El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech manifestó este jueves que se opone al homenaje que el Estado le realizará a las denominadas “muchachas de abril”, las tres jóvenes asesinadas en la madrugada del 21 de abril de 1974 por militares y policías durante la dictadura: Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio.

“Hay un cierto esfuerzo por reavivar los odios, la situación de violencia que se vivió en la década de 1960 y 1970. Me llama la atención que se pretenda escribir una historia que no le hace honor a la verdad”, expresó Domenech en rueda de prensa.

En este sentido, el legislador descartó que las jóvenes acribilladas a disparos fueran víctimas de la represión estatal. Domenech aseguró que se “distorsiona la historia de una manera inaceptable”.

Al ser consultado sobre si Cabildo Abierto iba a participar del acto y brindar su versión de los hechos, respondió: “Sería partidario de dar nuestra versión de la historia. La gente tiene que saber lo que pasó en Uruguay. Los jóvenes lo ignoran, piensan que este movimiento guerrillero vino a liberarnos de la dictadura militar y fue, quizá, al revés”.

En el mismo sentido, reclamó que no han hecho homenajes a Pascasio Báez, Hilaria Quirino y Carlos Burgueño, víctimas del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

“Tantas personas murieron porque un grupo de iluminados pensaron que mediante la violencia se podía cambiar la forma de gobierno, y resolver los problemas económicos y sociales que se vivían en aquel momento, y que toda la sociedad vive periódicamente”, manifestó.

Domenech también apuntó contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Se quiere tergiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales que, desde el exterior, buscan imponer homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica”.

Este jueves, el Semanario Búsqueda informó que el Estado homenajeará a “las muchachas de abril” a mediados de mayo en un acto en el Palacio Legislativo, encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

La CIDH condenó a Uruguay en 2021 a realizar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” de los hechos.