El exfiscal de Corte Jorge Díaz sostuvo que durante su mandato “se impulsó y aprobó la normativa que transformó en obligatorios los concursos para ingresar y ascender en la carrera fiscal”.

En un hilo en su cuenta de Twitter, Díaz se refirió a esta situación, luego de que trascendiera de que el actual fiscal de Corte, Juan Gómez, es jefe de su esposa e hija en Fiscalía, tal como informó el diario El País.

En 2002 la esposa de Gómez se presentó a un concurso para ser secretaria dentro de Fiscalía, y accedió. Más de 10 años después, Bentos concursó para ser fiscal adjunta (el cargo anterior a fiscal letrado departamental), y quedó en primer lugar, señala el matutino.

“Nunca trabajó conmigo. Tiene derecho a concursar como cualquier ser humano. No tiene nada que ver con la Fiscalía de Corte y jamás viajó”, dijo Gómez a El País. Su hija se presentó a concurso a la institución en la que trabajan sus padres e ingresó en febrero de 2019, cuando Gómez aún no trabajaba en la Fiscalía de Corte.

Díaz comentó que durante su mandato “se realizaron 15 concursos de oposición y méritos entre ingresos y ascensos”. “Cuatro concursos de fiscal adscripto, uno de fiscal adjunto, uno de fiscal suplente, cinco de fiscales departamentales y cuatro de fiscales de Montevideo. Concursaron 1.866 personas y fueron designados 270 fiscales. 270 personas que no le deben a nadie su designación”, agregó.

El exfiscal de Corte sostuvo que “los tribunales fueron integrados por profesores, jueces, fiscales y abogados”. “Hay personas que dieron y perdieron hasta tres veces un concurso y no recurrieron sus resultados, cuestionan su legitimidad y con ello la honorabilidad de los miembros de los tribunales y el esfuerzo de sus compañeros. No voy a calificar esa conducta, se califica sola”, añadió.

Díaz expresó que, si se va a modificar la Constitución, “sería bueno eliminar (o limitar al estricto cumplimiento de las funciones parlamentarias) la inmunidad civil y penal de los legisladores, para evitar que el agravio gratuito quede impune”.

Si creo que si vamos a modificar la constitución, sería bueno eliminar (o limitar al estricto cumplimiento de las funciones parlamentarias) la inmunidad civil y penal de los legisladores, para evitar que el agravio gratuito quede impune.

— Jorge Diaz (@jdiazalmeida) April 19, 2022