El Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió un comunicado este miércoles en el que le presentó al Frente Amplio (FA) una serie de medidas para “mejorar la vida de los uruguayos” y “mitigar” el impacto de la inflación en nuestro país. En el texto, el sector de la coalición de izquierdas entiende que en los últimos años y en particular de forma más acelerada en los últimos tiempos, los uruguayos “estamos viviendo un fuerte deterioro” del poder adquisitivo.

“La inflación, la carestía y los ajustes salariales por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) son una realidad en un país que hacía tiempo no sufría una crisis como la que se vive. Lo curioso de las crisis es que estas no son una novedad para nuestro país. De hecho, durante los quince años en que gobernó la izquierda, hubo que superar una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, como fue la crisis del 2008”, señala el texto.

“¿Se puede hacer algo desde el gobierno cuando existen problemas específicos que afectan la vida de las personas? ¿O es el mercado el que debe regularlo todo? En estas dos preguntas queda en evidencia lo que diferencia nuestra fuerza política del gobierno. El gobierno entiende que todo debe ser regulado por el mercado y que el Estado debe ser un actor secundario ante las coyunturas económicas”, agregaron.

En este sentido, el MPP señala que la “situación no da para más” y que las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo son “apenas parches” que pretenden “alivianar” un contexto como si fuera “coyuntural”, cuando en realidad entienden que “no es así”.  

En cuanto a las medidas, la fuerza política entiende que la principal es para “mejorar las condiciones de vida”, que tiene que ver con “recuperar la pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados”, verificada, según entienden, mediante la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación del sector y otorgar aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades.

“En particular, otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año, con ganancias extraordinarias debido al alto precio de su producción”, solicitaron.

Además, pidieron reducir el IVA en productos de la canasta básica, el supergás por un período no menor a seis meses con las siguientes características: conjunto amplio de bienes de la canasta básica, no solamente aquellos que tengan impacto en el IPC y el supergás; para compras realizadas con medios electrónicos de pago (tarjetas de débito, crédito, tarjetas Mides u otro instrumento del Mides), de esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia; y un mayor porcentaje de descuento de IVA en instrumentos de pago de Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como forma de focalizarlo en los más afectados por la suba de precios.

Asimismo, solicitaron ajustar mensualmente el monto de transferencias realizadas por el Mides, en todos sus instrumentos de acuerdo con el incremento del IPC; eliminar el IVA en el gasoil de todo el transporte y en la producción, con una posible ampliación a sectores que tienen devolución de IVA del gasoil; crear un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles, con cargo a Rentas Generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles. De esta forma no sería afectada la rentabilidad de Ancap ni la regla del Precio de Paridad de Importación (PPI).

“Retomar la contratación de una cobertura de precio de petróleo por parte de Ancap, dando continuidad a una política de gestión de riesgos. Este instrumento financiero consiste en un seguro que limita posibles pérdidas ante la suba del precio del petróleo en los mercados internacionales y de esta forma amortiguar la suba en el mercado interno de los combustibles”, asegura el texto.

Finalmente, proponen profundizar las medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera, con el objetivo de amortiguar las dificultades de competitividad que está sufriendo y que sufrirá con la apertura plena de fronteras; y lograr la sanción del proyecto de ley que tiene el objetivo de apoyar a los comercios de cercanía y los pequeños productores e industriales que están sufriendo competencia desleal con grandes superficies comerciales.

Por último, señalan que es importante mencionar que todas las medidas, dada la reducción significativa del déficit fiscal, “hay espacio fiscal suficiente” y, además, en el entendido de que serían medidas transitorias, “no afectaría el gasto estructural y permitiría aliviar el peso de la inflación a los hogares y en el Uruguay productivo”.

“Estas medidas con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación y de la pérdida de salario real, podrían complementarse con medidas de reactivación como: medidas de estimulo a la inversión, con un objetivo específico sobre las pequeñas y medianas empresas; y medidas de impulso a la infraestructura, incentivando la participación de pequeñas y medianas empresas en el rubro”, finaliza el comunicado.

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