Varios integrantes de la familia Morató presentaron una demanda contra el Estado, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura y UTE por “daños ilegítimamente” causados a un muro jesuita en el predio de un histórico castillo.

En la demanda reparatoria, a la que accedió Montevideo Portal, se reclama un subsidio indemnizatorio por los “daños y perjuicios causados por la imposición de sendas servidumbres, legalmente incompatibles”, por parte de UTE.

Los demandantes reclaman un subsidio de más de US$ 3 millones, más intereses desde la fecha del ilícito.

“En subsidio del petitorio anterior, se condene en forma solidaria a los demandados a reparar los daños y perjuicios causados como consecuencia de la imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica y de declaración de monumento histórico nacional, que se estiman en una suma no inferior al 25% del valor del inmueble, esto es US$ 3.336.94, más intereses desde la fecha del ilícito”, apunta el documento.

La familia demandante está enfrentada a UTE desde 2023, cuando advirtió que la instalación de torres de alta tensión había afectado la preservación del sitio donde está el Castillo Morató. En este orden, se denunció que las obras de la empresa pública provocaron daños y desprendimientos en algunos de los muros jesuitas que permanecen en el lugar hace más de 400 años.

La acción reparatoria fue presentada ante el juez letrado en lo Contencioso Administrativo de 4° turno.

El padrón rural, de más de 3.000 hectáreas, fue declarado en 2022 Monumento Histórico Nacional por el MEC, recuerda la demanda.

Dicha declaración incluyó el Castillo, el casco de la estancia Buen Retiro, los muros de piedra y las ruinas jesuíticas, entre ellas una capilla en ruinas, que fue un paso de descanso entre la Vaquería del Mar al pueblo de Yapeyú en la denominada “ruta jesuita”.

“La declaración de monumento histórico comprende todo el inmueble, en el entendido de que tiene un valor histórico, cultural, paisajístico y arqueológico que merecía ser instalado en un marco estatutario que le acuerda la máxima protección constitucional, legal y reglamentaria”, recuerda el escrito.

En esta línea, se señala que, en enero de 2020, UTE resolvió designar como afectado por servidumbre el terreno en cuestión, con el fin de realizar allí una línea de alta tensión de energía eléctrica. El campo está ubicado en el departamento de Paysandú.

En febrero de 2023, el abogado de la familia Morató Daniel Ochs había señalado que las obras que se estaban llevando a cabo había provocado movimientos de tierra, producto de las excavaciones, y eso generó daños en la infraestructura.

Para los demandantes, luego de la declaración del MEC, la empresa pública debió haber rediseñado la obra que comenzó en agosto de 2022.

“No solo la UTE cometió diversos ilícitos. También el Poder Ejecutivo omitió controles indispensables tanto sea para otorgar la autorización ambiental previa como para la construcción de la línea de alta tensión —resorte del Ministerio de Ambiente— como en lo que respecta a la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de la nación [competencia del Ministerio de Educación y Cultura] todo lo cual ha provocado importantes daños al ambiente, al patrimonio histórico y cultural de la nación y al inmueble de nuestra propiedad y cuya reparación se pretende, en primer término, mediante la recomposición al estado anterior y consiguiente desinstalación y retiro de las torres de alta tensión del inmueble”, afirma la demanda.

La obra de tendido eléctrico en el predio, que tiene edificaciones en el establecimiento que datan de entre 1902 y 1904, consiste en 21 torres de alta tensión, de 48 metros de altura cada una.