Por Joaquín Symonds
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La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo estuvo en la palestra pública durante las últimas semanas luego de que un hombre muriera al caer encima de unos pinchos, lo que se conoce como arquitectura hostil.
A la vez, por fuera de la discusión pública, en la interna del organismo han habido en el último tiempo algunos cortocircuitos después de que el titular de la Defensoría, Daniel Arbulo, anunciara a una de las colaboradoras que ya no contarían con sus servicios.
Esto, que según la mujer le fue comunicado durante una despedida de fin de año, causó que otro de los colaboradores presentara a la Junta Departamental su renuncia al organismo por discrepar respecto a cómo manejó la situación Arbulo.
La Defensoría del Vecino no tiene funcionarios fijos, sino que los colaboradores tienen un contrato de función pública y se supone que son de la confianza del titular. Sin embargo, en los hechos, varios de los integrantes del organismo tienen años dentro de la Defensoría y su permanencia va más allá del período por el que asuma el jerarca de turno.
Los hechos
El 16 de diciembre, Claudio Fernández envió una carta a la Junta Departamental de Montevideo en el que comunicó que pondría fin a su contrato laboral como encargado del área de Atención a la Ciudadanía.
Fernández contó que el 12 de diciembre se celebró un almuerzo de fin de año, instancia en la que también se buscó “intercambiar en relación a algunos de los lineamientos institucionales”.
“Transcurrido un largo rato, recibimos un mensaje de otra funcionaria solicitando ayuda y manifestando que se sentía mal. Al concurrir a la entrada del complejo encontramos a la compañera en una crisis de nervios, golpeándose el rostro, llorando y gritando, no pudiendo controlar su respiración ni su cuerpo, exclamando de forma repetida ‘me echó’, ‘siento que me muero’”, describió Fernández en la carta a la que accedió Montevideo Portal.
De acuerdo con su versión, Arbulo “en medio de la comida de fin de año despidió a una compañera que hacía más de cinco años que prestaba servicios a la institución”. Luego de un rato de intentar calmar la crisis de nervios, los presentes pararon a un patrullero que pasaba por la zona y llevaron a la mujer a una mutualista privada.
Según Fernández, pudo hablar con la funcionaria el pasado domingo y ella le transmitió que Arbulo la “abordó” a la salida de la comida y que “luego de que le comunicara que sería despedida, ella le transmitió sentirse mal, recibiendo como sugerencia que se sentara hasta que se le pasara e inmediatamente el defensor se retiró cerrando la reja ya que tenía pautada una entrevista televisiva”.
En la carta, Fernández menciona que los funcionarios de la Defensoría tienen claro que “el vínculo laboral finaliza si el titular de la institución así lo dispone y que una vez finalizado el vínculo” no tienen “derecho al cobro por concepto de despido ni derecho a seguro de desempleo”.
Sin embargo, según el hombre, en una reunión en julio pasado se pactó con Arbulo que “si decidía finalizar los contratos lo comunicaría por lo menos dos meses antes, a fin de minimizar el impacto que esto generaría”. “Claramente, este acuerdo no fue cumplido, ya que es de mi conocimiento que el día miércoles 11 ya se había dado inicio a un expediente para el cese del contrato de la funcionaria”, aseguró Fernández.
En diálogo con Montevideo Portal, Arbulo reconoció la situación pero contradijo a Fernández con respecto al pacto que ambas partes habrían hecho para comunicar con dos meses de antelación un eventual despido.
Para el jerarca, el tema es de fondo y no quiso entrar en detalles de por qué decidió dejar de contar con los servicios de la funcionaria. Adelantó que, si bien se procedió a dejar efectivo el despido a los pocos días de haberlo comunicado, actualmente se dejó sin efecto esa nota para presentar otra.
Esto haría que la mujer —que es abogada y escribana de profesión— pudiera trabajar hasta marzo y así buscar otra alternativa laboral. Con respecto a la situación de fondo, Arbulo dijo que ha insistido a las autoridades en la necesidad de implementar un régimen en que los funcionarios puedan hacer carrera dentro de la Defensoría y que no tengan un contrato de función pública.
“La realidad es que no sé si a las autoridades les sirve, porque la Defensoría es una institución que suele criticar u observar a las diferentes gestiones municipales”, indicó Arbulo.
Confianza sin confianza
Otro de los argumentos de Arbulo es que los funcionarios, que serían de confianza para el titular de la Defensoría, en realidad muchas veces son desconocidos. Como ejemplo, el jerarca mencionó que en el caso de Fernández trabaja desde 2011 de forma ininterrumpida.
“Yo no quiero que Claudio se vaya porque es un valorazo. Pero, como ejemplo, la otra vez me junté con ellos dos [Fernández y la funcionaria despedida] y les pregunté si sabían cuántos hijos tenía yo. No tenían idea. Y no es culpa de ellos, es que en realidad el régimen es así”, sostuvo.
Ante la consulta de si efectivamente se ausentó cuando la mujer comenzó con el período de crisis, Arbulo respondió afirmativamente, aunque aclaró que hasta el momento en que se fue del lugar el estado de salud de la funcionaria no presentaba una gravedad tal como para acudir a una mutualista. “No pude hacer mucho más”, dijo el jerarca.
Sobre esto último, la mujer presentó una denuncia policial acusando omisión de asistencia por parte de su superior. La misma no ha tenido movimientos a nivel de Fiscalía, según fuentes policiales.
Fernández, sobre el final de la misiva, consideró que la forma de “proceder injustificable” de Arbulo lo llevó a tomar la decisión de renunciar. “En caso de que la Junta Departamental considere que los hechos mencionados requieran el inicio de un proceso administrativo y que para su consustanciación sea necesario que continúe en mi rol, estoy dispuesto a hacerlo, siempre que la forma en la cual continúe sea garantista de mi integridad emocional”, finaliza la carta.
Por Joaquín Symonds
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