Montevideo Portal
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, abogado y exasesor del expresidente argentino Mauricio Macri, sumó un nuevo elemento a su defensa en la causa judicial que tramita el pedido de extradición a su país.
El abogado Daoiz Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar), Grado 5 de esa institución y exdiputado por el Frente Amplio en el período pasado plantea, en una consulta presentada en el juzgado a la que accedió Montevideo Portal, que "la situación jurídica subjetiva del ciudadano Fabián Rodríguez Simón reúne todos los elementos normativos previstos en la Ley Nro. 18.076 (sobre el derecho al refugio y los refugiados), y su solicitud se encuentra debidamente fundamentada, por tanto, el carácter objetivo de los fundados temores ha sido en este caso plenamente acreditado".
"Pepín", de 62 años, no concurrió a declarar como indagado ante la jueza federal María Servini, quien lo declaró "en rebeldía" y ordenó este miércoles su captura internacional y extradición, lo que se deberá resolver el Poder Judicial de Uruguay.
Rodríguez Simón recibió un revés en el proceso cuando la Comisión de Refugiados (CORE) no avaló el pedido de refugio. De todas maneras, el abogado sigue sumando opiniones de expertos que respaldan su pedido de extradición.
Previo a presentar la consulta de Uriarte, la defensa de Rodríguez Simón, ejercida por los abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey, aportaron consultas de otros tres abogados que concluyen que la Justicia de Uruguay debería otorgarle refugio a su cliente. Ellos son Martín Risso Ferrand, catedrático de Derecho Constitucional (Grado 5) y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; Didier Opertti Badán, profesor emérito de Derecho Internacional Público (Grado 5) de la Udelar y excanciller de Uruguay (de 1998 a 2005); y Gonzalo Fernández, profesor emérito de Derecho Penal de la Udelar, excanciller de Uruguay (de 2008 a 2009) y exsecretario de Presidencia de Tabaré Vázquez.
Por su parte, Uriarte informa que "el objeto de la consulta se relaciona con la judicialización de la política y la criminalización de actos de gobierno; que es el marco explicativo de esta persecución, y también de procesos penales que bien pueden ser interpretados bajo estas categorías, y que se dirigieron contra políticos opositores al gobierno de Mauricio Macri".
"Esta persecución, en el caso puntual de Fabián Rodríguez Simón, tiene un aliciente adicional por la combinación del poder fáctico empresarial que detentan los involucrados y el manejo del poder mediático que, a su disposición, les permite desplegar verdaderas campañas simbólicas de desprestigio. Estas campañas mediáticas también colocan a FRS en una situación de vulnerabilidad respecto a la tutela de su integridad física y moral, así como de su seguridad personal. Y esta afirmación, no implica, denegar la existencia de la libertad de prensa, sino comprender su instrumentalización al servicio de la criminalización de individuos concretos", plantea el director del Instituto de Derechos Humanos de la Udelar.
El abogado concluye en su consulta que "corresponde que se le otorgue la condición de protección humanitaria solicitada, y se rechace automáticamente la Solicitud de Detención y Extradición".
"Como se ha dicho, cualquier otra interpretación vulneraría los principios de derecho internacional humanitario, los compromisos internacionales en la materia, y específicamente, implicaría una denegación de justicia inusual en la historia soberana de la República Oriental del Uruguay y sus históricas y ejemplares posiciones institucionales frente a las solicitudes de protección, en perjuicio directo e indiscriminado de los perseguidos políticos de cualquier ideología, así como de la tradición humanitaria uruguaya y los institutos de protección internacional", agrega.
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