La asociación de ex presos políticos Crysol le solicitó al presidente Luis Lacalle Pou que los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mariana Motta y Wilder Tayler continúen en sus cargos.

“Ambos han llevado a cabo su labor con solvencia, compromiso y responsabilidad”, señala Crysol sobre los directores que han estado a cargo de las actividades en el marco de la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos.

“Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos dirigimos a usted para solicitarle su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución”, agrega la asociación. Los directores estarán en su cargo hasta este año y luego se votará la continuidad o renovación del directorio.

Por otra parte, Crysol señala que “como lo puso de manifiesto el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que Guido Manini Ríos ocultó a la justicia, la desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva bestial del Estado uruguayo. Fue una estrategia represiva institucional de las Fuerzas Armadas”.

“El estado uruguayo adhirió a la Carta Interamericana de Derechos Humanos al retornar a la democracia, mediante la ley 15.737,  y en un acto soberano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH”, añade el grupo.

Además, recuerdan que en noviembre de 2021 dicha corte, en la sentencia Maidanik y otros, entre otras recomendaciones, impuso a Uruguay “la obligación de continuar la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos”.

“Es público y notorio que las personas procesadas y condenadas, por las graves violaciones a los DDHH cometidas desde 1968 en adelante, que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena, en la Guardia Republicana y/o en prisión domiciliaria, son quiénes saben que ocurrió y además quiénes saben al respecto. Las evidencias y los indicios al respecto son indudables”, añade Crysol.

La asociación reitera que “el Estado tiene la obligación por mandato de la Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de DDHH de continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos”. “Esperamos contar con su pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto”, aseguran.

En otro orden, solicitan a Lacalle que envíe “a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones, además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU”.

Crysol pide “remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones” ya que “será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos”. “Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho”, aseguran.

“Desde la recuperación democrática, todas las iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio”, concluye el grupo en un comunicado.