Del trauma al desaliento: la Justicia y su cuenta regresiva a las víctimas de abuso sexual

A Milagros Chamorro la violaron entre cinco. Estaba inconsciente. Un compañero de inglés la había invitado a aquel apartamento. Tenía 15 años. Desde ese día de 2010 el lugar del delito estuvo presente en cada momento de su vida. Ese apartamento en Punta del Este fue la escena del crimen. Pero la violación no ocurrió ahí. El delito tuvo lugar en el cuerpo de Milagros. Ese cuerpo violentado creció, atravesó cambios con la edad y sobrevivió otros 15 años, hasta que no pudo más. La chica terminó con su vida el pasado viernes 25 de octubre en el box de una mutualista.

En el medio, Milagros, de 30 años, fue amiga, hija, tía, cuñada y compañera. Fue licenciada en Trabajo Social. Fue estudiante de una maestría en políticas públicas. Fue laburante y en su trabajo ayudó a niños, personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia de género. Fue generosa. Fue funcional.

“Milagros Chamorro pidió ayuda, a gritos; se la sostuvo en innumerables oportunidades a nivel familiar y con ayuda psicológica además de psiquiátrica. De todas formas, tuvo este trágico final”, escribieron sus familiares en una carta que hicieron pública días atrás.

Allí, los Chamorro también hablaban de las “trabas y el desamparo” que sufrió por parte del “Sistema Judicial” y de la “enorme ineficiencia del Sistema de Salud”.

“Nada nos la podrá devolver”, finalizaba la fuerte misiva de un entorno que estuvo presente, pero que no dio abasto.

La historia de Milagros no es un caso aislado. En Uruguay, entre 2018 y 2021 se registraron un total de 8.300 denuncias policiales de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este número representa el 72% del total de situaciones de abuso sexual reportados en el mismo período, según datos de un informe publicado en marzo de 2024 por Unicef Uruguay. 

Además, el riesgo de intento de suicido adolescente es ocho veces mayor en aquellos que sufrieron abuso sexual, de acuerdo con investigaciones de la última década publicadas por el Instituto de la Salud de Estados Unidos.

El trauma

“Vivimos una situación traumática”: así, en primera persona y con un concepto que a veces se banaliza en el habla cotidiana, explica Victoria Marichal a Montevideo Portal lo que pasa por el cuerpo de una persona que experimenta el abuso sexual.

Marichal es psicóloga, diplomada en violencia de género y especializada en violencia sexual y reparación de abuso sexual infantil. También es fundadora del Proyecto Ikove Uruguay que trabaja por la prevención, reparación y justicia para las víctimas de violencia sexual.

Desde la manida palabra “trauma”, después de una profunda explicación neuropsicológica, que incluye al “circuito cerebral del miedo”, la especialista —y también víctima de abuso sexual— llega a aludir a la noción de “desregulación emocional” que es consecuencia de este hecho y hace que, aunque ya no corra peligro, el cuerpo “no se sienta a salvo”.

“Cuando vivimos el trauma no podemos decidir de forma consciente, no podemos pensar racionalmente, no podemos considerar opciones. A la vez, se inhibe la parte del cerebro que nos permite almacenar la memoria a corto plazo y después a largo plazo. Por eso, los hechos traumáticos no pueden ser narrados con un inicio, un final y una ubicación espaciotemporal, sino que quedan almacenadas como sensaciones, como emociones”, describe.

Esa “desregulación emocional” puede permanecer toda la vida. Sin embargo, en Uruguay los delitos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes prescriben, vencen, tienen fecha de caducidad. ¿El tiempo que se les da a las víctimas para denunciar? Diez años.

La ley

Esto, de acuerdo con el Código Penal, que en su artículo 117 establece que, si la pena máxima es de 10 años de cárcel —como es el caso de los delitos sexuales—, entonces la prescripción se da a la década de que este ocurre. Sin importar si la víctima tenía 17, 15 o 1 año al momento del hecho.

La realidad cambió a partir de la Ley de Violencia Basada en Género (19.580) de 2018. Y si bien el tiempo es el mismo, 10 años, el artículo 78 explicita que “la prescripción de la acción penal se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”.

Ahora, como las leyes en Uruguay no tienen efecto retroactivo, salvo que dispongan lo contrario, una interpretación lineal por parte de la Justicia haría —hizo, en el caso de Milagros— que esos 10 años a partir de la mayoría de edad se cuenten solo hacia menores que fueron abusados o violados desde 2018, cuando se reglamentó la ley.

La paradoja de esto, como señaló la abogada Soledad Suárez, docente del consultorio jurídico de la Udelar, es que, bajo esa interpretación, hace seis años “se sancionó una ley que recién tendrá vigencia efectiva en 2028, cuando pasen 10 años y un día”.

“O sea es una norma para el futuro desde esa mirada, que no comparto, pero que humildemente reconozco mayoritaria”, agregó Suárez en agosto de este año en el marco de un evento de respaldo a un proyecto de imprescriptibilidad de los abusos sexuales hacia menores que tuvo lugar en el Palacio Legislativo, organizado por Ikove.

Una lectura normativa un tanto más flexible puede poner en manifiesto la no prescripción de los delitos de violencia sexual en los casos en los que, pese a que hoy ya pasaron más de dos lustros, el plazo legal no había “vencido” a enero de 2018, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez efectivizó la ley de violencia de género.

Pero esta perspectiva no es la que suele prevalecer y no es precisamente la que tomó la Fiscalía cuando en 2023 entendió que ya había vencido el tiempo legal para que la Justicia pueda hacer algo por Milagros Chamorro y archivó la causa.

De acuerdo con lo que contó María Elena Maciel, que fue la abogada de Chamorro, tras un “proceso psicológico y emocional” que tomó años, finalmente la joven decidió llevar su denuncia, su historia y su cuerpo a la Justicia.

“El caso se hizo como víctima y se denunció a partir del 2020 en Montevideo. De Montevideo volvió a Maldonado, pero la prescripción se aplicó igual”, le contó Maciel días atrás a Telemundo.

Los hechos ocurrieron en 2010, por lo que la interpretación del Código Penal de que ya había pasado el plazo de 10 años, sin concesiones, se dio por cuestión de días, meses. El mensaje fue claro: llegó tarde para la Justicia.

La no prescripción

“No es un tema de nuevo o viejo Código, acá el problema es la prescripción de los delitos sexuales”, manifestó Maciel.

Con estos dichos coincide Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, quien considera que como integrante del Ministerio Público debe disculparse con las víctimas de violencia sexual.

“A varios que trabajamos en determinados espacios nos obliga a pedir disculpas a las sobrevivientes porque no llegamos antes y porque también tuvieron que atravesar situaciones victimizantes en lugares en donde no debería haber sucedido”, dijo en la misma actividad ocurrida a mitad de año en la que estaba Suárez.

“Los delitos de violencia sexual exigen al sistema de Justicia un tratamiento diferencial, porque la naturaleza del delito y el impacto que tiene en las víctimas y en su entorno es absolutamente diferente a cualquier otro tipo de delito violento. Es diferente de un homicidio o una rapiña, que también son violentos y también generan efectos traumáticos, pero de otra naturaleza y de otro orden”, afirmó en ese marco Solari.

A continuación, expresó: “Acá estamos hablando de que el lugar donde se cometió el delito es el cuerpo de una persona. Y es el cuerpo de una persona que en su mayoría son mujeres, niños, niñas o adolescentes. Que están un momento de mayor vulnerabilidad y de menor capacidad de tener información sobre lo que está sucediendo”.

En otro pasaje, la jerarca de Fiscalía hizo referencia a que la violencia sexual “es del orden de lo increíble”. “Es de no poder creerlo y eso es lo que se les transmite a las víctimas. Es como: ‘¿Estás segura de lo que estás diciendo?’ ‘¿Será tan así lo que te pasó?’”, interpeló.

La incredulidad no solo viene del afuera, a veces aparece en la propia víctima. Desde la perspectiva neurológica, Marichal alude al concepto de “amnesia disociativa” para explicar por qué el colectivo que integra milita por la imprescriptibilidad de este tipo de delitos.

“La amnesia disociativa nos protege de alguna manera y bloquea el acceso a recuerdos que no pueden ser codificados por el cerebro [por el trauma]. Por mucho tiempo, eso funciona y es para protegernos: para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos de forma saludable”, describe la psicóloga, y explica que esta “amnesia” no consiste necesariamente en no recordar nada —aunque también pasa—, sino que hay casos en los que la víctima le quita relevancia a lo vivido.

Pero incluso cuando aparecen memorias estas “no se sienten como otros recuerdos”, por la configuración neurológica generada por el trauma. “Lo que pasa ahora es que tengo destellos, flashes, sensaciones, pero no en un recuerdo narrativo, como yo puedo contar lo que hice en mi cumpleaños de 15”, ejemplificó Marichal.

Esa amnesia disociativa fue la que le permitió a Milagros recibirse y llevar una vida funcional, que para el afuera podía parecer “normal”. Y es, junto a la ausencia de contemplación de esta por parte de la Justicia, la que le puso una barrera al momento de denunciar el delito sobre su cuerpo.

“Eso es muy culpabilizante, porque el razonamiento es: ‘Bueno, entonces es mi responsabilidad. Yo me debería haber acordado antes, yo tendría que haber podido hacer esto antes, porque la Justicia me dice que debería ser así’”, apunta la experta.

En esta línea, existen estudios científicos, aunque pocos, que avalan en los hechos que los tiempos de las víctimas trascienden los 10 años. Por ejemplo, entre el 60% y el 70% de las víctimas de abuso sexual que son menores de edad no revela lo que les ocurrió hasta la adultez y el 28% no llega a contárselo a nadie en toda su vida, según datos de la Comisión Europea de 2024.

Hay más aún, una investigación publicada en diciembre de 2017 por la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil de Australia revela que a los participantes “les tomó un promedio de casi 24 años decirle a alguien que habían sufrido abuso sexual cuando eran niños”.

“Sabemos que entre que yo se lo cuento a la primera persona y cuando puedo hacer la denuncia obviamente hay un tiempo en el que tengo que empezar a entender lo que me pasó, integrarlo, decidir si tengo los recursos para poder afrontar el proceso judicial”, pondera Marichal, cuya denuncia es parte del 20% de las presentadas que llegan a una condena, según datos que reporta la Fiscalía uruguaya desde 2019.

El proyecto en espera

Mientras que Milagros Chamorro juntaba fuerzas para buscar que al menos en los papeles los culpables de su violación fueran reconocidos de esa manera por el Poder Judicial, en el Palacio Legislativo la senadora Amanda Della Ventura ingresaba a la Comisión de Constitución y Legislación un proyecto para modificar el Código Penal y hacer que el abuso sexual contra niños, niños y adolescentes en Uruguay no prescriba.

Eso fue en 2020. Cuatro años después, muy cerca del final de la legislatura, sin sesiones ordinarias en el Parlamento, la sanción de esta ley es extremadamente improbable. Y si bien hay legisladores electos con intenciones de seguir el tema, habrá que esperar cuando menos al año que viene para que se pueda vislumbrar un avance al respecto.

Esperar fue algo que Milagros ya no pudo hacer. En palabras de la psicóloga Marichal: “En general, siempre llegamos tarde a la búsqueda de Justicia”.