La asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) expresó en una carta dirigida al ministro de Defensa, Javier García, su “malestar” por remitir el proyecto de ley al Parlamento “sin haber tenido la deferencia de informar previamente a las organizaciones que representan a las “miles de victimas del accionar del terrorismo de Estado”.

Sobre el proyecto en particular, Crysol expresó que estudiará la iniciativa y promoverá, en caso de que corresponda, “los cambios necesarios o el rechazo frontal”.

“Nos preocupa muy seriamente un aspecto. Como es de su conocimiento, durante la dictadura civil militar, más de 20.000 ciudadanos fueron privados de su libertad y sometidos a interrogatorios bajo tortura o amenaza de ella ante la justicia militar. Se labraron actas, sin asistencia legal ni garantías de ningún tipo. Son documentos sin ningún valor legal para siempre. Son expresión pura del terrorismo de Estado. Son documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”, expresó la organización en el comunicado, que fue firmado por su presidente, Gastón Grisoni.

Días atrás, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley para crear, en el Archivo General de la Nación, una sección destinada a la “reunión, organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”.

El documento, firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, plantea en su exposición de motivos que el Gobierno “ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión del gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos y exigencias”.

“El acceso al contenido de la sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento, en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 18.331, del 11 de agosto de 2008 (Ley de protección de datos personales)”, señala el artículo 2 de la iniciativa ahora a estudio del Parlamento.