El abogado defensor del ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel, Juan Fagúndez, explicó este lunes la estrategia que tiene en el caso, donde se acusa a su patrocinado por tres delitos de revelación de secretos. El exjerarca fue imputado el pasado viernes, por lo que tendrá retenidos sus documentos de viaje por 180 días, deberá fijar domicilio y no podrá salir de Uruguay.

En diálogo con radio Sarandí, Fagúndez explicó que la defensa de Berriel el día de la audiencia de formalización no discutió los hechos que puso la Fiscalía arriba de la mesa “porque sucedieron”; sin embargo, aclaró que la diferencia surge en si esos hechos son delitos o no.

“Que eso sea delito o no se discutirá, se hablará con la Fiscalía, se verá cuál sí y cuál no, si todos sí o si todos no, y esa es la estrategia de la defensa, no hay una certeza sobre que cada uno de los hechos que expuso la Fiscalía sean delito por parte de la defensa”, aseguró.

Berriel está siendo investigado (como lo dice el delito) por dar información privada a Astesiano, pero el abogado defensor planteó que el excustodio la solicitaba los datos diciendo que era para el presidente de la República.

“En este país ha habido órdenes en mandos verticales totalmente ilícitas, como matar una persona en cautiverio en la dictadura, esas ordenes son ilícitas. Acá no se trata de ese tipo de gravedad, acá se trata de pedidos del jefe de la custodia del presidente que a su vez eran solicitados de esta persona en nombre del presidente", detalló.

En este sentido, reiteró que entiende que Berriel no habría incurrido en ningún delito porque estaba respondiendo al pedido de la autoridad máxima, es decir, a Presidencia de la República.

Consultado sobre qué pasa si se comprueba que el presidente no pidió nada, el abogado respondió que en ese caso Astesiano lo hizo igualmente bajo esas características y Berriel habría sido “inducido en un engaño” por parte del excustodio.

En este sentido, el periodista aseguró que desde Presidencia afirman que Astesiano era un “mitómano” y que se “tomaba atribuciones que no le correspondía”. Fagúndez aseguró que eso “Berriel no lo puede saber”, pero lo que sí sabía es que Astesiano era el jefe de seguridad del presidente y por el Decreto 16 del año 2006 “tiene la obligación de prestar y entregar la información” que este le solicitaba.

“El sistema de lo que antes conocíamos como partes policiales, que ahora es un sistema informático, donde se hace un resumen con la denuncia y las personas intervinientes, se trata de documentos reservados. Esos documentos acceden la Policía, accede el Ministerio Público, accede la presidencia de la República. Lo que tengo entendido es que en momentos en que se necesitaba rápido o por alguna otra razón, se le comunicaba a Berriel telefónicamente por Astesiano y estando en la calle no tenía acceso por Presidencia a esos partes y le pedía de forma urgente a Berriel”, detalló.

“Tal vez, en ese ejercicio de la función presidencial y el contacto con la gente se dio el ‘averiguame esto, averiguame lo otro’. Me imagino, por lo poco que he profundizado, que se puede dar esta situación. Lo vemos en la televisión, no vemos después el trámite, pero sí esa manera”, añadió.

Finalmente, no descartó pedir la declaración del presidente Luis Lacalle Pou en caso de ser necesario. “Si es un insumo necesario, es una declaración que puede ser por informe o puede ser inclusive presencial”, explicó.

“Dentro del despliegue de cosas para hacer es un punto, pero si es necesario. Sea el presidente o cualquier persona uno como abogado a veces quedan dudas y pide la declaración de alguien y no sirve para nada. Uno si pide la declaración de alguien es para producir algo sobre el tema. Tengo dos días en esto, lo tengo que ver y, si lo tengo que ver, digo que no descarto nada”, concluyó.