Una mujer debía viajar el 21 de setiembre desde París a Ciudad de México. El 25 de agosto se percató de que no tenía pasaporte, por lo que decidió comenzar al día siguiente un trámite de urgencia a través del Consulado de Uruguay en París, para obtener cuanto antes el documento. Desde entonces, el proceso ha sido más complejo de lo que esperaba.
El 20 de setiembre, un día antes de emprender el vuelo, Martina (nombre ficticio) denunció que aún no tenía el pasaporte pese a que pasó casi un mes desde que inició el trámite. Por esta razón, la mujer presentó el reclamo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo canalizó a través de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Lo que reclama es la “malísima” gestión de una funcionaria del Consulado dado que el trámite se vio demorado mucho más que 48 o 72 horas, lapso que implica la gestión de un pasaporte de emergencia. En la denuncia, a la que accedió Montevideo Portal, Martina asegura que presentó la constancia policial de extravío, fue hasta las oficinas del Consulado y fue citada para tomar fotos y huellas dactilares.
“En ese momento me informan de los problemas de Cancillería por la situación del ciudadano en Dubái”, indica el documento en relación con el narcotraficante Sebastián Marset.
Ante la consulta que le hizo Cancillería de modificar el vuelo, ella respondió “que no podía cambiar el pasaje, porque ya lo había hecho y los precios rayan los 3.000 euros”; o sea, debería “comprar un pasaje nuevo”.
En todo momento, la denunciante apunta contra la funcionaria que en ese momento estaba al frente del Consulado. Según su explicación, entiende que fue víctima “de cierto abuso de poder”. “Por más desbordada de trabajo que ella pueda estar, hay procesos y políticas a seguir y nada justicia el atraso en la entrega del pasaporte de emergencia”, agregó.
Efecto mariposa
En Cancillería explicaron a Montevideo Portal que en este caso hubo dos grandes contratiempos: un problema informático y la modificación del decreto 129/014, que se dio a raíz de la emisión del pasaporte a Marset.
Lo que se cambió fue el artículo 5 de la citada norma y con esto el Ejecutivo —con la firma del presidente Luis Lacalle Pou— modificó los requisitos para las personas privadas de libertad fuera del país que quieran obtener el documento, y endureció las exigencias en cuanto a los antecedentes penales de los solicitantes.
El 3 de setiembre, se le pidió a la denunciante información referente a los antecedentes penales en la Ciudad de México —lugar en el que reside hace 20 años— y también en Francia, donde hace un año tiene una visa Long Séjour.
Sin embargo, el 12 de setiembre la mujer recibió otro mail desde la secretaría de la Embajada que asegura que no es necesario presentar los antecedentes: “Estimada […] expediremos el pasaporte de emergencia, así que no es necesario”.
El 18 de setiembre, Martina recibe el siguiente mail: “Cuando imprimimos su pasaporte, se cayó el sistema, este no se imprimió, pero el sistema lo registró como impreso. No hubo otra solución que reintegrar la solicitud. Le pedimos disculpas por los inconvenientes, se trató de solucionar con la ayuda del Departamento de Informática del ministerio, pero no se pudo. Dado que a partir del 31 de agosto rige un nuevo decreto con nuevas exigencias a cumplir en lo interno en cuanto a la emisión, no creemos llegar con los tiempos para el 20. Agradecemos su comprensión”.
Al final de la denuncia, Martina se hace una serie de preguntas que entiende denotan cierto abuso de poder por parte de Arena. En ese momento, la funcionaria consular estaba al frente de la oficina porque no había embajador, según pudo confirmar Montevideo Portal con fuentes de Cancillería.
La respuesta del ministerio
La Cancillería envió una carta a la Jutep firmada por el ministro Francisco Bustillo, en la que se ratifica que los problemas informáticos y el cambio en la normativa frenaron el curso del trámite.
“De la prueba recabada se concluyó que se estuvo ante imponderables como: fallas técnicas de orden informático que derivaron en la imposibilidad de carga de información primero y en la anulación de libreta de pasaporte después”, dice la respuesta.
El ministro refiere a “la promulgación de una nueva norma reglamentaria relativa a la emisión de pasaportes (decreto 281/022 de fecha 31/8/2022 modificativo del decreto 129/014 de fecha 16/5/23014)”.
Plantea, además, un tercer argumento sobre la mesa, que es la “escasez de personal en el Consulado de Distrito de París”. “Concretamente [hay] una única persona contratada recientemente como oficial de Cancillería”, asegura con relación a la persona a la que apuntó la denunciante.
El ministerio concluyó que no “existieron actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que los afectasen directamente que ameritasen el inicio de procedimiento disciplinario”.
Sobre el final de la respuesta, se asegura que el pasaporte de Martina se emitió el pasado 21 de setiembre y “la interesada lo retiró al día siguiente”. Según consta en la denuncia, la mujer debía volar el mismo 21.