La explotación sexual de varias mujeres extranjeras en un prostíbulo de Guichón (Paysandú) terminó con cinco personas formalizadas. Dos mujeres y un hombre fueron imputados por el delito de trata de personas y dos policías por el delito de omisión de denunciar.
El documento con el que la fiscal pidió la formalización de los indagados muestra la terrible historia detrás de estas mujeres explotadas, en su mayoría provenientes de Guyana, al norte de Sudamérica.
Las víctimas estaban en situación de especial vulnerabilidad dadas las condiciones extremas en las que se encontraban antes de llegar al país. "Tuvieron un largo y penoso recorrido para ingresar solas al país como refugiadas, vía terrestre, escapando en algunos casos de la pobreza y estado de necesidad de sus países, dejando sus familiares, incluso sus hijos menores de edad y enfermos en busca de trabajo en nuestro país para poder enviarle dinero para su subsistencia", relata el documento fiscal.
En su mayoría, las mujeres "hicieron el recorrido Guyana, Brasil, frontera con Uruguay, Montevideo hasta ser captadas por los indagados hasta el departamento de Paysandú", aunque el caso también incluye investigaciones por explotación sexual en un prostíbulo de Montevideo. "Incluso algunas debieron cruzar caminando Brasil demorando muchos días en llegar a nuestro país", añade la documentación.
El escrito de la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, indica que la vulnerabilidad era incluso mayor por el hecho de tratarse de "mujeres, extranjeras, solas", y que "si bien hablan castellano y se desempeñaron por cortos periodos en otros trabajos (empresas de limpieza, restaurantes, residenciales, panaderías) con la motivación de conseguir la documentación uruguaya", perdieron algunos de esos empleos "por no tener documentación, por no conocer palabras, expresiones y modismos de nuestro país y también por la situación de emergencia sanitaria del país desde el día 13 de marzo".
Los indagados, a pesar de conocer este estado de vulnerabilidad, "se aprovecharon para explotar su negocio y obtener un provecho económico por la explotación sexual de las víctimas".
Las mujeres eran captadas por internet, a veces las trasladaban y a veces les indicaban cómo llegar, "las acogían y recibían en las habitaciones de la whiskería, manifestándoles que ahí tenían alojamiento gratis y en realidad era el lugar donde se las explotaba".
Dice el documento fiscal que incluso "se advirtió que muchas de las víctimas se encontraban anuladas en su capacidad de visualizar que estaban siendo captadas y explotadas por los indagados, lo que deja en evidencia su estado de indefensión y vulneración de derechos fundamentales".
Como si toda esta situación fuese poco significativa, la exposición de la integridad física de las víctimas para hacer crecer el negocio también implicó exponerlas al COVID-19, ya que no se cumplía en los prostíbulos clandestinos con protocolo sanitario alguno.