Legisladoras del Frente Amplio -entre otras, Ana Olivera, Camila Pérez, Cecilia Bottino, Verónica Mato y Micaela Melgar- presentaron una denuncia contra el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por difundir en sus redes sociales información sobre Andrea Panini, quien había presentado denuncias como víctima de violencia de género.

Consultada sobre esta denuncia, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, destacó que en el país existen garantías para denunciar. "Que hagan lo que consideren que deben hacer. Por suerte en este país la oposición, si toma acciones así, tiene todas las garantías", dijo la jerarca a Montevideo Portal.

La denuncia presentada por las legisladoras de la oposición, a la accedió Montevideo Portal, señala que "la publicación contenía el nombre de la usuaria, las fechas donde fue atendida y las locaciones donde se le brindó asistencia".

"En esta publicación el Inmujeres, instituto rector de las políticas de género de este país, atenta contra la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia basada en Género, donde quedan reconocido por ley los derechos específicos de las víctimas, entre ellos se establecen el respeto a la intimidad y a la confidencialidad. En este posteo, el Inmujeres también viola el Protocolo de Actuación de la Red de Servicios de Atención a la Violencia basada en Género, donde se explicita que la atención que se brinda a las víctimas es confidencial", agrega.

La denuncia indica que, según la Ley de Protección de Datos Personales, los datos de tratamiento "no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención". "Consideramos que los datos obtenidos con el fin de atender y prevenir situaciones de violencia no deben ser utilizados para informar sobre el accionar de esa o cualquier otra institución", señala la denuncia.

Las legisladoras del FA entienden que el organismo "afectó los derechos" fundamentales de las mujeres y "erosionó la legitimidad" de la institución frente a otras posibles víctimas que vean su confidencialidad en riesgo.

"El Inmujeres con este acto ejerció la revictimización secundaria, que es lo que emerge de la relación con los servicios de atención, por ejemplo, cuando la víctima tiene que someterse a situaciones que agravan su daño causado por la exposición. La revictimización agrava la afectación y se suma a la ya generada por la violencia sufrida. Esta situación supone un peligro adicional ya que está probado que la revictimización inhibe las posibilidades de que otras víctimas denuncien o directamente fomenta la retractación", reza el texto.

Finalmente, las legisladoras, "con profunda preocupación", solicitaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos -en su rol de defensoría, promoción y protección de los derechos humanos ante el Estado- que "tome cartas en el asunto, iniciando una investigación sobre el tratamiento de la información de la usuaria de los servicios de Inmujeres".

"Asimismo, solicitamos se haga una revisión de los Protocolos de Atención a las víctimas de violencia basada en género y el tratamiento de los datos, así como también los protocolos de comunicación y uso de redes sociales del instituto", concluye la denuncia.