El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU), formado por expertos independientes y honorarios elegidos por el Consejo de Derechos Humanos visitó Uruguay. El objetivo fue obtener información de “primera mano” sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas en el país, así como también analizar el marco institucional y legislativo vigente. En esta línea, buscó identificar los avances en materia de derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, y los obstáculos que aún permanecen.

Con el fin de cerrar la visita, este jueves 14 de julio se realizó una conferencia de prensa donde tres integrantes presentaron las observaciones preliminares de esta investigación que, más adelante, será presentada a través de un informe con recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta instancia, estuvieron presentes el presidente y relator de la comisión, Luciano Hazan, la vicepresidenta Aua Baldé y Gabriella Citroni.

Entre las conclusiones de la investigación apuntan que “hasta el momento no se ha hecho en el Uruguay un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad en relación con las desapariciones forzadas que ocurrieron, además de otras agresiones a derechos humanos, en el período entre 1968 y 1985”, dijo Hazan.

Por su parte, Citroni destacó que la sociedad uruguaya es una que “reconoce la importancia medular del tema de la desaparición forzada", “abraza el tema” y “tiene la necesidad de saber dónde están las personas desaparecidas”.

Sin embargo, mencionó que esta búsqueda “tiene que leerse” a través del “apremio que viven los familiares de las personas desaparecidas” y recordó: “han pasado cinco décadas”. Muchos de los “avances” han sido a raíz de la “lucha de los familiares y la sociedad civil”, por lo que, “es hora de que estas responsabilidades se asuman como una responsabilidad compartida: desde la más alta institución hasta la última”, apuntó la representante de la ONU.

Además, señaló que hay “temas fundamentales para avanzar” como “contar con más información”, tanto en lo humano como en lo testimonial, “hay que recogerla, trabajarla y analizarla ya”.

Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo dijo que, tras las entrevistas con víctimas e instituciones de desaparición forzada, han planteado a las autoridades del Estado que “de alguna manera todavía no se ha hecho suficiente”.

En este sentido, Hazan insistió en que la búsqueda “urgente” es el corazón del derecho de la verdad, pero que “no es todo el contenido”. El “conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones” implica también el derecho colectivo, así como también la “posibilidad de que se conozcan los resultados y la evolución de las investigaciones”. El contenido es “más amplio que la búsqueda de las personas desaparecidas”, aseveró.

En término de la búsqueda de personas desaparecidas, Hazan reconoció que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) recibió recursos humanos, financieros y tecnológicos, aunque “no siempre son o han sido suficientes en relación con la urgencia y el tamaño de la tarea que se debe emprender y el tiempo que las familias han esperado para tener respuestas”. Repitió: “La mayoría de las familias en Uruguay no han tenido respuesta en relación con el paradero de sus seres queridos”.

El presidente mencionó la “renovación” de los directores de la Inddhh, un proceso que recibió con “preocupación”. Sobre esta temática intercambiaron con parlamentarios de diferentes sectores políticos, aunque la sensación fue que es un “proceso que tiene el riesgo de verse politizado, esa politización pone a la institución en el riesgo de quedar integrada con personas que no cumplan con requisitos que, justamente el derecho internacional, requiere de transparencia, idoneidad, especialidad y especialización en derechos humanos”. 

Otra de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo transmitió fue “llevar adelante políticas integrales” que abarquen “conservación”, “análisis” y “divulgación de la información contenida en los archivos”. Si bien hay información que fue proporcionada a la Justicia, hizo hincapié en que “tiene que ser un trabajo más sistemático y no a requerimientos puntuales”.

En lo que implica a la Justicia, destacó la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, así como también la de una unidad dedicada al trabajo con las víctimas y testigos. Sin embargo, recalcó que estas medidas se pusieron en práctica dentro de “un marco legislativo deficiente” dentro de un país donde existió “una Ley de Amnistía por muchos años”. Por lo tanto, se ha mantenido durante muchos años un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas. 

En tanto, Hazan destacó el caso de las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual "mientras eran sometidas a desaparición forzada", un abuso que “estuvo completamente oculto” durante muchos años. Fueron 28 las mujeres que denunciaron estos hechos, “lejos de iniciarse procesos rápidos, respetuosos de los derechos y que tengan carácter reparatorio”, dijo el presidente. También, remarcó que los avances han sido “muy lentos” y que recibieron “información concreta de más de 100 perpetradores que fueron identificados por las víctimas”. Solo dos condenas se concretaron, subrayó.

De esta manera, recalcó la “falta de cuidados” y “prácticas de revictimización” en dichos procesos y que visibiliza “en su máximo extremo” la “lentitud” que hay en el Poder Judicial.