El director del Instituto Nacional de Colonización (INC) en representación por el Frente Amplio (FA), Andrés Berterreche, señaló que no tiene dudas de que “hay una serie de irregularidades” tras la inspección al campo que el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) su suegro y la ministra de Vivienda, Irene Moreira, explotan en calidad de colonos propietarios.

Se trata del inmueble N.º 511, ubicado en la 4.ª sección catastral de Artigas, y el informe, según informó el semanario Búsqueda, concluyó que Manini Ríos, su esposa (la ministra de Vivienda) y el padre de ella, Roque Moreira, “no residen en el predio, ni realizan trabajo directo”.

“Las irregularidades son no cumplir con las leyes del 2011 que pedían a aquellos que tenían escrituras viciadas de nulidad por no haber pedido el certificado del artículo 70 de la Ley 11.029 en la redacción dada por la Ley 18.75, y que fueron validadas por dos leyes, pero con la condición de que tenían que ir al INC a especificar”, dijo Berterreche en diálogo con Montevideo Portal.

“No se cumplió con el mandato de venir a regularizar aquellas tierras afectadas a la colonización que se compraron sin pedir ese certificado, que es el que dice si las tierras están o no afectadas a la colonización”, agregó y sostuvo que aquí el tema “se trata del inmueble en su conjunto, no es un tema con una persona”.

“Cuando era presidente del INC pasé tres años y medio en el instituto sin enterarme qué pasaba en el 511. Nadie me dijo que había una sociedad anónima, donde había en aquel momento un militar en actividad que era propietario. Nunca me enteré de eso”, añadió.

Búsqueda informó en febrero de 2020 que un cambio que estaba previsto en la Ley de Urgente Consideración (LUC) beneficiaba, por su condición de colona propietaria, a quien en ese momento había sido designada ministra de Vivienda: Moreira. El artículo 358 de la LUC, “votada por Manini Ríos, estableció una flexibilización de las obligaciones de los colonos respecto a trabajar directamente la tierra y residir en el predio”, recuerda el semanario.

A raíz de esa información es que Berterreche analizó la situación e hizo un estudio del inmueble 511 en su conjunto. “Es una historia complejísima en términos de compraventas. Después de tres meses de investigación no me quedaban dudas de que había que ir por el camino institucional. No era un tema de Andrés Berterreche contra fulano o mengano, sino era parte de lo que el INC tiene que encuadrar en su gestión”, aseguró el director del INC.

En ese sentido, explicó que mandó a inspección sin los antecedentes que había recabado. “Yo no presioné a los funcionarios como se dijo. Lo único que hice fue esperar el resultado, en todo ese período nadie de mis compañeros políticos de mi partido y mi sector, que son a los que represento, supieron que se estaban haciendo estas cosas. Solamente cuando el expediente subió al directorio se lo informé a dos personas dentro del Frente, y ninguno tuvo las actas. A uno de mis compañeros se las mostré, pero no se las dejé tener, solo para avisarles que esto se venía, pero lejísimo se está de un manejo político”, afirmó.

“Cuando yo pedí la inspección, que puedo hacerlo como director, antes de pedirla se lo comuniqué a mis compañeros directores. Yo pedí la inspección, pero todo el directorio estaba en conocimiento de esto que pedí hace medio años. La inspección se demoró más de lo necesario, pero hubo razones de funcionamiento”, aclaró Berterreche.  

Hubo una resolución del directorio del INC con tres votos por la positiva y uno negativa, que fue el de Berterreche, de pedir el informe de la Asesoría Letrada. “Habrá que esperar qué es lo que dice la asesoría sobre el informe. No hay plazos o tiempos para el informe”, comentó Berterreche.

“El directorio no ha resuelto ni va a resolver hasta que venga el informe, yo tengo la convicción y las pruebas para afirmar por qué voté no al informe de asesoría. Todo lo que investigué y no se lo mostré a la inspección lo ratificó la inspección estudiándolo por su parte”, aseguró.

“Está demostrado que el instituto tenía incidencia sobre esas tierras, los propietarios son los propietarios, eso no se discute. Tampoco tengo duda de que esas tierras están afectadas a la ley 11.029”, expresó.

Por último, el director del INC por el FA dijo que no entrará en el terreno del “insulto, agravio o descalificación como está sucediendo ahora”. “Simplemente hago el trabajo como director del INC, no voy a entrar en ese tipo de cosas”, concluyó.

Lo que dice Manini

Manini sostuvo en un comunicado que compartió el domingo que “el campo al que se refiere el informe fue adquirido por el INC en el año 1970” y que a los pocos meses “de acuerdo a informes técnicos de la institución se estableció que el campo de referencia no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado”.

“Se expresaba en la resolución N°41 del Acta N° 2815, del 2 de marzo de 1971, que el ‘área inundable, la superficie ocupada por los montes, las dificultades de drenaje’ hacían imposible su utilización por el instituto, por resultar antieconómica su explotación”, relató el senador.

Manini afirmó que, por esta razón, el INC resolvió “enajenar el campo” y llamó a una licitación.

“A esa licitación se presentó, entre varios ofertantes, el Sr. Roque Moreira Salgado, al que se le adjudicó parte del padrón con una extensión de 1.300 hectáreas, celebrándose el compromiso de compraventa el 5 de julio de 1971”, explicó Manini, que agregó que en 1975, “en cumplimiento de lo resuelto por le directorio del INC, se firma un nuevo compromiso de compra-venta, que no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC”.

El senador de la República relató que posteriormente, en diciembre de 1981, “tras haberse integrado el precio, el INC y Roque Moreira otorgaron al contrato de compraventa relativo del inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador”.

Según cita Manini, en el contrato mencionado se manifiesta que “la enajenante transfiere al comprador el pleno dominio sobre el inmueble descripto, confirmándola en la posesión que del mismo ya tiene tomada y se obliga la saneamiento conforme a derecho”.

“Desde la compra del campo hasta la fecha, es decir por más de medio siglo, en que incluso el actual director (Andrés Berterreche) que manda hacer el informe ejerció la Presidencia durante varios años, el Instituto Nacional de Colonización no realizó reclamación alguna contra el señor Roque Moreira, ni por la ocupación, ni por la residencia, ni por la explotación, ni por la disposición del inmueble existente en el predio. De la información mencionada surge claramente que el Sr. Roque Moreira nunca fue colono, como tampoco lo fuimos Irene Moreira y el suscrito”, argumentó Manini.