Diputada del Frente Amplio denuncia difusión en radio de grabación con contenido sexual

La diputada suplente Micaela Melgar, del Frente Amplio, anunció que realizará “las denuncias pertinentes” por “la difusión de audios con contenido sexual en un programa radial matutino”.

La legisladora del Partido Comunista advierte que “el 1ro de febrero del 2022, en la radio Azul FM 101.9, en el programa matutino, llamado La Pecera, con la conducción de Ignacio Álvarez, se divulgaron audios que supuestamente fueron grabados el domingo 23 de enero, de madrugada, cuando sucedió un hecho que fue denunciado como violación en grupo y que actualmente se está en proceso judicial”.

“La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que, en primer lugar, se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella) y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación”, expresa Melgar en un comunicado de prensa.

“La reproducción de un audio con contenido sexual explícito donde se escucha a una mujer sorprendida por la situación y presentando molestia por una práctica sexual que se le estaba practicando, opera directamente a favor de la generación de violencia hacia las mujeres desde un medio de comunicación. Toda mujer víctima de alguna de las formas de violencia basada en género, tiene derecho, por ley, al respeto de su dignidad y de su intimidad”, agrega la legisladora, en un mensaje que fue difundido en Twitter y cuenta con la adhesión de decenas de dirigentes del Frente Amplio.

La diputada plantea que “la difusión de grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización es delito”, según la ley 19.580, aprobada en 2017, que legisla sobre violencia hacia las mujeres basada en género. El inciso “M” del artículo 6 de esta ley, donde se definen las formas de violencia basada en género,  establece que la violencia mediática es “toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

La legisladora cita además el literal “G”, que define a “la violencia simbólica como la ejercida a través de mensajes, que reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres”.

Además, agrega que el artículo 92 de dicha ley establece que “el que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.

Por otra parte, la ley 19.307 en su artículo 32 establece un horario de protección a los niños, niñas y adolescentes, y “explícitamente en el literal E se excluye la exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, obscenos o degradantes, o de elementos de prácticas sadomasoquistas”. “El programa antes mencionado fue emitido en pleno horario de protección”, destaca la legisladora.

Melgar considera “que existió, por parte del programa radial, voluntad de minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias, por lo que debe ser investigado”, y además expresa que “se intentó generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio, como ya ha sucedido en casos similares”.

“Por estas razones es que estaremos tomando la medida de realizar las denuncias pertinentes para evitar que esto siga sucediendo y exigir las garantías necesarias para vivir en libertad y en pleno ejercicio de nuestros derechos”, concluye.

Adhieren al comunicado Dayana Perez, Inés Cortés, Margarita Libschitz, Martina Casas, Micaela Melgar, Cecilia Bottino, Lillian Galán, Gustavo Olmos, Sebastian Valdomir, Nicolás Mesa, Nelson Larzabal, Gabriel Otero, Christian Mirza, Ana Olivera, Graciela Villar, Verónica Mato, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, Gabriela Barreiro, Susana Muñiz, Gonzalo Civila, Amanda Della Ventura, Óscar Andrade, Daniela Brandon, Nicolás Viera, Daniel Caggiani, Elena Ponte, Federico Ruiz, Charles Carrera, Orquidea Minetti, Lucía Etcheverry, Cristina Lustemberg, Lilian García, Viviana Repetto, Sebastian Sabini, Martín Tierno, Nicolás Lorenzo, Enrique Rubio, Eduardo Antonini, Gabriel Tinaglini y Daniel Olesker.