La bancada de diputados del Frente Amplio emitió este jueves una declaración luego de que se aprobara en general el proyecto de ley de urgente consideración con los votos de los legisladores de la coalición multicolor y el de César Vega del Peri. Desde este jueves se realiza la votación del articulado del proyecto de ley.
"Las y los integrantes de esta Bancada entendemos que este proyecto de ley se encuentra absolutamente desfasado de la realidad que vivimos la enorme mayoría de las y los uruguayos. Además reafirmamos la caracterización que sobre el mismo realizó nuestra fuerza política y la bancada de senadores en la primera fase de su tratamiento parlamentario. El proyecto es inconstitucional, antipopular, represivo y regresivo", comienza señalando el documento de la coalición de izquierda.
Los diputados frentistas sostienen que el texto aprobado "pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y tiende a concentrar los recursos y el poder", y argumenta que el articulado "ha ameritado el más amplio rechazo de organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales, de la academia y de reconocidos expertos del más amplio espectro quienes han manifestado que muchos de sus contenidos atentan contra libertades y garantías ciudadanas".
La bancada opositora asegura que el proyecto "está cargado de señales vacías" y que el "común denominador" de los representantes del Poder Ejecutivo que comparecieron ante las comisiones especiales que trataban la ley fue "la incapacidad de explicitar fundamentos o evidencias" para explicar las iniciativas.
"La conclusión a la que arribamos es que las urgencias del gobierno están muy lejos de las urgencias de las mayorías populares y los sectores más desfavorecidos de la sociedad", dice la carta y agrega que el Frente Amplio "no se ha quedado de brazos cruzados" y "ha hecho un esfuerzo para minimizar los impactos más negativos sobre la sociedad, logrando introducir cambios al proyecto".
"Sin embargo el corazón de la propuesta sigue siendo el mismo y nuestra convicción es que de aprobarse e implementarse muchas de las normas proyectadas en este texto, las consecuencias para el país serán graves", manifiestan los diputados.
Con respecto al tema seguridad, los legisladores frenteamplistas dicen que el proyecto está "signado por la demagogia punitiva, en detrimento de las alternativas de rehabilitación y del abordaje comunitario de los problemas de violencia que existen en la sociedad". "Esta estrategia ha demostrado, no sólo en el Uruguay sino en el mundo, ser absolutamente equivocada, conduciendo a diversos tipos de abusos y a peores resultados en materia de seguridad pública", aseguran.
En el plano educativo los legisladores opinan que el proyecto de ley "modifica sustantivamente la ley de educación" y "recorta la participación social, avanza con lógicas privatizadoras y debilita la autonomía de los organismos encargados de conducir el sistema educativo".
En el área económica, la LUC "intenta dar un mensaje fiscalista en un momento en que los gobiernos del mundo priorizan el gasto público para apuntalar la salida de la crisis", dice la declaración, y agrega que también se "desmonta buena parte de la política de inclusión financiera".
Según dicen, estos cambios generan perjuicios para los trabajadores, un aumento de poder de los empleadores, aumento de informalidad y destrucción de mecanismos de prevención de lavado de activos.
En lo que respecta a las relaciones laborales y la movilización social, los legisladores frentistas dicen que el proyecto de ley "pasa por alto todos los mecanismos de la negociación colectiva, apuntan a una reforma neoliberal del Estado", tendiendo a "afectar las garantías para el ejercicio pleno del derecho de huelga y la movilización".
También señalan que hay una "ausencia absoluta de perspectiva de género" en toda la ley.
"El neoliberalismo autoritario tiende a debilitar el Estado en sus funciones de regulación de los negocios privados e igualación social, y a incrementar su poder de fuerza para la represión y criminalización de las y los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, condición imprescindible para la aplicación de un modelo de empobrecimiento de las mayorías sociales. El núcleo duro de este proyecto de ley apunta exactamente en esa dirección", concluye la declaración y "convoca al pueblo uruguayo a seguir luchando y construir alternativas frente a este modelo".
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