La Fiscalía Departamental de Rivera de 3er. Turno, a cargo de la fiscal Stella Alciaturi, imputó a dos hombres y una mujer por trata de personas y asociación para delinquir en el caso de un grupo de migrantes venezolanos y cubanos hallados encerrados en una vivienda en el departamento de Rivera.

Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva, mientras continúa la investigación de los hechos, informó Fiscalía General de la Nación. Las víctimas habían ingresado al país de forma legal desde Brasil. Al salir de la sede Migraciones, fueron captadas por dos personas que decían pertenecer a una ONG que les ayudarían en su estadía en Uruguay.

Sin embargo, según detalla este jueves la Jefatura de Policía de Rivera, en esa falsa ONG los extranjeros recién llegados "eran víctimas de una serie de ilícitos, entre otras cosas engaños con promesa de alojamiento gratuito, el cual al paso de unos días era cobrado, teniendo las víctimas que abonar sumas elevadas que no correspondían a los servicios brindados".

El caso

La Fiscalía publicó este viernes el pedido de formalización de la fiscal Alciaturi donde se brindan algunos detalles del caso. En primer lugar, según el texto, la Fiscalía tomó conocimiento del caso en el mes de febrero cuando la dirección de Migraciones denunció ante la sede la existencia de esta organización dedicada a la trata y tráfico de personas.

"En efecto, refieren que, desde el mes de febrero del corriente año, se someten las solicitudes de refugio a consideración de la Comisión de Refugiados (CORE), quien decide la pertinencia de acceder o no a dichas solicitudes, y que, hasta esa fecha, se habían constatado 59 solicitudes rechazadas, todas ellas de ciudadanos cubanos", señala el texto.

Estos inmigrantes rechazados, todos en situación de extrema vulnerabilidad, permanecen en la zona fronteriza con el objetivo de reintentar su ingreso al país de dos formas distintas.

Una de ellas es a través de un taxi de la terminal de Rivera, que ofrecen traslados hacia la capital del país, evadiendo así los controles policiales, militares y aduaneros, utilizando una red de caminos vecinales, por un precio de entre 500 y 1500 dólares.

La segunda hipótesis constatada y denunciada es a través de esta falsa ONG, ubicada en el barrio La Pedrera, donde son alojados los migrantes, incluso en carpas "de tipo Igloo", donde debían abonar cinco dólares por persona y por día a una mujer encargada, "la que continuamente les pedía que no vayan a Migraciones".

"A partir de dicha información, se inicia una investigación con la división delitos complejos de la Jefatura de Policía de Rivera y se logra establecer la existencia de un grupo de personas organizado con la finalidad de captar migrantes en condiciones de ilegalidad a quienes, o bien proporcionan transporte para dirigirse a la capital evadiendo controles de autoridades, o proporcionaban transporte brasileño para dirigirse a otros países o localidades sitas al norte de nuestro país", indica el pedido de formalización.

En esta etapa se logró ubicar al imputado R.U.U, quien coordinaba el arribo de migrantes a la terminal de ómnibus, que estaba en el citado lugar como vendedor de alimentos y bebidas. Una vez allí, los conectaba con los taxistas para su traslado o coordinaba ubicación con los dos coimputados B.N.D.S.B y S.A.D.F.R, con quienes colaboraban sus hijos. En ese entonces, a los inmigrantes se les manifestaba que podrían alojarse de forma gratuita, se les regalaba un chip de la empresa de telefonía Claro o Antel para que se comunicaran con el imputado y los coimputados.

"Una vez ubicados allí, en fincas sumamente precarias y compartiendo espacios entre familias que, algunos de los cuales solamente se dividen con telas colgando, se les exigen aportes de dinero, que en primer término se sitúan en cien dólares por persona, suma que va descendiendo en algunos casos en virtud de la extrema pobreza de las víctimas. En caso de que se atrasen con los pagos, son increpados y amenazados por la propietaria, manifestando a modo de ejemplo que llamaría a la policía, que serían deportados, que los apartarían de sus hijos", explica la fiscal.

A continuación, a modo de ejemplo, la Fiscalía relató algunos de los mensajes que recibían los migrantes: "HEEE habíamos combinado en cinco y es cinco ¿ta? Tendría que cobrarte mucho más porque te di un cuarto solo para ustedes, y tú te quedaste sin mi autorización, te quedaste más de un día acá, así que no vengas a salir con la tuya porque Sergio te 'cañotea', y con él no vas a jugar. Y a continuación manifiesta: 'No vengas a decir que no tenés dinero porque ustedes venden bien, si derrochas el dinero o derrochaste, es problema tuyo", indica el texto.

Según la Fiscalía, la situación explotó la noche del 1° de junio cuando se recibe una solicitud de ayuda por parte de las víctimas, quienes manifestaban que se encontraban encerradas en una casa, que habían sido aseguradas con candados colocados en la parte de afuera.

"Se constata la situación por personal de la división delitos complejos, mediante filmación del evento del que surge no solamente la situación de privación de libertad, sino que la heladera con los víveres se encontraba en un patio exterior de la finca al que no podían acceder", afirma la fiscal en su pedido de formalización.

Finalmente, se constató que dentro de las víctimas existía al menos una niña de muy corta edad (2 años) dentro del grupo de estas víctimas. Asimismo, de los diálogos interceptados, se constató que en algunas ocasiones a las víctimas se les retiraba el pasaporte.