Diputados aprobó ley de medios; se abre expectativa sobre posición de Lacalle ante aditivo

En una sesión que culminó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados dio este jueves sanción definitiva a la ley de medios, tras aprobar las modificaciones que había introducido el Senado al proyecto.

La aprobación se alcanzó con 50 votos del oficialismo, sobre un total de 91 legisladores presentes al momento de la votación, según el registro electrónico llevado adelante por la Cámara de Representantes.

El texto había empezado a debatirse este martes, pero la discusión debió ser postergada para el miércoles por una cuestión de reglamento del funcionamiento de Cámara. Este miércoles, sobre las 22 horas y tras aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas, los diputados retomaron el debate de la ley de medios, que fue aprobada sobre las 0.15 del jueves.

El debate tuvo distintas aristas, pero uno de los principales puntos fue el artículo 72, introducido en el Senado a pedido de Cabildo Abierto.

En Diputados, por tratarse de la segunda vez que la cámara tenía ante sí el proyecto, los legisladores debían resolver si aprobaban o rechazaban el texto que votó el Senado, sin la posibilidad de desglosar el artículo más polémico en esta instancia para una consideración por separado.

Por tanto, ahora se abre la expectativa sobre qué postura tomará el presidente Luis Lacalle Pou sobre este artículo en particular. Es que, incluso en el oficialismo, distintos legisladores que votaron las modificaciones del Senado afirmaron que esperaban el veto del mandatario sobre el artículo.

Uno de ellos fue el diputado Iván Posada, que así lo expresó sobre el final de la sesión.

“Respecto al artículo 72 tenemos la absoluta convicción que en función de los principios republicanos democráticos, que son por cierto parte de las convicciones que tiene el presidente de la República, no tenemos ninguna duda que este artículo 72 va a ser objeto del veto por parte del Poder Ejecutivo”, dijo el representante del Partido Independiente.

Esa posición también fue expresada por distintos legisladores colorados. “Tenemos fundadas esperanzas de que el presidente de la República, por ser una persona de convicciones democráticas y liberales, cuando lea este artículo llegue a las mismas conclusiones que nosotros. No sabemos qué es lo que va a hacer. Pero si dos más dos, son cuatro, esto lo puede vetar”, dijo Ope Pasquet.

El colorado calificó al aditivo como un “adefesio” y “una amenaza a la libertad de expresión”. De todos modos, al justificar su voto en favor de las modificaciones, el legislador sostuvo que “no se puede sacrificar el todo por una parte”.

En contraposición, el líder cabildante Guido Manini Ríos rechazó ese planteo. Días atrás, en una entrevista con radio Carve, el senador dijo que está convencido que “no va a haber veto ninguno”, porque no había motivo para eso.

El aditivo de Cabildo Abierto

El aditivo incorporado en el proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, en su artículo 72, señala:

“Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral. Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.