un estigma social muy grande, más allá de lo que diga en la planilla de antecedentes judiciales”, expresó.

Al igual que Flores, Frustaci coincidió en que este fallo “sienta un precedente”. Según el abogado, “es muy difícil litigar en materia de delitos sexuales”, porque “la normativa vigente es muy acotada a la hora de presentar y discutir pruebas”.

“Hay mucha piedra por el camino para poder hacer preguntas o presentar un informe. Creo que el juez fue leal al sistema y objetivo”, explicó. Además, apuntó contra “la condena social” y “la presión de ciertos grupos”, porque “estuvieron privados de libertad cuatro meses”.

“Vamos a hacer hincapié en que se investigue hasta el fondo quién divulgó las fotos de las fichas de nuestros defendidos”, apuntó.

El caso

Los tres jóvenes habían sido imputados por el delito de abuso sexual especialmente agravado en febrero de ese año, a pedido de la fiscal Judith Rodríguez, pero posteriormente la investigadora entendió que, aunque había elementos para formalizar la investigación, no había los suficientes para llevar el caso a un juicio oral y se archivó el caso.

Tras esa circunstancia, el abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República y representante de la víctima, Juan Raúl Williman, pidió que el caso fuera analizado por otro fiscal.

La causa quedó a cargo del fiscal de violencia doméstica Schubert Velázquez, quien tras la investigación compartió la decisión de Rodríguez y también resolvió archivar la causa.

De esta forma, informó Fiscalía, los tres jóvenes quedaron definitivamente sobreseídos.

La mujer de 30 años había denunciado en enero de 2022 que decidió irse de un baile con uno de los imputados a un apartamento en el barrio Cordón y mientras mantenía relaciones sexuales de forma consensuada con el joven, ingresaron a la habitación otros dos varones que según la víctima abusaron de ella.

Tras la imputación en febrero de 2022, los jóvenes debieron cumplir con medidas cautelares de prisión preventiva, pero posteriormente pasaron a cumplir prisión domiciliaria —a partir de junio de 2022— tras la actuación del fiscal Raúl Iglesias.