Diálogo social: Pit-Cnt plantea puntos clave de plebiscito pero empresarios lo ven laudado

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), anunciaron el pasado martes la creación de una Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. “Es lo que anunciamos en campaña de diálogo social”, explicó el mandatario.

Durante la campaña, se aludió a la creación de un espacio de “diálogo social” para discutir las modificaciones propuestas por el Frente Amplio al sistema previsional.

Dado que la nueva instancia “tendrá el rol de asesorar al Poder Ejecutivo y coordinar el diálogo social para la reforma del sistema” —de acuerdo con un comunicado en la web de la OPP—, ¿en qué consiste y cuáles son las posiciones de los principales actores?

El detalle

Según explicó Arim en conferencia de prensa, la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social operará en la órbita de la OPP. Estará compuesta por esta oficina, los ministerios de Salud Pública (MSP), Desarrollo Social (Mides), Trabajo (MTSS) y Economía (MEF), así como también por el Banco de Previsión Social (BPS).

En tanto, se prevé que se forme un plenario “donde van a estar representadas otras entidades del Estado y también actores sociales”, indicó el director de la OPP, en referencia al Pit-Cnt, las cámaras empresariales y la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

“El objetivo del gobierno es instalar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción a la muerte”, manifestó Arim. Esto implica rediscutirlo desde una perspectiva integral”, pero manteniendo también la sustentabilidad fiscal. En este marco, la edad de jubilación “será un componente que estará dentro del espacio de discusión”, apuntó el exrector de la Universidad de la República. En tal sentido, aseguró que “tiene que haber un cierto grado de flexibilización” en los mecanismos de jubilación, “pero a la misma vez mantener el supuesto básico de que, en la medida de que la esperanza de vida va aumentando, es también importante generar los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral”, subrayó Arim.

La visión de la central sindical

Para el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, la instalación de esta comisión “es auspiciosa”.

En diálogo con Montevideo Portal, Abdala señaló que a la central sindical le interesa la periodicidad de las reuniones del plenario, su método de trabajo y “de qué manera se pueda desarrollar un proceso integral”. “Por tanto, las baterías nuestras van a estar cargadas […] en cómo interactúa el Poder Ejecutivo con la sociedad”, ya que, “si no, no hay diálogo social”, enfatizó.

Consultado respecto a qué planteos llevarán los trabajadores a este diálogo social, Abdala mencionó que el Congreso del Pit-Cnt elaboró resoluciones “para una transformación integral” de la seguridad social.   

El movimiento obrero confirmó esas resoluciones “hasta el riesgo de caer en lo excesivamente insistente” en las tres “medidas cautelares” presentadas como propuestas en el plebiscito votado el año pasado, que no alcanzó los apoyos necesarios. Las modificaciones promovidas principalmente por el Pit-Cnt, fueron rechazas en las urnas, ya que la iniciativa obtuvo cerca de un 40% de votos a favor.   

Según remarcó Abdala, los planteos son: que el proceso de elevar la edad de jubilarse “al barrer” a 60 años fue “expropiatorio de la vida de los trabajadores”, por lo que pretenden disminuirlo; que “queda mucho por hacer” en materia de “mejorar las insuficiencias” de las prestaciones y, en particular, de “avanzar en jubilaciones adecuadas y elevar de manera sustantiva” la jubilación mínima; y, por último, desde el PIT-CNT “no comparten el lucro financiero” del sistema de seguridad social.

Estas medidas “tienen que aggiornarse a un proceso de posiciones consensuadas en el diálogo social”, argumentó Abdala, pero enfatizó en que los trabajadores van a “insistir” en estos puntos.

“El punto de arranque de cualquier conversación en este plano para nosotros es el siguiente: […] una discusión integral no puede desarrollarse en un país rico como el nuestro si no cambian de manera sustantiva los términos de cómo se financia la protección social, porque la manera en la cual se financia hoy no solamente es ineficiente, sino absolutamente arbitraria e injusta”, apuntó el presidente del Pit-Cnt.

De tal forma, concluyó en que, si el objetivo del gobierno es “barajar y dar de nuevo” para “construir la seguridad social del siglo XXI”, entonces el “punto cero” de esa discusión debe ser un cambio en la financiación.

El empresariado

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) considera que este tema “ya está laudado”.

“Hubo una ley aprobada hace menos de dos años, un plebiscito que cuestionó todo el sistema de jubilaciones del país y la población lo rechazó en el entorno de 60%. Entonces, nos parece que esa parte de la materia de diálogo social ya debería estar laudado, lo entendemos así y esa va a ser nuestra posición”, manifestó en conversación con Montevideo Portal.

De esta manera, opinó que el voto del plebiscito “es una voluntad que hay que atender y respetar”. “Tampoco nos parece razonable estar modificando un régimen de la trascendencia del régimen previsional a cada rato”, acotó, aunque sí reconoció que la normativa no está “escrita en piedra”.

“No quiere decir que nunca se vaya a modificar, pero no nos parece oportuno, prudente ni conveniente [hacerlo] inmediatamente después del pronunciamiento popular, que fue bastante contundente”, aseveró.

Más allá de este punto, el empresario indicó que la convocatoria del gobierno es “positiva en la medida que es amplia y general”.

Finalmente, consultado respecto a qué propuestas llevará la gremial empresarial a la convocatoria de diálogo, O’Neill no adelantó ninguna iniciativa en concreto. “Todavía no hay una agenda definida. […] Una vez que tengamos la agenda lo discutiremos y veremos las propuestas a llevar, pero por el momento no tenemos una definición”, apuntó.

¿Cómo sigue ahora?

El Ejecutivo estableció un plazo máximo de 30 días desde su instalación para que la comisión presente “un documento con la estructura y ejes temáticos” del diálogo social.

Los resultados y propuestas finales serán elevados al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril de 2026, con posibilidad de una prórroga de hasta 45 días, indica la OPP.

“Con esta iniciativa, el gobierno busca generar un espacio de articulación interinstitucional que permita impulsar cambios en el modelo de protección social del país, asegurando la participación de actores relevantes y la construcción de acuerdos sólidos en la materia”, finalizó el gobierno en su comunicado.