La semana pasada fue noticia que Pablo Sitjar, que integra el directorio del BROU a pedido de Cabildo Abierto, está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva generada por una empresa de la que es director.

Este jueves, el Semanario Búsqueda publica una nueva noticia acerca del funcionario, donde se da cuenta de que el hecho de ocupar un alto cargo en el BROU no le ha sido impedimento para continuar su actividad en los directorios de varias sociedades anónimas, aun cuando mantengan litigios con el Estado.

De acuerdo con el citado medio, Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A., una compañía que explota el puntasteño Casino Nogaró y que demanda al Estado por US$ 50 millones, además de incumplir una decisión del gobierno.

Sitjar asumió en el BROU en abril del 2020. Un mes después, la firma inició su reclamo contra la Dirección de Casinos. Además, es la única sala que no reabrió sus puertas pese a la resolución del Poder Ejecutivo.

La crónica detalla que las salas de juego permanecían cerradas desde marzo producto de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia, hasta que en agosto la DGC ordenó su reapertura. Pero el directorio de Vidaplan S.A., integrado por Piero Taliento (director), Nicola D'Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente), decidió no cumplir con la resolución del gobierno.

Taliento comunicó a los empleados la resolución del directorio de que el Nogaró no iba a abrir sus puertas y dispuso que no ingresaran sus empleados ni los funcionarios de Casinos. El Nogaró era una sala de explotación mixta entre la empresa y el Estado.

Como sus trabajadores no podían ingresar, Casinos presentó una denuncia penal por el delito de "justicia por mano propia". La fiscal Ana Roses pidió la formalización del director de Vidaplan S.A. al comprobar que "mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso".

De acuerdo con la fiscal, la decisión fue adoptada por el directorio de Vidaplan S.A., lo que incluye a Sitjar, aunque solo pidió formalizar Taliento. La empresa "contaba con vías judiciales y administrativas" para resistir la resolución, por lo que debió "esperar el resultado de dichas acciones y no pretender actuar en sustitución de la justicia a fin de llegar al fin deseado", dijo.

Tras el pedido de formalización, en octubre del año pasado, la empresa declaró a El País que la decisión de no reabrir las salas respondió a que su situación económica era complicada. Cuestionó el accionar de la DGC, porque "la única respuesta que se obtuvo fue una denuncia penal contra Vidaplan S.A. aduciendo que esta hizo justicia por mano propia". Sostuvo además que era falso que se hubiese impedido el ingreso.

El gobierno mantiene su versión de que Vidaplan S.A. no permitió que entraran sus funcionarios.

"La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto'), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan S.A, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos", dice el decreto firmado el 30 de noviembre por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El decreto autoriza el pago de una compensación económica a los trabajadores de Casinos que no pudieron entrar en el Nogaró.

El informe publicado en Búsqueda señala que el enfrentamiento entre Vidaplan S.A. y el Estado uruguayo viene de antiguo y no se limita a la circunstancia actual. La empresa gestiona el Casino Nogaró desde 2010, pero antes ya explotaba el Hotel Mantra

Vidaplan S.A. presentó el año pasado una demanda contra el Estado mediante la que reclama US$ 50 millones, informó El País.

Fuentes citadas por el semanario manifestaron que la demanda es "por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal" y que el Estado ya la contestó. Además, las autoridades descartaron que se vaya a negociar una "solución extrajudicial" con la empresa.

De acuerdo con información de la Dirección General de Registros, solicitada por Búsqueda el 15 de enero, Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A. desde el 1º de enero del 2020. Había sido su director entre 2015 y 2018, cuando pasó a ser vocal por casi dos años.

A su vez, el Senado aprobó el 1º de abril del 2020 la venia de Sitjar para integrar el directorio del BROU, cargo que asumió dos días más tarde.