El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez presentó dos proyectos de ley para evitar que durante 180 días se realicen despidos en las empresas, por un lado, y para evitar que se produzcan desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, por otro.
Los proyectos, sobre los que informó la diaria y a los que accedió Montevideo Portal, tienen el objetivo de cuidar a aquellos que por la pandemia, la emergencia sanitaria y la exhortación al aislamiento social quedan desamparados.
El proyecto para "la protección del empleo" propone que se prohíban por 180 días hábiles desde la declaración de la emergencia sanitaria (el 13 de marzo) los despidos de trabajadores, salvo los casos de notoria mala conducta.
Con este objetivo, el diputado propone que para aquellos despidos que vayan en contra de la normativa o que estén vinculados "directa o indirectamente" con la emergencia sanitaria, "la indemnización correspondiente para el trabajador o trabajadora será el doble de lo normal".
Por otro lado, el proyecto plantea la prohibición por el mismo período de la "extinción de vínculos laborales en el Estado, sean de derecho público o privado", salvo que se constate una falta grave.
En la exposición de motivos se señala que "como consecuencia de los graves efectos de la crisis sanitaria se desató en el país una verdadera emergencia desde el punto de vista laboral", para la que hay que legislar con el fin de paliar.
Núñez señala que países como España aplicaron este tipo de medidas y agrega que si se aprobaran se brindaría "una respuesta afirmativa al llamamiento de la Organización Internacional del Trabajo para proteger el empleo ante la crisis generada por el nuevo coronavirus".
"La pandemia no puede ser excusa para el despido de trabajadores y trabajadoras", señala el proyecto.
El otro documento presentado por Núñez apunta a la "suspensión de los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias" en las casas y un "período de gracia" para deudores de préstamos hipotecarios.
En este sentido, el proyecto indica en su artículo primero que se suspenden por 180 días hábiles "los lanzamientos dispuestos sobre inmuebles con destino casa habitación en el caso de personas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad".
Se consideran "situaciones de especial vulnerabilidad" a aquellas familias monoparentales con dos o más hijos a cargo, familias con hijos menores de 12 años, familias con algún miembro con discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite la actividad laboral, familias en las que el titular del contrato de arrendamiento esté en situación de desempleo o en seguro de paro, familias con mayores de 65 años, entre otras.
Para suspender los lanzamientos se tendrá en cuenta que "el conjunto de los ingresos del núcleo familiar" no supere las diez Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), actualmente fijadas en 4.519 pesos cada una.
El proyecto también agrega: "Suspéndase por 180 días las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles con destino casa habitación en los cuales el deudor hipotecario se encuentre comprendido en alguna de las situaciones descritas".
También plantea que se establezca un plazo de seis meses de gracia para los deudores de préstamos hipotecarios para viviendas, siempre y cuando el deudor esté en alguna de las situaciones descritas.
"Mientras dure el plazo de gracia consagrado en la disposición precedente, el acreedor no podrá exigir el pago de la deuda hipotecaria ni se devengarán intereses. El pago de las cuotas en régimen de moratoria se difiere al final del plan de pagos original del préstamo", añade el proyecto.
En la exposición de motivos, Núñez señala que "un número importante de familias en especial situación de vulnerabilidad social y económica está expuesta, en estas circunstancias, a verse afectadas en relación a sus derechos", principalmente aquellas personas con "ingresos insuficientes", teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha quedado desempleada, entre otras situaciones.
En este sentido, se pide que se tenga en cuenta que estas personas "podrían verse seriamente afectadas si son desalojadas de sus viviendas en medio de la pandemia".
Algunas de estas medidas van en total consonancia con lo planteado por el Frente Amplio al gobierno en un documento presentado el viernes pasado.
El Frente Amplio pide que haya un "período de gracia a intereses de los créditos sociales a jubilados que concede el BROU" y otro "en intereses de cuotas hipotecarias del MVOTMA, ANV y BHU entre abril y julio para trabajadores enviados al seguro de paro y trabajadores por la cuenta y no registrados en la seguridad social".
Además, el Frente Amplio pide "suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días".