Demandan a la Intendencia de Rocha y a Ambiente por obra de enrocado en playa Costa Azul

Un grupo de vecinos de Costa Azul presentó a fines de diciembre una demanda civil contra la Intendencia de Rocha (IR) y el Ministerio de Ambiente por la obra de enrocado de un kilómetro de extensión —de entre dos y tres metros de ancho— que realizó la comuna departamental sobre la franja costera del balneario, ubicado cerca de La Paloma.

La iniciativa pretende que se aplique una medida cautelar de forma urgente para que algunos de los privados con propiedades en la primera línea de la costa “frenen su avance sobre el espacio público”, hecho que ha ocurrido a lo largo de los primeros días de 2024, según constató Montevideo Portal al recorrer la zona.

Aunque la comuna departamental ya ha realizado algunas intimaciones a los dueños de las casas ubicadas sobre los médanos, en línea con lo planteado por los vecinos, en primer término, las gestiones realizadas por la IR no tuvieron los resultados previstos, por lo que la situación sigue igual.

Al presentar la demanda judicial el pasado 19 de diciembre, la representación legal de los más de tres decenas de vecinos que interpusieron la medida solicitaron la “habilitación de feria judicial”, pero la Justicia civil no dio lugar al pedido.

Sin embargo, una vez terminada la feria (el 1° de febrero) los demandantes que se sintieron afectados con la obra esperan que en los próximos días la Justicia dé lugar a la medida cautelar y notifique a la comuna departamental la obligación “urgente” de intimar a los propietarios de las casas en la primera línea de la franja costera para que se retiren del espacio público. Denuncian que se han realizado ocupaciones y obras sobre terrenos que se encuentran en padrones de dominio público.  

En el documento, firmado por 35 vecinos y al que tuvo acceso Montevideo Portal, los demandantes cuestionan que la IR llevó adelante una obra de “enrocado” (piedras, geotextil y arena) que tuvo un costo de aproximadamente US$ 1 millón, sin consultar con la mayoría de los habitantes o propietarios del balneario rochense. Tampoco fue considerada la postura del Municipio de La Paloma, según surge de declaraciones realizadas por el alcalde Sergio Muniz y por el propio intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Sobre el enrocado que se realizó entre 2022 y 2023, en dos tramos marcadamente distintos, los demandantes indicaron: “No es una intervención para recuperar la playa ni el ecosistema costero, sino una protección para recuperar el espacio o el predio privado que han perdido los vecinos de Costa Azul en esa franja”, que es la primera línea sobre los médanos del balneario.

“Por tanto, como relatan vecinos, técnicos públicos, el municipio, fotografías, y acta de constatación, la obra de intervención de enrocado para protección de infraestructura costera de privados ha provocado dificultades en el libre y seguro tránsito en la playa debido al esparcimiento de rocas en toda la costa, donde debería ser un espacio de libre acceso público en el que se debe garantizar la seguridad de las personas”, añade el escrito.

Tras la obra, los vecinos reclaman “tomar medidas urgentes respecto a las invasiones y obstrucciones que cada día aumentan en el espacio público playa”, en referencia a algunas acciones que han emprendido privados de la primera línea después de realizada la obra: terraplenes de arena sobre la costa y cercamiento de propiedades, en algunos casos incluso con cercas eléctricas. 

“Aprovechando la situación de caos que relatamos y la falta de acción del Estado, la situación de las invasiones se ha intensificado luego de la obra. Los vecinos de primera línea han aprovechado para seguir invadiendo espacio público, cercando sus casas sobre el enrocado y la Intendencia no ha actuado a pesar de las denuncias de los vecinos actores ante la comisión de Ambiente del Senado y el Ministerio de Ambiente. Luego de la obra, no se aseguraron los accesos seguros a la playa y el transitar por la misma se ha vuelto inseguro. Cada rampa de madera realizada por la Intendencia ha durado lo que la subida del océano ha permitido, los litigantes han presenciado cómo el océano ha destrozado el último tramo de las rampas en más de una oportunidad, dejando maderas con clavos y trozos de troncos diseminados por la costa, el océano y los cañadones, como surge de las imágenes fotográficas”, señala el recurso presentado ante el Juzgado Civil de 14 Turno de Montevideo.

En este orden, además de la medida cautelar, se reclama que se intime al Ministerio de Ambiente a realizar acciones de recomposición ambiental del espacio público de la playa, “retirando la obra dura de enrocado que se colocó en contravención y contradicción con los informes técnicos de su propia cartera y del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República (Imfia)”.

El escrito también intima a la cartera de Ambiente a “no autorizar obras nuevas, o de modificación, ampliación o cualquier intervención en las viviendas o terrenos y demás bienes inmuebles ubicados en las cinco manzanas objeto del presente juicio, a sola excepción de la colocación de bajadas públicas y accesibles, de cercas captoras u otra acción ‘blanda’ que ayuden a la conservación y regeneración de la dinámica de la duna”.

Con respecto a la Intendencia de Rocha, la demanda plantea, además de que se ejecute la medida cautelar, que se intime a la comuna departamental a que realice un “plan de ordenamiento ambiental del territorio con relación a la zona de faja de protección costera del balneario Costa Azul”.

Puntualmente, los demandantes reclaman que se determine el “dominio público de los espacios de playa, caminería, cañadones, manejo de pluviales, así como prever la conservación ambiental del espacio costero y público”.

“Se intima el retiro y detención de colocación de alambrados, cercados, piedras, quintas, jardines, (que) se prohíba el tránsito vehicular y el estacionamiento de vehículos sobre la duna o cualquier otra ocupación que hayan hecho sobre los terrenos que se encuentren sobre padrones que estén en el dominio público playa”, agrega el documento.

Según los vecinos del balneario que llevan adelante la acción judicial, la IR es la mayor responsable por las consecuencias que provocó la obra. En este sentido, se detalla que la comuna “no realizó la debida comunicación de autorización ambiental ante el Ministerio Ambiente y no propuso realizar un estudio de impacto ambiental con la debida participación ciudadana”. 

A su vez, se agrega que no se siguieron las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente ni por el Imfia, entre otras faltas. Por ejemplo, se apunta que se “comunicó públicamente en forma errónea la cantidad de padrones que se verían beneficiados por la obra, cuando muchos de ellos están abandonados, varios tienen un mismo propietario y otro alto porcentaje de los padrones están dentro del mar (dentro del agua) o sobre la playa” de uso público. 

En sus primeras declaraciones públicas realizadas tras la inauguración de la obra, Umpiérrez sostuvo que la construcción del enrocado será financiada con un sobrecosto en la contribución inmobiliaria por parte de los 83 propietarios de los padrones de la primera línea durante 30 años.

No obstante, según consideran los demandantes y consigna el recurso judicial presentando, al menos 40 de esos padrones mencionados por el jerarca “están bajo el agua y no pagan contribución inmobiliaria desde hace más de 20 años”.

“La Intendencia de Rocha no debía asumir los costos de la obra, máxime cuando sólo terminó beneficiando a cuatro o cinco propietarios, que algunos tienen deuda”, señala la demanda presentada por la abogada Carolina Neme, en representación de 35 propietarios de casas en el balneario.

Tensiones e historia

En los últimos días de diciembre y los primeros de enero, la tensión en el balneario fue creciendo —entre los vecinos demandantes y los que están a favor de la obra—, luego de que el océano se llevara parte de las rampas de madera realizadas en las bajadas de la playa Costa Azul, haciendo algunos puntos prácticamente inaccesibles.

En consecuencia, a principios de año maquinaria pesada trabajó en el balneario con el objetivo de recomponer esas zonas afectadas, incluso con el traslado de arena hacia la costa y la reconstrucción de rampas de madera que fueron destruidas por la suba de la marea.

En un proyecto de fin de carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, sobre “Protección contra la Erosión Costera en Costa Azul” (de abril de 2023), se constata que el balneario en cuestión “es uno de los más afectados por problemas de erosión costera en el país”.

“Las consecuencias se observan en el deterioro  y destrucción tanto de las viviendas de la primera línea de la costa como de las protecciones individuales implementadas. La situación ha conducido a una percepción de riesgo de erosión costera alta y a una degradación de la playa, lo cual repercute en el atractivo turístico de este balneario rochense”, señala la tesis.

Según concluye el trabajo, citado en la demanda, “el problema puntual en Costa Azul se debe a la presencia de construcciones sobre el arco dunar que, sumado al poco ancho de la playa, dan lugar a que el balneario sea más susceptible al comportamiento oscilatorio de la línea de costa y a eventos de tormenta”.

En Costa Azul “se ha visto un aumento de la construcción de viviendas sobre la playa, donde comparado con los balnearios linderos se ve una importante diferencia, ya que los demás no presentan construcciones tan cerca de la orilla, lo que da como producto una reducción del cordón dunar”, añade el trabajo.

Por su parte, un informe realizado por el Ministerio de Ambiente en junio de 2020 apunta: “La dinámica natural de la costa ha ido erosionando las geoformas existentes hasta provocar derrumbes de antiguos muros y protecciones, así como de protecciones actuales. Ante esa situación de retroceso de las estructuras costeras los propietarios han realizado diversos intentos de protección que en general consisten en la presencia de un cordón discontinuo de rocas, dispuestas en diferentes momentos, de distintas características y dimensiones, intercaladas en algunos casos con la presencia de muros de mampostería o construidos con empalizadas de madera. Prácticamente la totalidad de las obras se ha realizado en infracción de la normativa vigente, sin contar con la debida autorización de este Ministerio”.

En el informe, la secretaría recomendó la relocalización de algunas de las propiedades ubicadas sobre el arco dunar, que son entre tres y cinco, y agregó que “el valor simbólico y atribuible a un balneario podría superar con creces el precio de esas construcciones”.

Intendente defiende, técnicos cuestionan

Pese al reclamo y al enfrentamiento con muchos de los vecinos del balneario, el intendente de Rocha defendió en varias oportunidades la inversión realizada para proteger las casas de la primera línea de la franja costera. Incluso, dijo que los vecinos que se oponen al enrocado están “actuando más por un impulso emocional, que a una cuestión racional”. 

En febrero de este año, el jerarca compartió fotos de la playa, zona por donde suele ejercitarse, y expresó: “Costa Azul hoy: 18:45, al fin del día, trotando en un día miércoles del último día de enero pasé por allí. Las imágenes son más que elocuentes. No da para seguir discutiendo inútilmente. Una playa recuperada y para todos”.

En esta línea, autoridades del gobierno nacional y departamental defienden que la obra no se trata de una intervención para recuperar la playa ni el ecosistema costero, sino una protección para recuperar el espacio o el predio privado que han perdido los vecinos que tienen casas en la primera de la franja costera, sobre los médanos.

En tanto, el ingeniero Daniel Panario recorrió la playa en donde se hizo la obra en agosto de 2023 y cuestionó la intervención realizada.

“Me han invitado a recorrer con los vecinos para ver las cosas que están sucediendo, que están ocurriendo en toda la costa uruguaya. Lamentablemente hemos hecho muchas cosas mal y ahora las estamos pagando. Ahí empieza el intento de reconstruir a la desesperada, pero no es así como se hacen las cosas. El efecto de la tormenta dejó todas las piedras a la vista, no sigue retrocediendo la costa. Al mar no se le gana a lo bruto, ese es un principio general. Uno tiene que ver cómo lo amansa, y lo que lo amansa es la duna. La solución hubiera sido antes de hacer este enrocado que se hizo, cuando todavía había arena blanca, había posibilidad de generar duna. Ahora hay que esperar a ver qué pasa. Ahora hay que evitar que se siga empedrando, que no es la solución. Yo formo parte de un grupo de toda América Latina que trabaja en erosión costera, y nadie de los cientos de científicos [de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile] recomienda un enrocado ni este tipo de obra”, valoró Panario en ese entonces.

Sobre el final del escrito presentado ante la Justicia, los demandantes se reservan el derecho a demandar perjuicios por “daños materiales y morales sufridos por los vecinos en el valor de su propiedad, o en sus posibilidades de negocio, sentido emocional de pérdida repentina de la playa y a su acceso democrático”.