Cinco atriles, dos conductores, luces y cámaras. Cinco candidatos. Un minuto para presentaciones. Tres ejes temáticos. Dos minutos para desarrollar las propuestas. 45 segundos para las réplicas. 15 segundos para formular preguntas. 45 segundos para responder. Dos periodistas moderadores. Un público expectante en piso, del otro lado de la pantalla televisiva y en las trasmisiones vía streaming. Más de 40 puntos de rating y casi 2 millones de comentarios en redes sociales entre las dos instancias. Los debates presidenciales en Argentina este 2023 fueron hitos de una convulsionada campaña electoral para la elección que tendrá lugar el próximo 22 de octubre.

Desde este lado del charco, la contienda genera gran expectativa y los debates entre candidatos argentinos han sido objeto de comentarios, críticas, análisis y hasta memes por parte de los uruguayos. Para acudir a las urnas en Uruguay falta todavía un año. Y, a diferencia de Argentina, no existen los debates obligatorios previos a la primera vuelta. Lo que sí hay es una ley que marca el deber de debatir en caso de que haya balotaje.

Corría el 2019, año electoral. Hacía 25 años que no había debates en Uruguay. Dentro de la agenda política, y con el entonces diputado Fernando Amado como su principal promotor, se empezó a instalar la idea de una ley que obligase a los candidatos a la presidencia a enfrentar sus ideas y propuestas de forma televisada.

Con idas y vueltas entre parlamentarios oficialistas —frenteamplistas— y opositores en ambas cámaras, finalmente 18 de setiembre de ese año se promulgó la Ley 18.827, intitulada “Declaración de la obligatoriedad de un debate entre candidatos a la Presidencia de la República”. En su articulado se declara de “carácter obligatorio” la celebración de un debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que “deban comparecer a una segunda elección, tal como lo establece el artículo 151 de la Constitución”.

“Una alegría que haya habido tanta grandeza de estas colectividades políticas para sacar adelante un proyecto que se trabajó tanto”, celebraba por esas fechas en la plataforma Twitter (hoy X) Amado, quien se había alejado poco antes del Partido Colorado y hoy es el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo.

Por su parte, el personaje radial Darwin Desbocatti decía ese día: “Es el debate de Amado, el legado que nos dejó”. Lejos del comentario jocoso, el legislador colorado Ope Pasquet, también integrante de la Comisión de Legislación en donde se inició el intercambio de ideas sobre lo que luego sería la ley, dijo a Montevideo Portal que en esos tiempos no hubo una gran oposición conceptual al proyecto. “Más bien se veían dificultades prácticas”, expresó el diputado. De hecho, la última redacción de la normativa fue aprobada en Diputados casi por unanimidad -salvo por el voto contrario de Elena Grauert, hoy secretaria general de Antel.

El principal escollo para que su redacción estableciera el deber de debatir en primera vuelta radicaba en que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, en Uruguay en 2019 había 11 candidatos de cara a octubre. Además de Martínez y Lacalle Pou, estaban: Ernesto Talvi por el Partido Colorado; Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto; César Vega por el PERI, Edgardo Novick por el Partido de la Gente; Pablo Mieres por el Partido Independiente; Gonzalo Abella por la Unidad Popular; Gustavo Salle por el Partido Verde Animalista; Daniel Goldman por el Partido Digital, y Rafael Fernández por el Partido de los Trabajadores. Pasquet, quien hoy respalda la precandidatura del presidente de ANEP, Robert Silva, para 2024, admitió que, dadas las circunstancias, “se hizo todo lo posible para favorecer” que al menos hubiera un debate obligatorio.

Apareció el debate

Menos de dos meses después de sancionada la ley, el resultado de las elecciones generales dictaminó que el candidato frenteamplista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou fueran a segunda vuelta. Luego de dos debates acordados entre Martínez y Lacalle Pou, sin que mediara una regulación, finalmente el 13 de noviembre de 2019 por primera vez en Uruguay dos candidatos a ocupar el puesto de primer mandatario estaban obligados a debatir públicamente.

“Muy buenas noches, soy Gabriela Lavarello y les estoy hablando en nombre de la Corte Electoral. Esta es una transmisión histórica. Por primera vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay”, comenzó la periodista que ofició como conductora del evento transmitido en vivo y en horario central por cadena nacional de radio y televisión. Los moderadores de la noche fueron sus colegas Pilar Teijeiro y Nicolás Lussich.

En un set mucho más minimalista que el argentino y sin público presencial, el intercambio giró en torno a los ejes temáticos: “Desarrollo económico y empleo”; “Integración social y seguridad”; “Desarrollo humano”; y “Visión país y rol del estado”. La trasmisión duró 2 horas y, dentro de este tiempo, Lacalle Pou y Martínez tuvieron cuatro minutos por bloque temático para exponer. Luego, contaron con otros diez minutos para el intercambio “libre y equilibrado” sobre cada tema. “La organización y los temas fueron parte de los acuerdos que se hicieron entre los dos candidatos”, contó la exdiputada y exministra nacionalista Ana Lía Piñeyrúa, quien desde 2017 es ministra de la Corte Electoral, organismo definido por ley para organizar el debate.

La ministra de Corte dijo que, si bien hubo algunas dificultades para determinar de dónde iban a provenir los fondos, porque, a su entender, se trata de “un organismo pobre al que le adjudica muchas responsabilidades”, el Ministerio de Economía terminó facilitando los recursos.

De acuerdo con datos proporcionados a Montevideo Portal por la Dirección de Contaduría de la Corte Electoral, el precio total del debate de 2019 fue de 1.254.270 de pesos uruguayos. Ese dinero se utilizó para cubrir los costos de la trasmisión, así como también los de la empresa productora que se encargó de poner en marcha todas las cuestiones logísticas.

El debate del debate

Para Piñeyrúa “el debate siempre es saludable y bueno”, y apuntó a que la ausencia de esta disputa retórica es más una novedad de los últimos años que la norma en Uruguay. “Yo vengo de una generación que, después de la dictadura, asistimos a debates en todas las elecciones. Esto comenzó a darse durante los gobiernos del Frente Amplio, porque en general los candidatos se negaban a debatir, pero nosotros teníamos una amplia tradición de debates”, expresó.

En esta línea, Pasquet añadió que “existe la resistencia del que cree que va primero, que siente que va ganando y no cree necesario ni conveniente exponerse a que un debate modifique la situación”. Por eso, para el colorado, lo ideal sería establecer la obligatoriedad de antemano, “antes de que pueda saberse quién va primero o quién va último”. “En todo caso creo que es conveniente que exista esa instancia de debate obligatorio, porque si obligamos al ciudadano a votar, es razonable que obliguemos también a los candidatos a debatir”, analizó.

¿Habrá otro debate?

De acuerdo con cómo está redactada la legislación vigente, podría pasar que el año que viene no haya debate. Esto sucedería si uno de los candidatos en las elecciones de octubre gana con la mayoría absoluta de los votos y, por tanto, no pasa a segunda vuelta. Por supuesto que, como sucedió en 2019, los candidatos en 2024 podrían acordar debatir, pero no tendrían una sanción en caso de no hacerlo.

Amado había dicho en 2019 al programa No Toquen Nada en los días previos al debate, que “lo natural sería que los debates obligatorios para octubre empiecen a regir recién en la elección del 2024 y ya quede estipulado con claridad cómo va a ser el formato y cómo van a ser los cruces para que todos los partidos y candidatos ya sepan cinco años antes cómo va a ser”.

Sin embargo, a la fecha, no se vislumbra voluntad política a ese respecto. “En este momento, hasta donde yo recuerdo, no hay ningún proyecto en la Comisión de Cámara de Diputados en ese sentido”, expresó Pasquet.