El uso de celulares en prisión quedó nuevamente en el medio del debate público, a raíz del asesinato del hincha tricolor Lucas Langhain (ordenado justamente desde un celular).

Ayer, el ministro Eduardo Bonomi dijo a Sarandí que "el debate es qué se hace con el celular: ¿se prohíbe o se lo deja y se usa como elemento de información?". Además agregó que los inhibidores de celular contratados por el ministerio no funcionaron porque las telefónicas aumentaron la potencia de la señal.

Meses atrás, el director del Instituto de Rehabilitación, Alberto Gadea, dijo a la prensa que si bien los celulares están prohibidos en prisión, se estaba discutiendo "si es una medida que debe mantenerse". "El celular permite al privado de libertad comunicarse con la familia, por lo que habría que analizar hasta dónde es malo tener celular. No es de las cosas que más nos preocupan", dijo.

En la misma sintonía estuvo ayer el fiscal de Corte Jorge Díaz, al ser preguntado sobre el tema y la posibilidad de que la prohibición se haga realmente efectiva.

"Una inhibición total de comunicaciones, que teóricamente podría ser fácil de tomar, desde el punto de vista práctico no es así", dijo Díaz, según recogió Informe Nacional (Radio Uruguay).

"A veces se hacen propuestas que son muy demagógicas desde el punto de vista de la seguridad. Es muy fácil decir hay que hacer esto, aquello, lo otro, y no pensar en las consecuencias", agregó.

"Yo creo que si se inhibieran totalmente las comunicaciones celulares desde todas las cárceles, se generaría una situación de explosión prácticamente dentro de los establecimientos carcelarios, porque es necesario que los privados de libertad tengan algún tipo de comunicación", consideró.

En su opinión, la solución pasa por la regulación. "Los celulares están prohibidos, y sin embargo lo único que se hace con la prohibición de celulares es que efectivamente el costo de un celular para un recluso sea mucho más caro, pero el acceso para aquel que dispone de dinero siga siendo efectivo", afirmó.

"Hay que trabajar, ver cuál es la mejor regulación y sobre todo tratar de no caer en situaciones o propuestas que son fáciles de decir o pueden caer muy bien en la población, pero luego no se pueden ejecutar o no producen los resultados que se esperan", concluyó.