Este jueves 28, el comisionado parlamentario penitenciario presentó el informe de la situación del sistema carcelario y medidas alternativas correspondiente a 2021.

En el documento preliminar, al que accedió Montevideo Portal, se constata que durante el año pasado hubo un récord de 86 personas privadas de libertad fallecidas: son 38 más que en 2020 (cuando se habían registrado 48) y 33 más que en 2010, año que ostentaba el mayor registro anterior (53).

Esta suba supone, además, un crecimiento “importante” respecto a los años anteriores, el cual no se explica solo por el aumento de la población carcelaria (en 2020, había unas 12.414 personas privadas de libertad, número que ascendió a 13.693 en 2021).

De acuerdo con las conclusiones del estudio, casi un tercio (27) del total de las muertes verificaron “fallas asistenciales ostensibles” o “negligencias” en relación con el resultado letal; esto es sin contabilizar la “pésima situación general de base en cuanto a condiciones de vida y respuesta sanitaria”, de acuerdo con la publicación.

Por tipo de muertes

Desglosado por categoría, 2021 también significó el año con mayor registro de muertes violentas (45, es decir, más de la mitad), de las cuales 21 fueron homicidios, 18 suicidios y 6 muertes accidentales o de causas violentas no aclaradas. Por otro lado, hubo 41 muertes por patologías, enfermedades y otras causas naturales o indeterminadas y en 9 de ellas no se contó con información suficiente para determinar la causa de muerte; estos 41 fallecimientos más que triplican la cifra de 2020 (13) y supera ampliamente la mayor cifra registrada, que fue en el 2013 con 29 fallecimientos de este tipo.

En esta línea, “se aprecia una mayor participación” de las muertes naturales, lo que “debería ser motivo de especial preocupación”, enfatiza el comisionado parlamentario penitenciario en el texto. A esto se le suma que se mantiene un porcentaje “inaceptable” de muertes en las que la información disponible ni siquiera permite señalar que su manera de ocurrencia sea natural o violenta.

Mientras tanto, en el 40 % de las muertes violentas (18 de ellas) se detectaron negligencias o fallas asistenciales “con manifiesta relación con el resultado letal”.

De las 32 muertes naturales, hubo 14 (44 %) en que la causa fue una enfermedad infecciosa y 5 de ellas fueron por covid-19; en el resto, la causa fue una patología oncológica (22 %), cardiovascular (19 %), encefalopatía de Korsakoff (3 %) y cuadro agudo de abdomen (3 %). En las tres restantes no se pudo determinar con la información disponible. “Llama la atención el alto número de muertes de personas jóvenes por enfermedades infecciosas. Este dato general sugiere mal terreno biológico, malas condiciones ambientales en las cárceles y/o falta de tratamientos oportunos. En especial, las muertes por tuberculosis y por covid-19 parecerían indicar cierto nivel de fracaso de la protección de la salud y la vida de las personas privadas de libertad. El estudio individual de los casos reveló en siete de las muertes naturales (29 %) la existencia de manifiestas negligencias o fallas asistenciales con incidencia en el resultado letal”, sostiene el documento.

Respecto a los casos que no pudieron ser concluidos por la falta de información o colaboración de instituciones públicas, esto “no hace sino dejar en pie la potencial responsabilidad del Estado por la muerte de personas que estaban bajo su protección”, se aseveró en el texto.

Por ubicación

A su vez, la ocurrencia de las muertes bajo custodia no es homogénea en todo el sistema carcelario, según destaca la publicación de la oficina dirigida por Juan Miguel Petit.

La Unidad 4 del exComcar concentra el 41 % de las muertes a pesar de alojar al 29 % de la población del sistema penitenciario; de acuerdo con el informe, en este lugar ocurrieron el 47 % de las muertes violentas. Mientras tanto, la Unidad 3 del Penal de Libertad ha tenido el 12 % de las muertes (20 % de ellas violentas) y aloja al 8 % de la población. En estas dos unidades “hay una importante sobrerrepresentación de los eventos violentos”, puntualiza el documento.

“Respecto a las muertes violentas, en el 2021 preocupó especialmente su gran cantidad en el Módulo 3 (10 muertes), que revelan problemas estructurales serios para proyectar condiciones de alojamiento que cumplan con las Reglas Mandela y que ofrezcan posibilidades de reintegración social. También cabe señalar con preocupación las dos muertes violentas del Módulo 12 junto a otras dos de causas no determinadas que también ocurrieron allí, dado que se trata de un módulo pequeño (en el promedio de años estaban alojadas 25 personas) con mayores posibilidades estructurales relativas de supervisión e intervención institucional”, reza el informe.

Problema de fondo

El informe presentado da cuenta de la situación vivida en el sistema carcelario, donde desde 2015 se da una caída en la inversión, sumado a un aumento "sostenido" de la población desde 2019; esta combinatoria "pone al sistema en crítica situación".

En el análisis, se evalúa en $39.000 el gasto mensual por persona privada de libertad, incluyendo los servicios de todos los organismos involucrados. Como se mencionó anteriormente, en 2021 hubo unas 13.693 personas privadas de libertad, por lo que el gasto debería haber sido superior a los $534 millones.

"Dejamos este monto para la valoración de cada uno, pero agregamos que el dato nos sugiere una pregunta desafiante: ¿No es posible destinar ese monto a entidades externas —centros terapéuticos en salud mental o de adicciones o de cumplimiento de medidas alternativas— para que en algunos casos se hagan cargo de la rehabilitación? Eso ya ocurre, aunque puntualmente, por orden judicial, pero sin aporte de la Administración. Un sistema de este tipo, derivando personas a centros especializados, ya existe en Uruguay para la atención de la infancia y adolescencia, ya sea en situación de amparo o de ejecución de medidas judiciales. Parece claro que las políticas de rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación no pueden desarrollarse en ninguno de sus aspectos sin un presupuesto adecuado (…) Los actuales niveles presupuestales impiden cumplir con el mandato constitucional de asegurar para reeducar”, expresa el documento.

Asimismo, se detalla que a mediados de abril de 2022 se superaron las 14.200 personas privadas de libertad.