Por The New York Times | Frances Robles
En buena medida, los manifestantes no salieron a las calles el lunes, en la que había sido una marcha muy anticipada convocada a nivel nacional. Varios agentes de la seguridad del Estado se desplegaron por todo el país para evitar que los disidentes salieran de sus casas.
Este despliegue de la fuerza demostró el gran aparato de seguridad a disposición del gobierno para sofocar la disidencia. También evidenció los desafíos que enfrenta la oposición en Cuba, donde a menudo el miedo a la represión desactiva al activismo.
Por meses antes de la manifestación planeada, los críticos del gobierno habían tratado de reavivar el descontento popular que animó las protestas durante el verano. Pero policías uniformados, agentes de seguridad del Estado vestidos de civil y simpatizantes del gobierno con carteles de piquete rodearon las casas de los disidentes, dijeron activistas de derechos humanos.
“Estoy sitiado en mi casa desde hace tres días”, dijo en un mensaje de texto Manuel Guerra, un médico de Holguín, en el este de Cuba. “Cuba está de luto”.
De forma muy inusual, los activistas cubanos habían anunciado sus planes para la “Marcha Cívica por el Cambio”, una manifestación en todo el país el lunes por la tarde para protestar por la falta de libertad en el régimen de un Partido Comunista que ha gobernado la isla durante más de seis décadas.
Los organizadores, muchos de ellos jóvenes artistas, esperaban aprovechar el impulso de las marchas que llevaron a miles de cubanos a salir a la calle en julio para exigir alimentos, medicinas y libertad. En los últimos días, por temor a la violencia, atenuaron sus planes.
El domingo, un líder del movimiento, Yunior García Aguilera, había planeado marchar solo con una rosa blanca en la mano, pero los partidarios del gobierno le impidieron salir de su casa, según muestran los videos publicados en Facebook. En un momento dado, se asomó a través de las persianas de su apartamento, hasta que alguien en un piso superior bajó una enorme bandera cubana, obstaculizándole la vista.
“Esta comunidad, este pueblo, no le vamos a permitir ningún show mediático”, le gritó a García una de sus vecinas, según un video publicado en Facebook.
Durante semanas, el gobierno había estado denunciando a García en los medios de comunicación estatales, lo que redujo las posibilidades de que otros se unieran a las protestas, según la periodista María Antonieta Colunga Olivera. “Lo han hecho trizas en la televisión nacional de Cuba, lo han desacreditado de todas las maneras posibles”, dijo.
También Colunga ha sido objeto de escrutinio por parte del gobierno. Dijo que una patrulla de la policía estuvo estacionada frente a su casa en La Habana todo el domingo, una práctica que el gobierno ha usado cada vez más como táctica de intimidación. Un agente del Estado la visitó el lunes, dijo.
El lunes, los disidentes compartieron videos y fotografías de policías y partidarios del gobierno rodeando sus casas. Algunos se grabaron saliendo a la calle vestidos de blanco como acto de protesta. Al menos 40 personas fueron arrestadas, según Cynthia de la Cantera, una periodista cubana que estaba ayudando a dos organizaciones de justicia social a hacer seguimiento de los eventos.
En Santa Clara, Saily González, una activista, publicó un video en el que aparecía colgando sábanas blancas fuera de su casa como símbolo de libertad, mientras los vecinos que apoyan la Revolución cubana le gritaban insultos, lo que se conoce en Cuba como un “acto de repudio”.
Alexander Figueredo Izaguirre, un médico de Bayamo, dijo que los funcionarios de seguridad habían estado en su barrio desde el domingo. Fotografías tomadas ese día mostraban una calle vacía con dos vehículos policiales y militares estacionados en la esquina.
“Aquí al menos en Bayamo, tienen todo militarizado”, dijo Figueredo.
El gobierno cubano declaró ilegal la protesta, y los medios de comunicación del Estado han caracterizado repetidamente a los disidentes como títeres de Washington.
“Cuba jamás permitirá acciones de un gobierno extranjero en nuestro territorio, tratando de desestabilizar el país”, dijo la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. “No lo permitiremos”.
Los medios de comunicación estatales se enfocaron en cubrir acontecimientos positivos del país: el regreso a las clases presenciales y la reapertura del turismo. La protesta, dijeron los medios gubernamentales, estaba “condenada al fracaso”.
“Estamos ante una manipulación de nuestra realidad”, se lee en el diario estatal Granma.
Los planes para la protesta se hicieron en un año marcado por una grave escasez de alimentos y un sistema de salud afectado por la pandemia de coronavirus. El número de cubanos que huyen a Estados Unidos también ha aumentado de manera considerable. A principios de noviembre, a solo un mes de iniciado el año fiscal, la Guardia Costera de Estados Unidos había capturado a 248 cubanos en el mar, en comparación con los 49 de todo el año pasado.
Pero el gobierno dejó en claro que no estaba de humor para el disenso.
Juan Pappier, investigador de Cuba en Human Rights Watch que ha seguido de cerca las protestas, dijo que cualquiera que fuera sorprendido participando habría enfrentado un año de prisión, mientras que cualquiera acusado de lanzar una piedra —incluso sin pruebas— podría ser condenado a diez años, dijo.
Cientos de personas siguen encarceladas por las protestas que estallaron en julio.
“Creo que hay una estrategia de supresión total, ni siquiera de represión”, dijo Pappier. “No quieren que se produzca la manifestación”.
Yoani Sánchez, bloguera y activista, dijo que el despliegue de fuerza ilustra lo asustado que estaba el gobierno cubano de las personas que exigían libertad de expresión. Pero cuestionó si el gobierno podría seguir dedicando grandes recursos en las esquinas de las calles de todo el país.
“El miedo cambió de bando”, dijo Sánchez durante su pódcast matutino. “¿Cómo? El oficialsmo cubano ha desplegado una intensa campaña de amenazas, vigilancia y corte de internet que demuestra solo una cosa, damas y caballeros, el terror, el pánico que tiene de perder el poder”.
Oscar Lopez colaboró con la reportería.
Frances Robles es corresponsal con sede en Florida, desde donde cubre también Puerto Rico y Centroamérica. Su investigación sobre el asesinato de un detective en Brooklyn llevó a la anulación de más de una docena de condenas por homicidio y fue merecedora de un premio George Polk. @FrancesRobles • Facebook
Oscar Lopez colaboró con la reportería.
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