Desolación, puestos a la venta, riesgo de juicios y baja capacidad económica en la UAM

A eso de las cuatro de la mañana, cuando los camiones con mercadería ya ingresaron a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y se prepara el ambiente para la llegada de los compradores, Daniel Macció se toma unos minutos para recorrer los galpones del parque agroalimentario. El paisaje es desolador. Da un vistazo entre los locales cerrados y los puestos vacíos, y confirma que no es el único al que la mudanza al nuevo parque agroalimentario no favoreció.

“Fue perjudicial para todo el mundo. Todos te lo dicen”, reafirma quien fuera productor durante muchos años y ahora se dedica principalmente a vender mercadería de Salto. Trabaja en la nave E, “donde más se rema”, en sus palabras, y de donde “mucha gente se ha ido”. “Me animo a decir que hoy en la UAM hay más de 40 puestos grandes a la venta”, estima.

El fruticultor Atilio Quercini comparte imágenes de la soledad que reina a las 6:20 de la mañana de un jueves gélido. Él opera en la nave B, la que más flujo suele tener y donde al comienzo había que cuidarse de que los carros no pecharan a los peatones. Pero ese día se ven cuatro, cinco, seis personas. Los cajones rebosantes de manzanas, zanahorias y tomates esperan por alguien que seguramente no llegará. A esa hora debería haber un pico de actividad, y sin embargo, “no hay un alma”, lamenta.

Quercini se da una vuelta por la nave polivalente, donde se ofrecen servicios de distinto tipo, desde financieros hasta gastronómicos. Una persona se toma un café y cuatro hombres conversan de pie en el corredor. Los comercios que no están con la cortina baja, lucen vacíos.

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Para Javier Martínez, de Jumecal, la UAM “anduvo los dos primeros meses por la novelería, como un shopping nuevo, pero después la gente se fue aburriendo”. Los factores de esa suerte de hastío son varios: los costos de entrar, los costos de estar, los costos de operar, la distancia que para ciertos compradores ha oficiado de desestímulo, la proliferación del e-commerce, y todo eso en un contexto de crisis que la granja advierte como de las peores en décadas.

“Estamos todos lamentándonos por lo triste que está esto. Cada noche nos lamentamos un poco más”, cuenta Martínez, que opera en la nave B y calcula que desde que está en la UAM pasó a vender la mitad. Otros productores coinciden en esa estimación. Comparten entre ellos su desazón y se preguntan por soluciones. “Varios han cerrado, y todos por lo mismo: estamos poniendo plata de nuestros bolsillos”, dice.

Nadie discute que la infraestructura y la seguridad que les trajo la UAM es un abismo frente al viejo Mercado Modelo. Pero, aún sorprendidos por lo poco que duró la dicha en el esperado gigante al costado de ruta 5, algunos miran con nostalgia los tiempos en el desprestigiado predio de Villa Española. Dice Martínez: “En el Modelo pasamos inviernos malos, pero siempre subsistimos”.

Macció, considerado uno de los operadores “grandes” de la UAM, ya no ve una salida. “Calculo que a fin de año cierro. Los gastos, los metros, la desigualdad en algunos beneficios, los problemas con los empleados -que tengo tres, pero que si trabajaran como deberían, con dos o uno capaz me arreglo. Estoy levantándome a las dos de la mañana, haciendo un sacrificio para estar perdiendo plata…”, describe, para finalmente rematar con lo evidente: “Es insostenible”.

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Inseguridad jurídica y posibles demandas

En los últimos días, distintos actores del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente, unieron la palabra UAM con “preocupación”.

No es casualidad. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) al que accedió Montevideo Portal, que ya se anticipaba severo, se publicó este martes con un diagnóstico de varios “riesgos altos” en varios rubros. De la evaluación de la institución surgen “limitaciones para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones” que se fundamentan principalmente en dos problemas, dice la AIN: “falta de seguridad jurídica” e “insuficiencia de la capacidad económica para asegurar en tiempo y forma el cumplimiento de sus obligaciones financieras”.

“Las limitaciones mencionadas exponen a la institución a riesgos de carácter legal, financiero y operacional, que de concretarse podrían dar a lugar a: reclamos judiciales, sobrecostos financieros, inadecuada toma de decisiones, pudiendo inclusive llegar a afectar la continuidad del negocio”, plantea el informe.

Aunque la UAM tiene a su favor que está en sus “primeras etapas de funcionamiento y por ende en la definición de sus procesos y procedimientos”, la AIN advierte la necesidad de tomar medidas para mitigar los riesgos detectados.

Uno de los hallazgos es un “riesgo alto” en relación con las atribuciones de la institución, que ejerce desde octubre de 2020 “sin contar con un régimen jurídico que le permita disponer de los predios en los cuales se asienta su operativa”, lo cual “determina falta de seguridad jurídica” respecto de los contratos firmados.

Sobre esto habló la directora Adriana Zumarán, representante del Poder Ejecutivo, que el lunes se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y con autoridades del Ministerio de Ganadería en Torre Ejecutiva. “La UAM, todo el proyecto, era sobre la base de que los terrenos fueran propiedad de la UAM. Eso lo que garantiza es la autonomía en la gestión. En determinado momento se fue hacia atrás: terrenos que parcialmente empezaban a ser propiedad de la UAM volvieron a la intendencia. A partir de eso, lo que se genera con los contratos que hacemos con los operadores es una inseguridad jurídica”.

Zumarán explicó que la Intendencia de Montevideo plantea ceder los padrones en comodato por 25 años, y con una cláusula que implica que la gobernanza no cambie durante todo ese tiempo. “Condiciona la propiedad de los terrenos y de todo lo que hay arriba de la UAM a factores de índole política”, dijo la jerarca en declaraciones recogidas por Telemundo.

El informe de la AIN estima que un 35% de los contratos celebrados por la UAM referidos al uso de los padrones padecen de esta “falta de seguridad jurídica”.

La AIN coincide en su informe con la postura de Zumarán respecto al proyecto de comodato redactado por la intendencia, y agrega respecto a la cláusula: “Condiciona la existencia del negocio a situaciones ajenas a la voluntad de la UAM y no controlables por esta”. También entiende que “se vulnera la autonomía” de la unidad agroalimentaria porque limita su capacidad de promover acciones.

La situación expone al organismo a varios riesgos, según la AIN: “Reclamos judiciales realizados a la UAM por parte de los operadores, por la concesión de espacios sobre los cuales no posee derecho habilitante para la firma de los contratos”; “que los recursos destinados al Parque Agroalimentario se destinen a fines distintos a los previstos”; “que la UAM no cuente con los recursos provenientes de los contratos de uso de concesión”; “falta de continuidad del negocio”; “que se adopten decisiones que no representen los intereses de la persona pública no estatal”; y un “cumplimiento ineficiente o ineficaz de los cometidos por parte de la UAM”.

La AIN, que depende del Ministerio de Economía, recomienda “otorgar a la UAM derechos respecto de los predios donde se asienta su actividad, por el plazo de la vida útil del proyecto a efectos de poder cumplir con sus cometidos” y que “se reconozcan por parte de la IMM los actos celebrados por la UAM, por el período en el cual esta no cuenta con un régimen jurídico habilitante para administrar los predios”.

En el gobierno entienden que la situación reedita la puja con la intendencia, que tuvo su punto más álgido en 2020 antes de la inauguración del nuevo parque, y ya vislumbran una nueva batalla política en torno a la UAM porque es posible que el conflicto deba dirimirse en el Parlamento.

El presidente Luis Lacalle Pou, que el domingo pasado participó de la 91ª Asamblea Anual de la Sociedad Fomento y Defensa Agraria Rincón del Cerro, hizo una breve mención al asunto y, sin explayarse, dio algunas pistas de la negociación que se viene con la intendencia. “No voy a hablar de la UAM. Estamos embarcados. Ahora hay una incertidumbre económica enorme y hay algunos temas que nos preocupan por encima de lo económico; o sea, nos preocupa por temas legales y vamos en estos tiempos a avanzar”, dijo.

El presidente de la UAM, Daniel Garín (Frente Amplio, MPP), prefirió no hacer comentarios para este informe. “Mi expresión deberá aguardar hasta que el directorio de la UAM trate el tema, lo cual ya está previsto para el martes próximo, desde hace varios días”, señaló.

Lacalle en la Asamblea Anual de la Sociedad Fomento y Defensa Agraria Rincón del Cerro / Presidencia

Dudas, deudas, y la esperanza de la refinanciación

El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, resumió el panorama del sector granjero durante la actividad del domingo en Paso de la Arena. Habló de “enormes dificultades” que se arrastran y se han agudizado; se refirió a la caída de la demanda, al aumento de la oferta y a la consecuente depresión de los precios de la mayoría de los productos, con un nivel de ventas actual que “no es normal”.

Y específicamente sobre la UAM, comentó: “Tenemos otro desafío que no sabemos a ciencia cierta qué suerte podemos tener, con la gran expectativa que fue la creación de la UAM. Tenemos muchas dudas sobre su funcionamiento. Hay preocupación porque se aproximan las fechas de vencimientos con el BROU en el endeudamiento asumido, y no sabemos si el plan de negocios actual es el correcto, si es factible o si tenemos que modificarlo para poder acomodar el carro”.

Como la demanda está “enrarecida”, dijo Mattos, no se pueden sacar “conclusiones a la ligera”. “Pero sí debemos tener toda la información necesaria para hacer el análisis correspondiente y poder juntos, Poder Ejecutivo e IMM, llevar adelante un plan de negocios viable, y que le dé respuesta al sector productivo acorde a las expectativas que se generaron en el momento de su creación. Entonces, esto es un motivo de preocupación y tenemos que trabajar mucho”, redondeó el ministro ante los productores.

Remo di Leonardi, representante del gremio de los productores de la UAM (Aprocuam) en el directorio de la Unidad Agroalimentaria, escuchó las palabras de las autoridades. Para él, lo que se dijo ese día “no es nada nuevo” y, de hecho, lo vienen advirtiendo.

“El diagnóstico de la granja es serio. Lo que está pasando es de lo peor desde el 99. Ha habido un notorio descenso del consumo desde fines de 2021. No hay rentabilidad. Los precios están muy deprimidos salvo para algunos por factores climáticos”, plantea. Con las ventas menguadas, los costos altos y los precios bajos, la situación es “crítica”, sostiene Di Leonardi.

En este escenario, “el cambio en el sistema de comercialización en plena pandemia, del Mercado Modelo a la UAM, es -más allá de las mejoras- un factor” que incide, entiende el delegado de los productores.

En los meses previos a la mudanza a la UAM, muchos operadores se endeudaron para instalarse allí. Algunos aceptaron préstamos para adquirir sus locales, pero también para dejarlos “de primer mundo”, ironizan hoy los productores decepcionados. La expectativa era que aumentarían los compradores y eso, según las cifras, ocurrió al comienzo y luego se desinfló.

Además, el Banco República estableció para sus líneas de crédito dirigidas a los operadores de la UAM un plazo de gracia para empezar a pagar. Hasta fines de 2022 deberían pagar solo los intereses, y a partir del año que viene empezar a afrontar las cuotas en sí.

El subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, estimó este martes en diálogo con Punto de Encuentro (970 Universal) que entre los productores de la UAM hay una morosidad de entre 6 y 4 millones de pesos.

Sobre la situación económica también se pronuncia la Auditoría Interna de la Nación, que en base al análisis de lo proyectado, y a las cifras de ingresos y egresos reales, advierte en su informe: “La UAM no cuenta con capacidad económica suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras en los plazos acordados”.

El informe aclara que el organismo “está trabajando con algunas estrategias comerciales para revertir esta situación y alcanzar la sustentabilidad financiera”, pero también que las proyecciones de la gerencia “contemplan una ocupación casi a pleno en las áreas de mayor recaudación”.

Ante esto, la AIN advierte un “riesgo alto” de “asumir sobrecostos por el incumplimiento de las obligaciones financieras”, enfrentar “reclamos judiciales” y que se produzca un “deterioro de los servicios prestados a los operadores”.

Y entre las recomendaciones que realiza, aparece “evaluar el criterio de fijación de tarifas y sus correspondientes descuentos a efectos de compatibilizar los intereses de la UAM y de los operadores”, así como analizar también la refinanciación de la deuda.

Di Leonardi asegura que “la solución no es contable, sino política” y no quiere entrar en esas consideraciones. Se limita a comentar que en el directorio de la UAM se han analizado distintas medidas, entre las que podría haber una rebaja de las tarifas o un acuerdo para reestructurar los planes de negocio. “Pasa por ahí; no hay demasiados márgenes”, dice.

Los productores consultados para este informe, en tanto, tienen pavor de que se les aumenten los costos: “No aguantamos un tarifazo”, aseguran.