La Comisión de Constitución y Códigos aprobó este miércoles el proyecto de ley para reparar de forma moral y económica a las víctimas de los grupos armados que actuaron en Uruguay entre los años 1962 y 1976.
La iniciativa solo contó con votos de los legisladores de la coalición de gobierno. Por su parte, los diputados del Frente Amplio y el representante de Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, ya habían manifestado que no iban a apoyar el proyecto, tal como informamos este martes.
De esta manera, el proyecto será tratado en el plenario de la Cámara baja después de la Semana de Turismo. Luego el texto volverá al Senado, donde ya fue aprobado en 2022, para que se contemplen los cambios realizados.
“Se han hecho muchas leyes para reparar a grupos de víctimas. Este es un eslabón más en esta cadena de esfuerzos de la democracia uruguaya para cerrar las heridas de un tiempo muy doloroso en la vida de un país”, expresó el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet en rueda de prensa.
Pasquet explicó que se tomaron en cuenta las listas de personas que se elaboraron en los gobiernos de Jorge Batlle (Partido Colorado) y Tabaré Vázquez (Frente Amplio). En este sentido, estiman que serán aproximadamente 70 las víctimas reconocidas.
Según indica el proyecto, los familiares de las víctimas fatales recibirán US$ 150.000, monto que propuso Vázquez en 2007. Por otro lado, los que sufrieron incapacitación permanente serán recompensados con US$ 100.000, y aquellas personas que fueron secuestradas por más de 72 horas por los grupos armados recibirán US$ 50.000.
En el caso de las víctimas fatales, las personas que pueden recibir el dinero son sus padres, hijos, cónyuge o hermanos. En el caso de que no haya ninguno de estos parientes, se extingue la posibilidad de reclamar.
El dinero saldrá de Rentas Generales y se creará una comisión especial de cinco integrantes, designados por el Poder Ejecutivo, que estudiarán cada caso.
La negativa del Frente Amplio y Vega
El Frente Amplio resolvió este martes no acompañar el proyecto por “varias razones”, según informó a Montevideo Portal el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Mariano Tucci.
Tucci planteó que “las modificaciones que se introducen al proyecto original adolecen del mismo defecto de base que el proyecto que se aprobó en el Senado de la República; a saber: la línea de tiempo elegida para reparar no ha podido hasta el momento ser fundamentada por la coalición de gobierno, y fue duramente cuestionada por la academia, en particular por la Cátedra de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades” de la Universidad de la República. El diputado del MPP destacó que “hasta el momento ninguno de los actores que ha redactado el proyecto ha podido fundamentar de manera adecuada por qué se elige esa línea temporal”.
Además, el legislador frenteamplista también criticó el articulado del proyecto, apuntando de forma concreta contra los artículos 2 y 6, que enmarcan los montos para las reparaciones de las víctimas y la creación de la comisión especial que será integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo.
De igual manera, Tucci aclaró: “Nuestra fuerza política no está en contra de las reparaciones, porque vaya si el Frente Amplio ha demostrado con acciones concretas en sus gestiones de gobierno que es absolutamente necesario reparar la acción violenta emprendida desde el Estado en el proceso civil-militar”.
Por su parte, el diputado del PERI, César Vega, también informó a Montevideo Portal que no votará este proyecto, aunque por otros motivos. “Se pasan tirando la plata”, lamentó Vega, quien sostuvo, en referencia a la ley aprobada en 2009, que “para enmendar el error anterior, votan este” proyecto.
“¿De dónde sale la plata? De impuestos, de deuda o de emisión”, especuló. Para Vega, “hay que revisar” la Ley 18.596, “sin dudas”.