El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, compareció ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores para exponer sobre el proyecto de ley que propone consecuencias penales ante futuros delitos ambientales: un aumento de castigos (que hasta ahora son solo económicos) para tener mayor posibilidad de contralor sobre las personas y las empresas que contaminen.

El viceministro sostuvo que “hay un buen ambiente” de todos los integrantes de la comisión y de los partidos políticos que integran el Parlamento en “avanzar” sobre los delitos ambientales y dijo que “llegó el momento” de la “madurez” de la sociedad y del Estado uruguayo para avanzar en este tipo de delitos.

“Ya estamos en un momento en donde se cuestiona si solamente con multas podemos evitar la contaminación o la destrucción del ambiente. Los demás países lo tienen (en la región y en Europa) y Uruguay es la excepción de no tener todavía un delito que proteja el bien jurídico ambiente, ya sea en el agua, suelo, aire, biodiversidad, que son hoy sujetos que hay que proteger”, sostuvo en rueda de prensa.

“Los delitos son con penas de prisión, la mayoría tienen tres meses de prisión a varios años de penitenciaría, según la gravedad del delito y el perjuicio que puedan generar al ambiente y la sociedad”, añadió.

Ante la consulta de los reporteros presentes, reiteró que se penalizará la contaminación de agua, aire y suelo, pero también la “afectación” de la fauna, la flora y la biodiversidad. Todos estos supondrán un “daño grave” hacia el ambiente y también un “perjuicio” hacia la sociedad.

“Hay ocho delitos establecidos en el proyecto que es a personas físicas, aunque también incluyen a personas jurídicas, no a la persona como titular del delito, sino a los representantes o aquellos que tuvieron poder de dirección en la afectación concreta”, informó.

“Tiene el respaldo de todas las fuerzas políticas y creo que es un síntoma de madurez y desarrollo de lo que es la problemática ambiental y la necesidad de protección a través de las normas penales”, añadió.

Finalmente, explicó que el proyecto de ley no tiene un plazo estimado para su aprobación en la comisión, pero espera que la Cámara Alta “avance prontamente” este año para que en el transcurso del 2023 continúe su tratado en la Cámara de Diputados. La intención de las autoridades es que el proyecto sea aprobado en este período.