El Tribunal Superior Electoral de Brasil le dio este lunes
un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido
de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros
y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.
El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito Gonçalves, de
la corte electoral, que ordenó incluir el denominado “documento golpista” en
una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de
poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.
El polémico texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro
instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y
revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue
derrotado por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson
Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el
sábado acusado de presunta omisión, pues era el responsable de la seguridad de
Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia,
el Congreso y la Corte Suprema.
Bolsonaro también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados
por los sucesos violentos del 8 de enero, por su presunta participación como
autor intelectual.
El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra
actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus
partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el
Supremo el 8 de enero.
Gonçalves también solicitó a la Corte Suprema que remita al tribunal electoral
el documento que demostraría la supuesta intención de Bolsonaro de dar un golpe
y cualquier otra posible prueba encontrada en la casa de Torres que pueda
servir en la investigación sobre el abuso político durante la campaña.
En caso de que Bolsonaro sea considerado responsable de abuso político y de uso
de los medios de comunicación oficiales a favor de su campaña, el tribunal
electoral puede condenarlo a un período de inhabilitación política de al menos
ocho años.
EFE
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