Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, estudiantes de psicología e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), fueron acribilladas por militares y policías en la madrugada del 21 de abril de 1974 en el barrio Brazo Oriental de Montevideo. Cuarenta y nueve años después, el Poder Ejecutivo prepara un acto de reconocimiento de su responsabilidad en los crímenes de las llamadas “muchachas de abril”, para cumplir de esta manera con una sentencia del año 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De todas maneras, la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou en el evento generó el reclamo de familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

La CIDH condenó al Estado uruguayo a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en el que deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas. Sin embargo, en las reuniones preparatorias de este acto, los representantes del gobierno informaron a los familiares de las “muchachas de abril” que Lacalle Pou no participará, ante lo que expresaron su queja en una carta pública.

“Hace 49 años que las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, aguardan respuesta del Poder Judicial para que J.M. Rebollo, único sobreviviente de estos crímenes, sea finalmente condenado. Casi el mismo tiempo que no sabemos qué pasó con Luis E. González y Oscar Tassino detenidos desparecidos en nuestro país. en 1974 y1977. Hace 49 años que vivimos sin verdad y sin justicia”, expresa la carta firmada por peticionarios y víctimas de la sentencia Maidanik y otros vs. Uruguay - Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).

Los firmantes agregan: “Al día de hoy, fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones el procesamiento de JM Rebollo (único sobreviviente de estos crímenes ya que Gavazzo y Klastornick fallecieron antes de ser procesados) y su responsabilidad en el homicidio de Diana, Silvia, y Laura, y del funcionario militar y policial que estaban en esa noche aciaga. También fueron procesados y confirmado los procesamientos por Tribunal de Apelaciones de Silveira, Ramas y Ferro en el caso de la desaparición de Oscar. Pero no es suficiente”.

Entonces, repasan los pasos legales que siguieron en su reclamo de justicia: “El proceso que iniciamos ante la CIDH comenzó en el año 2007, como única posibilidad para que nuestras denuncias fueran escuchadas, ya que la ley de caducidad impedía su tratamiento dentro del territorio nacional. En diciembre de 2021, el proceso iniciado en el ámbito internacional culminó con una sentencia de la CIDH que declara, sin ningún tipo de dudas, la responsabilidad del Estado uruguayo por la impunidad de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar ante la falta de investigación y juzgamiento debido, una vez recuperada la democracia y hasta la fecha de la sentencia. Esta es la segunda sentencia en contra del Estado uruguayo por esta temática y dictada por el mismo Tribunal 10 años después del Caso Gelman”.

“En esta oportunidad, la CIDH otorgó al estado el plazo de un año para la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional que le cabe por haber incumplido el deber de investigar y por la inobservancia de un plazo razonable en el juzgamiento de dichos crímenes. Cabe señalar que Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer. Y es por esto que, ante los hechos denunciados, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado por incumplir con los deberes que estos instrumentos jurídicos le imponen y a los que Uruguay se sometió oportunamente de manera voluntaria en ejercicio de su soberanía”, agregan en la carta.

Recuerdan luego que “la CIDH dispuso una serie de medidas, entre las cuales” consideran “de fundamental importancia la presentación de un plan de búsqueda de los detenidos Oscar Tassino y Luis Eduardo González; el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada y su formación en Perspectiva de Género; la formación en Derechos Humanos en forma transversal durante toda la carrera en las Fuerzas Armadas”. De todas maneras, advierten que “a más de un año del dictado de la sentencia, ninguno de estos aspectos ha tenido avances”.

Acto incompleto

Los deudos plantean que “para la realización del acto, la Corte especificó que deben estar presentes las más altas autoridades de los tres Poderes del Estado, de la Fiscalía Especializada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de las Fuerzas Armadas” y que, además, “según la sentencia, la realización del acto debe coordinarse en conjunto con los familiares”.

“Las reuniones para acordar las características del acto comenzaron recién este año y, hasta la fecha, se celebraron tres con los representantes del Estado en Cancillería: el 6 de febrero, 10 y 21 de abril de 2023. Desde el inicio presentamos las cuestiones que entendíamos centrales para que este acto significara una verdadera instancia de reparación, como debe serlo de acuerdo a la Corte Interamericana. Cedimos en prácticamente todos los aspectos señalados, incluso aquel que indicaba la necesidad de realizar el acto en un espacio abierto para que todo quien quisiera pudiera asistir. Sin embargo, insistimos en la importancia de contar la presencia y encabezamiento del presidente de la República”, alertan.

Sin embargo, “en la última reunión, los representantes del Estado (…) informaron que el presidente de la República no participaría del acto”, por lo que, ante esta comunicación, los peticionarios solicitan que “por favor se revea esta decisión para la cual en ningún momento” se les brindó “una justificación”.

“Una semana después, el Estado nos comunicó por correo electrónico la fecha que fijaron para el acto y que sería la vicepresidenta [Beatriz Argimón] quien lo presidirá, sin referencia alguna a nuestro pedido. Asimismo, ayer tomamos conocimiento de que el Poder Ejecutivo informó a la prensa, sin todavía haber recibido el Estado una respuesta de nuestra parte, aspectos del acto no acordados con nosotros, a pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana establece lo contrario”, expresan en la carta a la que accedió Montevideo Portal.

“Sin desmerecer en absoluto a la vicepresidenta, la entidad de la figura del presidente no necesita demasiadas aclaraciones. Se trata de un funcionario del Poder Ejecutivo de la más alta jerarquía institucional que fue electo democráticamente y que debe actuar y ejercer sus funciones en beneficio de la sociedad toda, sin importar colores o banderas políticas. Pero, además, y al margen del valor simbólico de su presencia, es él y no otro quien se encuentra en condiciones de enviar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas insistiendo en la necesidad de que quien tenga información para resolver la situación de incumplimiento internacional en la que se encuentra nuestro país, la entregue”, consideran.

“La posición actual del Estado uruguayo nos entristece profundamente. Hasta la fecha no contamos con una razón que explique la negativa de nuestro presidente de participar en un acto de estas características ordenado por un tribunal internacional, a pesar de que su agenda incluye la presencia en diversos y variados eventos en todo el país”, expresan, y agregan: “Nuestro pedido no responde a un capricho. A efectos de dar cumplimiento a lo que la sentencia de la CIDH dispone es preciso que el presidente se dirija a toda la sociedad y en especial a las Fuerzas Armadas, indicando la necesidad de que todas aquellas personas que tengan información al respecto de nuestros desaparecidos, la aporten por las vías pertinentes a la Institución Nacional de Derechos Humanos que es quien tiene a su cargo su búsqueda”.

En definitiva, los familiares de las víctimas fatales consideran que “por su investidura, es él y no otro la autoridad apropiada para conducir al Estado en el cumplimiento de una sentencia internacional”.

“Es por esto que esperamos la respuesta del señor presidente. Su palabra es fundamental para nosotros como familiares víctimas de la actitud omisa del Estado, pero también para la sociedad uruguaya toda. Nada puede construirse a partir de la negación, el ocultamiento y el olvido de los crímenes y las aberraciones que hemos sufrido como país y que hasta ahora se mantienen impunes”, concluyen.