Desde el FA señalan que “no hay garantías sanitarias” para presencialidad en educación

Las clases presenciales retornarán el 7 de junio en la educación primaria pública y privada de todo el país.

La decisión se tomó luego de conocerse la postura contraria de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), que hizo un relevamiento en varias escuelas donde se han detectado varios casos de coronavirus, cuarentenas o suspensión de clases por ambas razones.

En la tarde del miércoles, el presidente, Luis Lacalle Pou, recibió a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del covid-19, que incluye a integrantes de todos los partidos y donde tomó conocimiento de las propuestas del Frente Amplio, que apuntan a "una reducción máxima de la movilidad por 21 días". Además, los senadores del FA plantearon su preocupación sobre las condiciones sanitarias en las escuelas en el marco de la vuelta a la presencialidad.

En diálogo con Montevideo Portal, el senador José Carlos Mahía señaló que además de reducir la movilidad por tres semanas plantearon "la compensación social y económica para las personas a las cuales se les pide que tengan que quedarse en su casa y en tercer lugar un adelanto de inversiones públicas del año 2022 para activar el empleo una vez que esas tres semanas se hayan cumplido".

"Son medidas concretas que signifiquen algo distinto a lo que fracasó en abril y mayo, porque en esos meses el blindaje no dio efecto al igual que la apuesta solo a las vacunas. Era necesario tomar medidas que el gobierno no tuvo en cuenta", explicó el legislador.

Con respecto a la vuelta a la presencialidad en otros niveles, que fue informado este miércoles al mismo tiempo que los senadores se reunían con Lacalle, Mahía dijo que "conceptualmente uno cree en la presencialidad y lo imprescindible que es, pero esa resolución (del retorno de algunos niveles a clase presencial) se dio cuando estábamos en la reunión". "Yo le transmití (a Lacalle) que quería saber cuáles eran las medidas sanitarias que se estaban tomando y qué protocolos se estaban asumiendo para hacer eso posible", añadió.

Mahía comentó que le transmitió al presidente que "en febrero, en reunión con el Consejo Directivo Central de la ANEP, había 501 un salones de déficit para el comienzo de clases el 1 de marzo y quería saber si esas cosas estaban solucionadas". "Él no nos dio respuesta a eso y quedó en enviar posteriormente la información a la comisión", agregó.

El senador comentó que desde el FA creen que "habría que analizar la situación con mucha particularidad, porque presencialidad sí, pero con garantías sanitarias para los adolescentes, niños y trabajadores de la educación. Hoy no se visualizan esas garantías".

En esa línea se manifestó el senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, que entrevistado por 970 Noticias Primera Edición (Radio Universal) dijo que "si estamos planteando que en este escenario lo que debemos es reducir la movilidad es un contrasentido" la presencialidad en la educación en este contexto.

"En eso comparto lo que planteó en su momento el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en que, si hay que reducir la movilidad la escuela tiene que ser la última en cerrar y la primera en abrir, pero estamos planteando que hay que blindar junio y en este escenario no es demás conveniente", aseguró.