Decisión del Gobierno respecto a Antel traerá una "ola de juicios"

La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de dar marcha atrás con la presupuestación de 857 trabajadores de Antel -que derivó en la destitución del presidente del ente, Guillermo Iglesias- movió la agenda política en tiempos en que la pandemia domina los titulares.

La motivación de esta resolución, según el Gobierno, es seguir con la línea de ahorro público, pero desde el Sindicato Único de Telecomunicaciones se asegura que la presupuestación no implicaba ningún gasto extra para la empresa estatal.

El presidente del sindicato, Gabriel Molina, aseguró a Sarandí que "no hay ningún ingreso nuevo" y que los trabajadores "ya habían pasado todos los procesos de regulación" de la empresa estatal.

¿Qué implica realmente la decisión de presupuestar a estos 857 funcionarios? ¿Se genera un gasto al Estado? Montevideo Portal consultó a altas fuentes de Antel, que realizaron varias precisiones debido a que "en la prensa han circulado estos días opiniones contradictorias y erróneas".

La cantidad de funcionarios que tiene Antel se publica en la web y en los balances de la empresa, donde se discrimina entre presupuestados y contratos de función pública.

"Si uno se fija a lo largo de los cinco años el total de personas viene cayendo sistemáticamente. Se respetó estrictamente la regla de que se generan tres vacantes y solo se puede ingresar a dos personas: la regla de tres por dos. Eso se ha cumplido", señalaron las fuentes.

En lo que tiene que ver con el vínculo laboral, las personas que están en régimen de contrato de función pública (como el caso de estos 857 trabajadores) son funcionaros públicos. "El sueldo al presupuestarlos no les cambia: ganan lo mismo", apuntaron las fuentes consultadas.

¿Cuál es el cambio? Lo que sucede es que ganan el derecho a la carrera administrativa. Por lo tanto, algunos ascenderán en algún momento a otros escalafones.

Las personas de las que se habla en este caso tienen como mínimo tres años de antigüedad. "Son personas ya entradas y son la renovación de la empresa. Es razonable y conveniente darles oportunidad de crecimiento para formar los nuevos cuadros de la empresa", explicaron las fuentes, que aclararon que el derecho a la carrera administrativa está consagrado en la Constitución.

Ese es el motivo que evaluó el directorio para tomar la resolución de presupuestarlos. "No hay incremento del gasto", explicaron las fuentes.

Agregaron que la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República) ya estaba en conocimiento de esta resolución, incluida en el presupuesto 2019.

Por lo tanto, estaba previsto presupuestalmente, habilitado legalmente y se viene haciendo desde hace varios años en forma sistemática (menos el año pasado por ser año electoral). Por ello no era "razonable" consultarlo, que fue otro de los aspectos criticados de esta resolución.

Las fuentes apuntaron que la opinión pública interpretó que ingresaban 850 personas nuevas y eso era un incremento del gasto, "cosa absolutamente incorrecta".

Agregaron además que es esperable que se venga una ola de juicios a raíz de esta revocación,con recursos que se van a plantear en forma individual.

Los expertos en derecho administrativo, citaron las fuentes, coinciden en que usualmente estos recursos tienen resoluciones positivas en la Justicia. "Ni hay aumento del gasto ni son funcionarios nuevos, es gente que ya trabaja desde hace tres años", remarcaron.