Diputados del FA cursaron pedido de informes por muerte de una adolescente tras un aborto

Los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Micaela Melgar cursaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sobre el fallecimiento de una adolescente luego de que se le practicara un aborto en el hospital de Treinta y Tres.

El hecho, que se conoció la semana pasada a raíz de una denuncia pública de la red de acompañamiento en aborto Las Lilas, ocurrió en diciembre. Una adolescente de 14 años que había iniciado el proceso legal de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los servicios públicos del departamento de Treinta y Tres falleció por septicemia en el hospital de la capital departamental una semana después del aborto.

Luego de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley, a la semana de abortar ingresó a la emergencia hospitalaria y falleció 24 horas más tarde.

Esta fue la primera muerte dentro del sistema legal desde que en 2012 se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En 2016 se registró otro fallecimiento por aborto pero se dio en el circuito clandestino.

Al conocerse la situación ocurrida en Treinta y Tres, ASSE inició una investigación administrativa para conocer cuáles fueron las causas y si se aplicó correctamente el protocolo establecido.

En el pedido de informes, que fue cursado oficialmente por el diputado Núñez pero en el que también trabajó Melgar, se solicita al MSP y a ASSE informar "en qué fecha las autoridades toman conocimiento del fallecimiento y en qué fecha fue notificado e ingresado al Comité de Muerte Materna".

Además, se pidió conocer "qué tipos de controles de calidad al respecto de la implementación de la ley IVE" se hicieron en el hospital.

Los diputados preguntaron "si se identificaron responsabilidades" y "si el equipo que llevó adelante el procedimiento" de aborto "es el equipo habitual o si se efectuaron cambios en su conformación en los últimos tiempos".

Finalmente, pidieron conocer "si se implementaron o planificaron correcciones en los servicios de atención para prevenir muertes por procedimientos legales de interrupción voluntaria de embarazos".