Montevideo Portal
Este miércoles, la agenda política, sobre todo a través de Twitter, amaneció con críticas al Ministerio del Interior por, supuestamente, rescindir el contrato de comodato del local donde funcionan la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y la organización Mujeres de Negro.
La historia de cómo el edificio llegó a albergar a los abogados de la Udelar se remonta a 2014. El ministro del Interior de ese entonces, Eduardo Bonomi, ordenó al exdirector de la Secretaría General Charles Carrera que dirigiera las negociaciones con la Universidad para firmar un convenio y que encontrara un edificio para que los defensores tuvieran un lugar para atender a las víctimas.
Tras la búsqueda, el ministerio detectó que sobre las calles General Flores y Domingo Aramburú había un local abandonado que pertenecía al Banco de Previsión Social (BPS).
Carrera explicó a Montevideo Portal que se eligió esa edificación porque estaba cerca del centro de Montevideo y había buen flujo de transporte público, dado que muchas víctimas llegaban de zonas aledañas de la capital nacional. Debido al abandono, una cuadrilla de presos dejó en condiciones el edificio.
Tras la negociación con el BPS, se acordó firmar un contrato de comodato a través del que el banco se comprometió a mantener el lugar y el consultorio debía asumir los gastos, como las tarifas de Antel, UTE y OSE.
El abogado a cargo del consultorio penal de la Facultad de Derecho de Udelar, Juan Raúl Williman, contó en entrevista con Primera mañana (El Espectador) que en 2017 Asfavide “golpeó las puertas de Udelar y del Ministerio del Interior pidiendo asistencia gratuita, derecho fundamental de las víctimas”.
Hasta ese año, en el mismo edificio funcionó también el Centro de Atención a la Víctimas del Delito (Cavid), pero debido al cambio de Código del Proceso Penal (CPP) se creó la Unidad de Víctimas de Fiscalía y esa organización se mudó. Asfavide fue fundada por la legisladora suplente del Frente Amplio Graciela Barrera, luego del asesinato de su hijo, Alejandro Novo.
Precisamente, el nuevo código implementó una norma que habilita a las organizaciones no gubernamentales a colaborar con los abogados para asistir penalmente a las víctimas. Así fue que Asfavide selló un convenio con el consultorio de la Udelar y el Ministerio del Interior para trabajar en conjunto.
Versiones encontradas en el BPS
El expresidente del BPS Ernesto Murro dijo a Montevideo Portal que el Ministerio del Interior no tenía que ver en el contrato de comodato celebrado con las organizaciones, porque fue realizado durante su gestión con las dos organizaciones.
Sin embargo, fuentes de la actual administración del BPS aseguraron que para ellos es “un tema que no está en la agenda”. De esta manera, entienden que debe ser el ministerio el que debe comunicar a las organizaciones su permanencia en ese lugar o no.
En tanto, el director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que habló con el director Alfredo Cabrera y le aseguró que “no tiene absolutamente ningún inconveniente en renovar el contrato”.
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