Por Brian Majlin
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En las últimas horas el Mides comunicó públicamente que había realizado una denuncia en Fiscalía en la que habrían dejado “pruebas contundentes” de “hechos de apariencia delictiva” de miembros de la Coordinadora Popular Solidaria —que coordina ollas y merenderos desde hace más de dos años—. A la espera de conocer los detalles de la denuncia, la CPS mantuvo diálogos con abogados del Pit-Cnt para indagar en la trascendencia que podría tener la misma. “Con los datos publicados no sabemos qué pruebas pueden tener de la malversación de los insumos”, aseguró Pedro Rodríguez, vocero de la CPS a Montevideo Portal.
“¿Se creen que pusimos un almacén o se lo vendimos a un supermercado? —insistió el referente de las ollas populares—. Es lamentable lo que están diciendo y haciendo. Van a tener que inventar o agudizar para llevar algo a Fiscalía, porque con eso que tienen no van a poder hacer mucho. O qué van a decir: ¿que vendemos mercadería en las ferias? ¿Con qué pruebas?”.
Las palabras de Rodríguez se suman al comunicado que emitió la organización este jueves, en el que niega vínculos políticos y asegura que sufre “hostigamiento permanente” de parte del ministerio.
Desde el Mides confirmaron a este medio que las pruebas son suficientes para que la Justicia investigue y observe los delitos que se habrían configurado en relación a eventual venta de productos que eran destinados a reparto en ollas y merenderos. Consultados al respecto, desde la CPS descartaron esa idea: “¿Quiénes vendían?; ¿dónde vendían?; ¿hay pruebas de que vendían de la Coordinadora Popular y Solidaria? Porque acá hay muchos intermediarios que van y retiran de Uruguay Adelante. A ellos deberían auditar“.
Desde Uruguay Adelante, que entrega datos y realiza auditorías en forma periódica, evitaron involucrarse en las denuncias cruzadas. Consultados sobre la posibilidad de que se realizaran inventarios sobredimensionados por parte de la CPS para cubrir las necesidades, la organización negó tener conocimientos sobre el tema, pero reiteraron que con la entrega que hacían se cubrían las necesidades.
Rodríguez, de CPS, descartó eso de plano, y solo mencionó que aun sin tener el porcentaje concreto de cuánto cubren con la ayuda nacional, no es suficiente: “Es muy difícil evaluar qué porcentaje total aporta el Estado vía UA porque depende de cada merendero y de la porción que se sirva en cada lugar. Y nos quieren hacer culpables de algo que no somos porque nunca tuvimos acceso a eso. Las denuncias que tienen son por cuestiones puntuales que pudieron haber pasado, pero que no van más allá de eso. No hay ninguna persona perjudicada ni nadie que haya perjudicado al Estado. Con la miseria que nos daban, tuvimos que conseguir donaciones aparte y ayuda de la Intendencia de Montevideo para poder completar”.
Por último, calificó la denuncia como “una instrumentación mediática para tratar de eliminar a la CPS que es una organización popular” y descartó eventuales consecuencias porque “no hay nada que esconder ni hay ningún delito, porque no se recibe plata del Estado”.
El acuerdo con Redalco en un impasse
Por su parte, aún el Mides y Redalco no terminaron de cerrar el acuerdo que recompondrá la entrega de frutas y verduras por parte de la ONG a distintos servicios de alimentación alternativo que se ofrecen en la sociedad que, como informó este medio, están cortados tras la finalización del convenio que regía hasta hace unas semanas.
Desde las ollas populares no tienen noticias. En Redalco desistieron de hacer comentarios al respecto y fuentes del ministerio confirmaron que se está definiendo el modo de implementar la logística a través del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
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