Defensa de Penadés apunta a videos sexuales de Mastropierro con menores de 12 años

Los abogados del exsenador Gustavo Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, y la defensora del profesor de Historia Sebastián Mauvezín, Rosanna Gavazzo, presentaron un documento a la Fiscalía de Corte y a la Suprema Corte de Justicia en el que denuncian “un cúmulo de gravísimos hechos, los cuales surgen del contenido del material existente en la carpeta fiscal y que nos fueron entregados el 6 de setiembre de 2024”, según informó el programa La Pecera (Azul FM) y confirmó Montevideo Portal con el acceso al escrito.

En particular, los defensores de los imputados por varios delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores accedieron al celular de la nombrada como “presunta víctima” Jonathan Mastropierro. Este dispositivo “se encontraba en poder del Ministerio Público desde por lo menos un año antes”.

“A poco de iniciar el estudio del contenido del aparato propiedad de Jonathan Mastropierro, esta defensa pudo constatar un cúmulo de evidencias que sin duda podrían configurar gravísimos delitos de naturaleza sexual cometidos por Mastropierro, sobre todo contra niños menores de edad; puntualmente contra un varón de 12 años”, apuntan los letrados.

Entre los contenidos del celular de Mastropierro —un Apple Phone, XS Max— aparecen varios videos, según el escrito, “se aprecian dos menores de 12 años que viven en Pamplona, España”, a quienes se los identifica.

“Mientras que el otro menor usa un nombre de fantasía (si bien fácilmente identificable)”, escribieron los abogados. Por su parte, Mastropierro “se autodenomina Iñaki”.

Entonces, plantean que “a cambio de dinero que Mastropierro exige —alrededor de 20 euros aproximadamente en cada ocasión—, realiza ante la cámara, actos de naturaleza sexual: masturbación, tocamientos, exigiendo a su vez que los niños lo imiten, lo cual se muestra en toda su esencialidad, tal como surge claramente de los citados videos que recogen sendas videollamadas”.

Asimismo, Guerrero, Robatto y Gavazzo plantean que la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, “en su afán de perseguir” a sus defendidos “a toda costa y so pretexto de que Mastropierro es una ‘víctima’, formuló afirmaciones que dan muestra de que estaba en pleno conocimiento del contenido del celular desde por lo menos un año antes, al solicitar y conseguir la reserva de tal probanza hasta el mes de marzo de 2024”.

“Los gravísimos hechos que se ventilan en los videos —con imágenes, sin deformación de voz y sin ocultación de identidad—, demuestran la flagrante omisión de la funcionaria pública, fiscal interviniente, de denunciar delitos de los que tomó conocimiento por razón de su cargo”, expresa el escrito.

Los abogados consideran que por “el accionar” de Ghione “queda demostrado su conocimiento del contenido” de los videos. “Tal como lo reconoció la propia fiscal en su comparecencia escrita ante la sede judicial, mientras que su voluntad se trasunta en la contumaz negativa a que esta defensa accediera al mismo”, se lee en el documento.

En adición, se plantea que “esa actitud de la señora fiscal entorpece con su accionar al sistema de justicia penal, sin perjuicio de la violación flagrante del derecho de defensa que ampara a los defendidos”.

Por eso, consideran que “resulta indispensable que tales hechos sean investigados”.

Esta “conducta de Mastropierro”, además, es para los defensores de Penadés “de vital trascendencia” para su teoría del caso, porque “precisamente fue Mastropierro el principal informante de la Fiscalía” y en el caso fue denominado “Víctima A”.

En ese punto, se alude a que la primera imagen a la que accedió el Ministerio Público y que se hizo pública a través de redes sociales la sacó “el propio Mastropierro cuando —siendo mayor de edad—, concurrió con Penadés al motel Séptimo Cielo en compañía de otro hombre, también mayor de edad”.

“En apretada síntesis, queda claro la gravedad de la omisión de la fiscal interviniente, —quien con pleno conocimiento del contenido del celular de Mastropierro—, no solamente no denunció los graves delitos de naturaleza sexual de los que tomó conocimiento por razón de su cargo estando legalmente obligada a hacerlo, sino que retardó sin ningún fundamento jurídico que esta defensa accediera a su contenido”, añade el folio.

“Ello, más allá de entorpecer el recto funcionamiento de la administración de justicia, viola flagrantemente el principio de objetividad que está ínsito en su calidad de parte del proceso penal. Por añadidura —una vez más— coarta el derecho de defensa que ampara a los encausados”, completa.