El diputado nacionalista por Florida, Álvaro Rodríguez Hunter propone un proyecto de ley para instalar la "alerta Amber" para comunicar de forma inmediata la ausencia de menores. 

Esta alerta internacional surgió en Estados Unidos tras la desaparición y asesinato de la niña Amber Hagerman, de 9 años, secuestrada el 12 de enero de 1996 en Dallas, Texas, cuando jugaba con su hermano, para ser encontrada muerta cuatro días después. 

La falta de un sistema efectivo con alertas tempranas para la búsqueda y localización de menores desaparecidos en aquella época culminó con la creación de la alerta Amber, un acrónimo de America's Missing: Broadcast Emergency Response (Desaparecidos de América: Transmisión de Respuesta de Emergencia, en español).

Según considera Rodríguez, la búsqueda temprana de menores de edad ausentes requiere de un sistema coordinado de distribución de información por todos los medios de difusión posible, que permita la rápida localización del menor y su retorno seguro al entorno familiar y/o institucional. 

Por esta razón, el proyecto establece que el sistema de alerta Amber estará a cargo del Ministerio del Interior, integrándose al Protocolo de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, y se coordinarán las actividades con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y  el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), comunicando especialmente la situación a los pasos de frontera.

“En ningún caso deberá esperarse el transcurso de plazo alguno cuando se denuncie la ausencia de personas formulada ante la autoridad policial, Fiscalías o Poder Judicial, debiéndose comenzar en forma urgente las actuaciones tendientes para localizar cuanto antes a la persona desaparecida”, establece el proyecto de ley, que aclara que antes de lanzar la alerta se deberá contar con el consentimiento del  padre, madre, tutor, o familiar  directo hasta el segundo grado de consanguinidad.

El proyecto también estipula que dentro de las dos horas siguientes a la denuncia de ausencia del menor, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Sinae, en forma coordinada, deberán haber difundido a la población en general mensajes para la localización de la persona desaparecida, a través de los medios de comunicación radiales, televisivos, por cable, empresas operadoras de telefonía, redes sociales, cartelería en la vía pública, y avisos en todos los peajes de las rutas nacionales, aeropuertos y puertos del país, y pasos de frontera.

El artículo nueve del proyecto establece que “los medios de comunicación interrumpirán la transmisión, si fuere necesario, para dar aviso de la alerta enviado por la autoridad, y mantendrán el mensaje en forma reiterada durante su programación por un plazo mínimo de 24 horas, a menos que dicha alerta sea cancelada antes en forma oficial".

Para   la   difusión   de   la   alerta   Amber   el   Ministerio   del   Interior   deberá implementar  una  aplicación  para  los  distintos  sistemas  operativos  de  telefonía  móvil y establece que “aquel funcionario público que encontrándose en el servicio competente para recibir una denuncia de desaparición o ausencia, se negare a hacerlo, sin causa justificada, incurrirá en falta grave, como también lo hará aquel funcionario público que estando obligado a dar urgente trámite a la denuncia recibida sobre la desaparición de una persona  no lo hiciere”.

De acuerdo a la iniciativa, la notificación de la búsqueda en curso deberá ser acompañada de la fotografía del menor ausente, su nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar y hora aproximada de la desaparición, características físicas, señas particulares y teléfono de contacto para enviar información que debe ser un número único, oficial y conocido por la generalidad de la población.

Para Rodríguez, la adecuación a los avances tecnológicos “resulta muy importante” para realizar la búsqueda de personas ausentes. Por lo tanto, el proyecto apunta a la necesidad de incorporar tecnología que permita establecer en imagen el envejecimiento facial teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, ya que muchos casos de ausencia son de larga data, y las fotos con las que se cuentan para el eventual reconocimiento de un ausente no reflejan cómo podría ser su apariencia actual.  

La propuesta también pretende fortalecer la capacitación y colaboración internacional en la aplicación de este sistema de búsqueda de ausentes, previendo un mecanismo para la celebración de convenios nacionales e internacionales que acerquen a los operadores uruguayos la formación y experiencia de organismos extranjeros, como el International Centre For Missing & Exploited Children (Centro Internacional para los Niños Desaparecidos y Explotados o ICMEC, por sus siglas en inglés) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros.

El legislador afirmó que la experiencia internacional muestra que al menos veinte países han adoptado sistemas de alerta temprana para la ubicación de niños y adolescentes, coordinando acciones a nivel estatal y con el sector privado, lo que permite una mayor difusión de avisos estandarizados que den cuenta de la ausencia.