Díaz: “Los fiscales tienen independencia técnica, pero acá la teoría conspirativa paga”

Fotos: Juan Manuel López

El fiscal más poderoso de la historia del país tiene 53 años, cuatro hijas, y un estilo enérgico de defender sus convicciones con la oratoria. Jorge Díaz -así se llama- es la cara más visible de la Fiscalía General de la Nación desde 2012. A un año de dejar el cargo asegura que no continuaría al frente si pudiera ser reelecto. Es más, cree que una década es mucho tiempo para un fiscal de Corte con el nuevo sistema acusatorio del proceso penal.

Cuando le tocan el tema -el CPP vigente desde noviembre de 2017- saca pecho. O para hablar con el término futbolístico que eligió en la charla: se permite "pizarrear" y decir a quien lo quiera escuchar: ¿Vieron que no era pro-delincuente? Díaz asegura que las cifras que ha dejado el Código del Proceso Penal a tres años de su entrada en vigor "destrozan el relato" que "una murga afiatada" repetía un día sí y otro también señalándolo como benigno con la delincuencia. Él, tozudo y confiado, hoy se jacta de su victoria. Otra discusión es si está bien o mal que haya 2.000 presos más que cuando entró a funcionar el CPP. Díaz se suma al debate encantado: cree que debe haber medidas alternativas a la prisión, pero con vigilancia real, porque si no, es impunidad.

Jorge Díaz -hincha de Wanderers, otrora un lateral meritorio, quien ejerciera como abogado por muy poco tiempo- se ríe en voz alta cuando se le recuerda que el ex presidenciable Gustavo Salle señala que su jefe es el presidente de la República. "Los fiscales tienen independencia técnica y la Fiscalía la tiene. Lo que pasa es que la teoría conspirativa en Uruguay paga. Yo digo que Fulano es corrupto, y lo denuncio por corrupción. Como yo digo que es corrupto, es corrupto, y no admito pruebas en contrario. Y si después la Justicia lo absuelve, entonces la Justicia es corrupta por absolver a aquel que es corrupto. Cuando tú te erigís en el censor moral de la nación, y bueno, tenés un problema con el psicólogo", sostuvo.

Díaz entiende como parte de las reglas del juego que legisladores de Cabildo Abierto hayan pedido su renuncia. Entiende que la relación de la Fiscalía con el sistema político es "naturalmente tensa", y con el nuevo sistema acusatorio, su rostro ganó en notoriedad y responsabilidad.

Cuando deba dejar el cargo, en un año, asumirá como abogado, y leerá más novelas policiales.

-¿Qué quería ser de chico cuando fuera grande?

-Fui cambiando... en algún momento pensé en ser arquitecto, después pensé hacer Ingeniería, de hecho. hice quinto científico, y después tuve una cruz de caminos entre Economía y Derecho, y terminé haciendo Derecho. Más allá de alguna crisis vocacional puntual, hoy por hoy no podría hacer otra cosa que no fuera abogado.

-¿Y cuándo se le despertó la vocación por la judicatura?

-En determinado momento de la carrera un profesor, que era juez, me dijo: "Usted tiene madera de juez, porque siempre que se discute un caso, usted se pone en una postura imparcial, no se pone de un lado o del otro, sino que pretende resolver el caso desde un punto de vista objetivo". Me lo dijo al pasar, pero eso me quedó. Fue en Penal 2, el profesor (Milton) Cairoli, y ese fue el primer síntoma que tuve. Poco a poco, esa vocación por la judicatura se fue afianzando. Incluso, ingresé apenas recibido como juez, prácticamente no ejercí como abogado.

-La Fiscalía General de la Nación presentó un informe con sus números a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017. El documento destaca que se lograron imputaciones del 6,9% de las denuncias que fueron presentadas. No parece ser un porcentaje alto, ¿o lo es?

-Es un porcentaje alto en comparación con el porcentaje histórico en Uruguay. Históricamente, en el sistema inquisitivo, el promedio más alto era de 5,2%. Por lo general, era 4,5 o 5% de noticias aclaradas. Acá estamos hablando de denuncias con imputados conocidos e imputados desconocidos. A nivel internacional, cuando uno maneja estas cifras, se toma como indicador aquellas denuncias con imputados conocidos, donde ahí naturalmente los porcentajes tienen que ser más altos. Pasa que acá estamos incluyendo la denuncia de un robo de celular de una persona que no sabe si lo perdió en el ómnibus y se anota como hurto, y tampoco son todos los casos que se investigan. Cualquier otro corte que hagamos (de denuncias con imputados conocidos o determinadas denuncias que entran efectivamente a investigarse), los porcentajes son más altos. Esta cifra (6,9%) es el porcentaje histórico más alto.

-¿Por qué era urgente la reforma judicial a fines de 2017, y así pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio?

-Urgente era porque éramos el último país de América Latina que no había hecho la reforma. El mundo entero camina de los sistemas inquisitivos a los sistemas acusatorios. ¿Por qué? Porque son sistemas más garantistas -separan la función de juzgar de la función de acusar- y en el sistema inquisitivo la función de juzgar y de acusar la tiene el mismo sujeto. Ese sujeto que investiga y luego juzga deja de ser imparcial porque interactúa con los hechos objeto de la investigación antes del juicio. Y por esa misma razón, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha anulado fallos de la justicia belga. En el caso Bélgica vs. Piersack y en Bélgica vs. Cubber, por ejemplo, fueron dos casos que se llevaron ante la Corte Europea de Derechos Humanos, y el tribunal europeo dijo que "si un juez participó de alguna manera en la investigación o interactuó de alguna manera con los hechos objeto antes del juicio, deja de ser imparcial". Nosotros en el sistema anterior interactuábamos, hacíamos la investigación, y luego dictábamos una sentencia sobre nuestra propia investigación. Entonces no había igualdad de armas entre la acusación y la defensa.

El sistema acusatorio lo que permite es que un representante del Estado, que es el fiscal, investigue y acuse, el acusado se defiende y otro funcionario estatal ajeno, que es el juez, resuelve el conflicto. Ahí recién tenemos la imparcialidad del juez. En el Uruguay siempre analizábamos la imparcialidad del juez pensando: "El juez deja de ser imparcial si es pariente, amigo o enemigo de alguien de la causa". Esa es la imparcialidad subjetiva. Olvidábamos la imparcialidad objetiva, que es que debe necesariamente no haber interactuado con los hechos que luego tendrá que juzgar. Y eso se logra con este cambio (el CPP de noviembre de 2017). Es más garantista, es más eficiente a la luz de los números y es hacia donde va el mundo entero.

Teníamos otras cuestiones que hacían imperiosa la reforma: nosotros teníamos el 70% de los privados de libertad con medida cautelar, es decir sin sentencia ejecutoriada de condena. Ese número era inaceptable a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había observado a Uruguay en el Caso Peirano por la utilización excesiva de la prisión preventiva. Era imprescindible el cambio, y en eso había consenso en toda la doctrina, en toda la academia.

"Todos los indicadores nos dicen que este sistema es mucho mejor que el otro. A tres años los números destrozan ese relato de que era un código pro-delincuente o un código benigno. Se puede mejorar, y en eso estamos. Pero estamos comparando tres años contra 200"

-¿Qué balance hace a tres años de este CPP?

-Nosotros hacemos un balance excesivamente positivo. En primer lugar, porque desde el día 1, el sistema empieza a funcionar de forma más garantista, permitiendo una libre y previa comunicación del abogado con su cliente antes de declarar, entendiendo que la declaración del imputado es una prueba de defensa y no una prueba de cargo. O sea, dejamos de buscar la confesión como la reina de las pruebas a cualquier precio. La prisión preventiva se usa como medida cautelar y no como pena anticipada, como en el sistema antiguo. Los jueces son realmente imparciales.

Revertimos aquello de que el 70% de los presos no tenían condena, hoy tenemos un 84% de los presos con sentencia ejecutoriada. El número de imputaciones es superior al anterior. Todos los indicadores nos dicen: este sistema es mucho mejor que el otro. Vino para quedarse. No me cabe la más mínima duda de que se puede mejorar, hay mucha cosa para corregir, y en eso estamos. Pero estamos comparando tres años, contra 200. No nos olvidemos que el sistema inquisitivo llegó al Uruguay antes de que el Uruguay fuera un país independiente, porque llega con las leyes de partida del gobierno de España.

-A pocos meses de haberse aprobado la reforma y estar en vigencia el CPP ya se lo criticaba, se decía que era pro-delincuente, que ataba de manos a la Policía. Recuerdo una frase del ex fiscal y hoy diputado colorado Gustavo Zubía: "Delinquir es negocio", decía él. ¿No fue así?

-¿A los pocos meses? A los pocos días. El código ha sufrido ajustes, pero no cambios estructurales, en esencia es el mismo código de noviembre de 2017. Al comienzo, obviamente hubo desfasajes. Usted tiene jueces, fiscales, abogados y policías, que venían acostumbrados a trabajar en otro régimen, y de la noche a la mañana empezamos a trabajar en un régimen sustancialmente distinto. Es lógico que había que ir ajustando, y se trabajó muchísimo desde las tres instituciones (Policía, Fiscalía y el Poder Judicial) para ir mejorando los resultados.

Nadie hace una evaluación de un sistema con pocos meses de implementación. Una evaluación seria de un sistema de esta naturaleza se debe hacer a los cinco años, según los expertos. Estamos a tres. Y a tres años los números destrozan ese relato de que era un código pro-delincuente o un código benigno...

-"La realidad ha demostrado que teníamos razón", ha dicho usted en los últimos días, defendiendo el CPP vigente...

-Es que teníamos razón en cuanto a que no era un código pro-delincuente, que no ataba de manos a la Policía y que los problemas de seguridad no obedecían a la aprobación de un sistema acusatorio, sino que en todo caso obedecían a otras cosas. Decir que los problemas de seguridad eran culpa del CPP, como era lo que se decía, era un relato falso. Los que decíamos lo contrario hoy mostramos los números y decimos: ¿Vieron que no era así? Permítame ser pizarrero.

"Resulta que el 1° de noviembre de 2017 había 10.996 personas privadas de libertad. Hoy hay 13.150. Es decir, un crecimiento sideral. ¿Eso es bueno o malo? Esa es otra discusión. Pero ese discurso de que es pro-delincuente se terminó. Aquella murga que repetía eso hoy está callada"

-¿Los fiscales ya no están sobrepasados? Hay fiscales de género que me contaban que tenían 700 expedientes en cada turno...

-Hay cinco fiscalías en todo el país en las cuales tenemos sobrecarga, tres de ellas porque están vacantes o sus titulares están con licencias médicas prolongadas. Y luego tenemos una o dos fiscalías acá en Montevideo que tienen un volumen importante de casos, con los que estamos trabajando para mejorar. Y también vemos que comparados con fiscalías iguales: hay una de Flagrancia que tiene un número importante de casos, pero el resto de Flagrancia tienen 10 veces menos, cuando lo que se asigna es la misma cantidad. Eso obedece más a una metodología de trabajo que al resultado de una sobrecarga.

Sacando esas cinco fiscalías, después tenemos unas 20 fiscalías que tienen entre 500 y 1.000 (expedientes). Hemos hablado con cada uno de esos fiscales, están trabajando fuerte, pero están trabajando bien. No plantean estar desbordados de trabajo. Y luego fuimos ajustando las perillas gradualmente -ya que está de moda ese término-, y ahí creamos la cuarta fiscalía en Salto, la cuarta en Paysandú, la segunda de San Carlos, la segunda en Atlántida, la cuarta de Las Piedras. Fuimos sacando fiscalías de un lugar y poniéndolas en otros donde se necesitaban más, y designamos más recursos humanos donde más se necesitaban. Entonces, primero, eso nos permite tener la información: poder cruzar qué cantidad de denuncias se hace en esa jurisdicción, qué relación hay entre las denuncias y las fiscalías, qué relación hay entre las denuncias y la cantidad de fiscales, qué cantidad de casos hay en funcionamiento... Toda esa información nosotros la tenemos en el sistema, y nos permite mes a mes ir tomando medidas de ajuste para ir mejorando.

La realidad es que estamos llegando a un tope. ¿A qué tope? El año pasado el promedio de imputaciones fueron 1.650 por mes, cuando el promedio del sistema anterior era de 1.028, y en el mes de setiembre llegamos a 2.000, casi el doble de lo que tenía el sistema anterior en un mes. ¿Hasta dónde se puede mejorar? Creo que va a ser difícil a partir de ahora seguir elevando esos números (por eso hablo de un tope), por otra parte, las denuncias disminuyen. Seguimos creciendo en cantidad de imputaciones aún disminuyendo las denuncias. Eso demuestra que el sistema está funcionando. Que con más recursos funcionaríamos mejor no le quepa la menor duda.

-Hoy tenemos un número récord de personas presas: 13.150 privados de libertad. No es una buena noticia, aunque confirme su teoría de que el CPP no es benigno con los delincuentes.

-Nosotros no mirábamos el dato de los privados de libertad. ¿Por qué lo empezamos a monitorear? Fue a partir de la afirmación: "Disminuye la cantidad de presos, aumenta la cantidad de delitos, y el problema de que disminuye la cantidad de presos es un problema del CPP". Ahí los empezamos a monitorear, y resulta que los datos que tenemos es que el 1° de noviembre de 2017 había 10.996 personas privadas de libertad. Hoy hay 13.150. Es decir, un crecimiento sideral. ¿Eso es bueno o malo? Esa es otra discusión. La realidad es que ese discurso de que es pro-delincuente se terminó. Aquella murga afiatada que repetía eso todos los días hoy está callada.

-¿Y si le planteo la discusión de si es bueno o malo que haya más presos?

-Creo que ahí nos hemos quedado sin un mecanismo de penas alternativas, y ahí entramos a analizar si son necesarias las penas alternativas a la prisión. Yo digo que sí tenemos que encontrar medidas alternativas, pero también digo que depende cómo. Porque si lo que se pretende es establecer un sistema de penas alternativas, por ejemplo, como la libertad vigilada (el cumplimiento de la pena en libertad, bajo vigilancia) y nadie los vigila, entonces no. Porque eso es impunidad. Si vamos hacia un sistema de penas alternativas -como creo debemos ir en un futuro-, para eso deberíamos restablecer la suspensión condicional del proceso, deberíamos restablecer determinadas penas alternativas... pero que se cumplan. Que haya un control efectivo de su cumplimiento, porque si no, es impunidad. Por eso ya pasamos y a eso no queremos volver.

"Lo de la tortafrita fue caricaturizable porque lo mandaron a hacer tortafritas. Se trataba de una persona que tenía 62 años, jubilada, que no tenía antecedentes, y cuyo delito fue comprar una bordeadora que sospechó que era robada. No era el asesino del papa. Pero se caricaturizó"

-Tenemos 370 reclusos cada 100.000 habitantes, somos uno de los países con el mayor índice de prisionización, con una reincidencia alta. ¿No habría que pensar en tener menos presos, y no más? Es una discusión que se da en muchos países...

-En Estados Unidos, que es el país en el mundo que tiene el índice más alto de prisionización (anda en 700 reclusos cada 100.000 habitantes), hay estados como Texas, donde se está discutiendo fuertemente la reducción de los privados de libertad, hasta por un tema de costos. Y están buscando programas alternativos. Para que se entienda: nadie está proponiendo una pena alternativa para un violador, para un homicida o para un rapiñero. Acá estamos hablando de los mal llamados delitos "de bagatela" y con sujetos primarios.

-Pero tampoco mandarlo a hacer tortafritas...

-Lo de la tortafrita lo podemos llegar a discutir. Eso fue caricaturizable porque lo mandaron a hacer tortafritas. Si lo hubieran mandado a hacer trabajos comunitarios, no era caricaturizable. Se trataba de una persona que tenía 62 años, que estaba jubilado, que no tenía ningún antecedente penal, que era lo que sabía hacer y cuyo delito fue comprar una bordeadora que sospechó que era robada. Tampoco era el asesino del papa. Pero se caricaturizó y ese, y cuatro casos más (porque no fueron más) terminaron en la derogación de un instituto como la suspensión condicional del proceso que se había aplicado por miles de veces, y había demostrado que era bueno.

-Además de ese caso, recuerdo aquel al que se le permitió irse de vacaciones a Valizas y luego volver a pagar su pena, y a otro lo mandaron a lavar autos. ¿Usted cree que esa es una buena herramienta que sería bueno recuperar?

-Sí, sí... y en eso hay consenso. Pero la clase política es la que resuelve, y decidió que lo quería sacar. Pero fiscales, jueces, defensores, todos estábamos de acuerdo en que era una buena herramienta.

"La mejor manera de que un proyecto fracase es no darle recursos. En algún momento tendremos que dar la discusión: ¿vamos a seguir insistiendo en estos juzgados de género multimateria? Si es así, hay que destinarle recursos. Un poquito no alcanza"

-¿Cómo valora los cambios realizados en el CPP en el Parlamento?

-Hubo un montón de cambios. Se eliminó la libertad vigilada, pero se habilitó la libertad a prueba, ahí hay una especie de estafa de etiquetas porque si bien la libertad a prueba es bastante más restrictiva que la libertad vigilada, en rigor es lo mismo. Está bueno tener un mecanismo como la libertad a prueba o libertad vigilada (como la quieran llamar), quizás un poco más amplia y con más vigilancia, que no sea impunidad. Eso es lo que la gente rechaza y nosotros también tenemos que rechazar. La suspensión condicional del proceso que fue una reforma negativa...

Y después, la LUC trabajó mucho con lo que se conoce como potestades autónomas de la Policía, que es hasta dónde la Policía puede avanzar sin la autorización del fiscal, el funcionario encargado de la investigación. Ahí se avanzó mucho, pero como esto es un péndulo, en algún momento va a volver atrás. Hay algunos cambios que a mí no me gustan nada. Por ejemplo, el que permite la detención en Averiguaciones, que no se ha aplicado porque los fiscales se han puesto firmes en ese sentido. Yo creo que de una vez por todas hay que sentarse y consensuar cuáles son las potestades autónomas de la Policía en el Uruguay de hoy.

-¿Por qué cree que están bajando los índices de delito? ¿Solo por la pandemia? Porque en marzo-abril de 2020 hubo una caída clara por el confinamiento y la bajísima movilidad, pero después la movilidad aumenta claramente...

-Mire, la caída abrupta fue por la pandemia. Hay una caída de pico en la segunda quincena de marzo. Pero también es verdad que luego de esa caída no hubo un efecto rebote, hubo subidas y bajadas, y se mantuvo en un escalón mucho más bajo del que tenía hasta ese momento. Las razones habrá que estudiarlas. Obviamente que la autoridad policial te dice que es producto de su labor preventiva, los fiscales te pueden decir que porque ellos imputan mucho más y son más eficientes a la hora de perseguir, alguno te va a decir que hay más dificultades para denunciar, por la pandemia. Yo no descarto nada de eso, pero habrá que hacer un estudio más serio y ponderado para saber qué está pasando en este momento. Pero no para dirimir un conflicto político entre unos u otros; sino para que no nos vuelva a pasar. Para aprender de cara al futuro.

-Tanto Bernadette Minvielle como el nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, han dicho que no hay recursos para los juzgados especializados en género. Costó mucho legislar la Ley de Violencia Basada en Género y parece ser una epidemia naturalizada a esta altura. ¿Qué va a pasar con esos juzgados especializadas?

-Los juzgados que se crearon por la Ley de Presupuesto, en realidad, no son los juzgados de género que preveía la ley de género. No eran los juzgados multimateria, sino más bien juzgados que iban a trabajar en la parte preventiva de la violencia de género. No son esos juzgados multimateria que preveía la ley donde ahí se creaban las medidas cautelares, ahí se investigaba el delito, ahí te divorciaban... Eso no funcionó nunca y no estaba previsto que funcionara con estos juzgados. Lo que nos plantea la duda de por qué el legislador en la ley estableció un estándar tan ambicioso y no proveyó de recursos. La mejor manera de que un proyecto fracase es no darle recursos. Ahí hay otra discusión que en algún momento vamos a tener que dar: ¿vamos a seguir insistiendo como país en estos juzgados de género multimateria? Bueno, si es así, hay que destinarle recursos. Un poquito no alcanza. Hoy pueden funcionar, pero solo como juzgados preventivos, no como los multimateria que habían sido previstos.

-¿Qué presupuesto tiene y cuánto más necesitaría para sentirse conforme?

-El presupuesto de la Fiscalía es de 36 millones de dólares por año, aproximadamente, de lo cual el 90% corresponde a salarios. Y después, por gastos de funcionamiento e inversiones tenemos 6 millones de pesos por año, la nada misma. Y en gastos de funcionamiento, el grueso es para pagar alquileres (más allá que hemos comprado varios edificios) y los suministros. Dentro de los suministros, el gasto más grande es Antel. Lo que pensamos gastar este año son 31 millones de pesos en Antel, y tenemos solo 9 para pagar. Entonces, o nos dan más plata, o nos bajan el costo o nos permiten reasignar recursos dentro del propio presupuesto de la Fiscalía.

Del 2015 a la fecha nosotros hemos tenido el mismo presupuesto. No nos aumentaron ni un peso. Nosotros fuimos refinanciando ese déficit con redistribución de recursos, porque así se nos dijo en el quinquenio anterior que debíamos hacer y cuando se nos terminaran los ahorros, ahí nos iban a dar más plata. Nunca llegó ese punto. Y ahora, que se suponía que llegaba ese momento, no solo no nos aumentaron en términos nominales (con lo cual hubiéramos seguido perdiendo), sino que nos bajaron 10 millones. La verdad es que deberíamos tener un presupuesto de gasto de funcionamiento e inversiones muy superior al que tenemos hoy. Pedimos 19% de incremento presupuestal, lo que nos parecía razonable, y no solo se nos dijo que no, sino que se nos recortó más el presupuesto que teníamos.

-Usted siempre dice que la Fiscalía tiene independencia técnica. Ahora, una vez sí y otra también, el Dr. Gustavo Salle, y también el ex fiscal Enrique Viana, sostienen que su jefe es el presidente de la República. ¿Es así?

-Jaja... Mire, la Fiscalía General de la Nación antes era una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Tenía una dependencia directa con el ministro de Educación y el presidente de la República. Estábamos dentro del Poder Ejecutivo y pertenecíamos al Ejecutivo. Con la descentralización cambia sustancialmente eso. Podemos elaborar nuestro propio presupuesto, por el mecanismo 220 de la Constitución. Cuando hay un recurso administrativo que presenta un funcionario o un particular contra una resolución del fiscal de Corte, el Poder Ejecutivo solo puede revisar la legalidad o no de esa decisión, pero no puede revisar la conveniencia.

La realidad es que en la parte técnica ni este presidente (Lacalle Pou), ni el anterior (Vázquez) ni el anterior (Mujica), nunca jamás un presidente de la República levantó el teléfono para impedir algo o decir algo. Y nunca jamás ningún ministro de Educación y Cultura (y también tuve tres: Ricardo Ehrlich, María Julia Muñoz y Pablo Da Silveira), nunca jamás uno de ellos levantó el teléfono para pedir nada. Y nunca el fiscal de Corte llamó a un fiscal para pedirle algo. Pedir informes, preguntar para saber, estar informado, eso sí, porque forma parte de las reglas de juego. Si mañana voy a un lugar donde sé que me van a preguntar por tal caso, antes le pregunto al fiscal: "Che, ¿en qué está esto?", pero nada más.

Los fiscales tienen independencia técnica y la Fiscalía la tiene. Lo que pasa es que la teoría conspirativa en Uruguay paga. Yo digo que Fulano es corrupto, y lo denuncio por corrupción. Como yo digo que es corrupto, es corrupto, y no admito pruebas en contrario. Y si después la Justicia lo absuelve, entonces la Justicia es corrupta por absolver a aquel que es corrupto. Cuando tú te erigís en el censor moral de la nación, y bueno, tenés un problema con el psicólogo.

-Será fiscal de Corte hasta el 16 de abril de 2022. Usted sabe que legisladores de Cabildo Abierto pedían su remoción inmediata. ¿Cómo le cayó?

-Como algo normal en un sistema democrático, donde los fiscales generales son independientes. Esto pasa en todos los países del mundo. Las relaciones de los fiscales generales con el sistema político son naturalmente tensas. Usted abre el diario hoy y se va a encontrar con que en Paraguay el partido Liberal Radical Auténtico le está pidiendo la renuncia a la fiscal general porque imputó al presidente del partido. Lee los diarios argentinos y se va a enterar que el gobierno está pidiendo la renuncia del procurador general interino. Hay relaciones naturalmente tensas, y si uno cumple con su obligación siempre, absolutamente siempre, va a dictar resoluciones que a alguien del sistema político no le va a gustar. Entonces, no me preocupó porque lo vi como parte de las reglas del juego, en el entendido de que en este sistema acusatorio el cargo del fiscal general, procurador general o fiscal de Corte pasó a tener una determinada trascendencia y responsabilidad que hace que sin querer uno esté en el medio del debate.

-A usted la inseguridad, la delincuencia, le asestó un golpe muy duro...

-El 14 de febrero se cumplen cinco años...

-...Ya sabe a qué me refiero, entonces. En febrero de 2016 su ex esposa y madre de algunas de sus hijas fue asesinada en un intento de rapiña en Malvín. ¿Cómo le afectó este episodio trágico en su trabajo cotidiano de impartir justicia?

-Yo estuve un mes o más de licencia con mis hijas. En ese mes redacté cinco o seis cartas de renuncia. La impotencia era muy grande. El dolor, la bronca, el no entender, el tratar de apoyar a mis hijas en ese momento... Yo quería sacarles el dolor, y no podía. Lo único que pude hacer fue estar. El retorno fue muy duro, fue muy duro (piensa)... Con apoyo, con mucho apoyo, y una enorme capacidad de resiliencia de mis hijas... con bronca, con dolor, pero sin odio, nosotros pudimos salir adelante. Y en la medida que podés salir adelante en lo personal, lo otro es mucho más fácil. Obviamente es un vacío gigantesco que está ahí y uno trata todos los días de llenar, pero tengo el orgullo de que mis hijas superaron o siguieron su vida adelante, y viven sin odio. Y sin miedo. Fue una prueba de fuego.

-No puede ser reelecto en el cargo. Pero si pudiera ser reelecto, ¿le gustaría seguir?

-No puedo y está bien que así sea. Seguir en el cargo no sería bueno, ni para mí, ni para la institución. El mandato de 10 años es muy largo, yo creo que hay que acortarlo. En estas circunstancias, con este sistema, es muy desgastante; yo creo que debería ser más corto. Y por lo tanto, después de 10 años, una reelección sería un disparate. No sería bueno para mí ni para la institución. Es necesario el recambio. Además, tengo claro que: "A rey muerto, rey puesto". El día que uno se va, se va, y la institucionalidad sigue.

"En febrero de 2016 redacté cinco o seis cartas de renuncia. La impotencia era muy grande. El dolor, la bronca, el no entender, el tratar de apoyar a mis hijas en ese momento… Yo quería sacarles el dolor, y no podía. Lo único que pude hacer fue estar”

-Cuando se retire, ¿va a ejercer la abogacía?

-Sí. Soy abogado, no tengo una fortuna personal que me permita vivir sin trabajar, y además es una asignatura pendiente, porque ejercí muy poco. Pero veremos, falta todavía.

-Tiene cuatro hijas mujeres. ¿Alguna sigue el camino judicial?

-No. Mi hija más grande, Agustina (22), estudia ingeniería eléctrica, y es música. Julieta (18) estudia psicopedagogía, y las chicas son muy chicas, tienen 5 (Federica) y 2 años (Guillermina).

-¿Le gustaría que Federica o Guillermina siguieran su carrera?

-Lo que me gustaría es que vivan dignamente de hacer lo que les gusta. Cuando mis hijas adolescentes tenían dudas respecto a su vocación, les dije: "Nunca estudies algo que no te guste, porque después, aunque ganes plata, vas a hacer todos los días algo que no te gusta". Entonces, que hagan lo que les gusta.

-¿Es feliz?

-Yo creo que tenemos la obligación los seres humanos de intentar ser felices. Hace poco leía un libro de (Carlos) Castaneda, y también lo cita (Gabriel) Rolón en El Duelo, que hablaba de "tener a la muerte como consejera". ¿Qué significa eso? Don Juan decía que la Muerte siempre caminaba detrás nuestro, a cinco centímetros exactamente, y que si algún día volteábamos rápido, la podíamos ver. Y tener a la muerte como consejera, explica Rolón, es saber que nos vamos a morir. Es: "hacete cargo. El tiempo que pierdas en no hacer las cosas que tenés que hacer hoy, no lo vas a hacer después, porque algún día te vas a morir". Tener a la muerte de consejera es: "tomá el control de tu vida, hacé lo que tengas ganas de hacer, lo que te enamore, que te dé adrenalina". Si no, no vale la pena.