Da Silva dijo que posible demanda a Gobierno era “cacareo” y abogados salieron al cruce

Después de que la compañía chilena Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon (operadora de contenedores), informó al gobierno uruguayo que realizará un arbitraje en reclamo por las pérdidas, que, según la empresa, tuvo a raíz de la concesión otorgada a la compañía belga Katoen Natie para operar la terminal de carga especializada del Puerto de Montevideo que podría devenir en una demanda por US$ 600 millones, el sistema político expresó su punto de vista de la situación.

Uno de ellos fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien en rueda de prensa señaló que “amenazar” con un juicio es “el trabajo de los abogados”. “El cacareo de los abogados es lo más fácil; viven de eso”, agregó.

Según Da Silva, los abogados de Montecon “deben de estar encantados de la vida con el gobierno de [Luis] Lacalle Pou”, ya que les “permite cobrar honorarios simplemente por escribir argumentos jurídicos”. “No sé si van a ganar el juicio, yo creo que no”, enfatizó el senador blanco.

Las declaraciones de Da Silva generaron molestias dentro del Colegio de Abogados del Uruguay, que “rechazó enfáticamente las declaraciones” realizadas por el senador, ya que “menosprecia el rol de la abogacía como garante del Estado de Derecho”.

Según la institución, expresiones como “cacareo” o “cobrar honorarios simplemente por escribir argumentos jurídicos”, no solo “denigran” el ejercicio de la abogacía, sino que también “atenta contra los pilares sobre los que se asienta nuestra democracia”.

“El derecho a presentar descargos y articular defensas tiene raigambre constitucional”, expresó el Colegio de Abogados en un comunicado.

La organización señaló que “todo gobierno debe garantizar que el ejercicio de la abogacía pueda desempeñarse sin interferencias indebidas y que las y los profesionales no sean identificados con sus clientes ni con las causas de éstos”.

De este modo, el Colegio de Abogados instó, “y más especialmente a los Poderes del Estado”, a que se “respete” el ejercicio y la “misión” de la abogacía, que “reposa, tal como lo expresa el Código de Ética para la Abogacía Uruguaya, en contribuir a la realización de los valores de la justicia, la libertad, los derechos de la persona humana y a la forma democrática y republicana de Gobierno”.

Comunicado del Colegio de Abogados del Uruguay ?? pic.twitter.com/GoLMcz8VrQ

— Colegio de Abogados del Uruguay (@CAdelUruguay) January 30, 2024

La notificación de Montecon

Según informó Búsqueda este jueves, la firma chilena entiende que Uruguay violó el tratado de protección de inversiones con Chile, al extenderse la concesión a Terminal Cuenca del Plata (conformada por 80% capitales de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos) hasta 2081.

El semanario señaló que la demanda por “pérdidas y daños” causados sería en principio por US$ 600 millones, a menos que el diferendo se resuelva a través de negociaciones directas con el Poder Ejecutivo.

La empresa informó al gobierno sobre la intención de la demanda el jueves 18 de enero, estableciendo un plazo de 90 días luego de la notificación para que se efectivice el arbitraje. Neltume Ports posee el 60% de las acciones de Montecon.

El acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie ha sido cuestionado fuertemente por el Frente Amplio, al punto que los senadores Mario Bergara y Charles Carrera presentaron una denuncia ante Fiscalía por un aparente delito de abuso innominado de funciones contra cuatro autoridades. Sin embargo, la causa fue archivada dos veces por la Fiscalía.

Tras la publicación del semanario Búsqueda, Carrera escribió en su cuenta de X (Twitter) este jueves: “Ninguna novedad, desgraciada consecuencia. Desde el 21 de abril de 2021 sabíamos que hasta el 21 de abril 2024 Montecon tenía plazo para demandar al Estado uruguayo. Son tres años, según el Tratado Bilateral de Inversión con Chile, el plazo máximo que tiene una empresa para presentar una demanda desde que se toma conocimiento del hecho. Y, el 21 de abril de 2021, fue el fatídico día donde el exministro Heber dio a conocer el contenido del acuerdo que se había firmado con Katoen Natie. Ahora, lo que hay que pensar es cómo articular la mejor defensa para los intereses del país y no perder 600 millones de dólares. Lamentablemente aquí se hicieron las cosas mal, ojalá se gane, pero en caso de tener un resultado adverso la responsabilidad será —pura y exclusivamente— del gobierno por haber entregado el Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie violentado toda la normativa portuaria. Si algo le faltaría a este gobierno, que nos prometió los mejores 5 años de nuestras vidas, es hacer que el Estado uruguayo pierda su primer arbitraje internacional”.