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El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, compareció este viernes ante la Junta Departamental, que lo citó para que explicara la adquisición de 70.000 luces LED destinadas al alumbrado público de la capital.
El llamado surgió por iniciativa de los ediles opositores, nucleados en el Partido de la Concertación (como se presentaron en la anterior elección los partidos Nacional y Colorado y el candidato Edgardo Novick), pero también los ediles frenteamplistas votaron para que Di Candia fuera a la Junta Departamental a explicar el proceso de adjudicación de la licitación.
El proceso licitatorio se inició en 2016, según se detalla en la web de la Intendencia de Montevideo (IM). En una primera instancia la licitación resultó "desierta" porque "de las nueve empresas que se presentaron en esa oportunidad, ninguna cumplía satisfactoriamente con los requisitos solicitados".
"Ante esta situación, la Intendencia mejoró los pliegos licitatorios valorando las dificultades que habían tenido las empresas", indica la información de la página. En esta segunda oportunidad también se presentaron nueve empresas. Durante el proceso se encontraron irregularidades en una empresa, por lo que otra vez se declaró desierta la licitación.
Posteriormente, el proceso volvió a iniciarse. Esta vez se presentaron siete empresas. Pero esta vez se optó por continuar el proceso mediante un mecanismo establecido en el TOCAF. "En su artículo 33 (literal C, numeral 2), el TOCAF indica que cuando un llamado se declara desierto, se puede realizar uno nuevo. Esto no implica tener que modificar el pliego pero sí convocar a competir a todos los proveedores que se presentaron en el llamado anterior -declarado desierto- además de otros a quienes se estime conveniente", señala la información de la IM.
La adjudicación finalmente se otorgó a la empresa Prodie, que había sido denunciada en la primera licitación por Habilis, otra de las empresas competidoras y sobre la cual la IM detectó diversas irregularidades en más de un llamado.
Tras la presentación y estudio de todas las ofertas, y ante los recursos pendientes de la empresa denunciada ante la Justicia por la comuna, Habilis, "la IM solicitó la opinión jurídica externa, que estuvo a cargo del Estudio Jurídico Delpiazzo".
"El informe firmado por el Dr. Carlos Delpiazzo dictaminó que la Intendencia actuó conforme a derecho y que no existió irregularidad alguna en lo realizado. Se envió este informe y una consulta vinculante al Tribunal de Cuentas, que se expidió al respecto explicando que debido a que el procedimiento no había culminado aún, no se podía expedir al respecto. Ante esto, la IM, con el aval de su División Asesoría Jurídica y el informe del Dr. Delpiazzo, y además sin un informe negativo del Tribunal de Cuentas, decidió continuar con el procedimiento competitivo", señala la información oficial.
La adjudicación fue para Prodie por 21.432.053 dólares, la oferta más económica que llegó en los tres llamados.
Su palabra
El intendente escribió en su cuenta de Twitter que con este cuestionamiento a la IM "se está poniendo sobre la mesa la legitimidad misma de la institucionalidad, la credibilidad democrática y lo que es peor, se pretende socavar la transparencia y el comportamiento ético de decenas de funcionarios, asesores y consultores".
"Como institución responsable seguimos el camino licitatorio, donde las dificultades que existieron siempre se desprendieron de las empresas, llevando a que los dos procesos iniciales fueran descartados, como resultado el proceso final estuvo amparado en otra figura jurídica", afirmó en referencia al TOCAF.
Di Candia consideró que los cuestionamientos a la IM "son producto de diferendos empresariales, no sobre la forma en que actúa la IM en un proceso de compra reglado".
"Esta adjudicación representa un gran avance para Montevideo, para la seguridad de vecinos y vecinas, así como para el disfrute de una ciudad que cada día queremos que sea mejor para todas y todos", concluyó Di Candia.
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