Cruce entre Civila y Arbeleche en la interpelación; “Se nos está tomando el pelo”, dijo él

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una intensa mañana, ya que tuvo lugar la primera interpelación a un integrante del Poder Ejecutivo en lo que va del período de gobierno de Luis Lacalle Pou. Concretamente, el diputado frenteamplista Gonzalo Civila fue el miembro interpelante de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, con motivo de una exoneración fiscal otorgada al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para su empresa, aunque luego dijo que renunciaría al beneficio.

Durante la primera parte de la interpelación, que concluyó este mediodía, el diputado y la ministra cruzaron datos y opiniones, y el ambiente solo se caldeó una vez.

Civila inició si exposición señalando que esta "no es cualquier interpelación", ya que "es la primera que se desarrolla desde el Frente Amplio (FA) en su rol de oposición en este período de gobierno y la primera en exactamente 17 años". "La última por parte del FA en su condición de fuerza de oposición la realiza el socialista Guillermo Álvarez el 19 de mayo de 2004, y también fue a un ministro de Economía y Finanzas, al economista Isaac Alfie", recordó el diputado.

"Esto nos remite a otro contexto de la vida del país que recordamos. Hoy no es el economista Isaac Alfie el interpelado, aunque está referido en el motivo de esta convocatoria, no se encuentra él en sala pero son esas coincidencias que a veces se dan en la historia y en la historia de la política", apuntó.

"Esta es además la primera interpelación después de 444 días que han transcurrido desde que asumió el 1 de marzo de 2020 el actual gobierno", dijo y añadió que, según el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, durante el último período de Tabaré Vázquez la primera interpelación fue a los 46 días de iniciado el gobierno, mientras que durante el de José Mujica fue a los 134 y en el anterior de Vázquez fue a los 92. De hecho, durante el gobierno de Jorge Batlle, la primera interpelación fue a los 230 días.

"Hemos esperado bastante tiempo para que se generara un llamado a sala, una instancia de interpelación. Eso obedece a muchas razones, algunas que tenemos que conversar internamente entre los y las frenteamplistas, otras muy objetivas y muy fuertes: estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, una pandemia, con todos los efectos que eso tiene", explicó.

"Se debe también a un gran blindaje del actual gobierno, y quiero hacer unas consideraciones muy breves: no es bueno para la democracia que por un problema muy grave que nos afecta a todos y a todas posterguemos indefinidamente debates centrales para la vida del país, y esto no tiene que ver con falsas polarizaciones, tiene que ver con transparencia, con control y también con debate político, con discusión sobre los acuerdos y diferencias que podamos tener", continuó.

Antes de seguir, Civila denunció que él y otros diputados recibieron "una infinidad de ataques personales en las redes sociales" previo a la interpelación, y "se ha visto a legisladores del oficialismo, algunos con roles relevantes en sus bancadas, actuando como trolls en las redes sociales cortando videos, suprimiendo partes de frases, generando un contexto previo complicado".

"Y quiero agregar algo más que yo creo que hace a ese contexto: el presidente de la república por dos veces se refirió a este tema públicamente. Las dos veces lo hizo atacando y descalificando a la oposición, pretendiendo desviar el tema y hablando de lo que hizo o no hizo el FA en gobiernos anteriores. Nada de esto nos parece muy republicano, nada de esto nos parece que tenga que ver con una democracia profunda, con un debate franco, por más diferencias que podamos tener", agregó.

El honor

Civila aseguró que el objetivo de esta interpelación no es "mancillar el honor de nadie". "No venimos a decir aquí que nadie debe ir preso, como escuchamos tantas veces en sesiones parlamentarias. No venimos a pegarle en el piso a nadie, no queremos llevar la política al barro. Y no venimos a buscar equivalencias, a decir 'si vos lo hiciste mal yo lo hago mal o lo hago más o menos'. Venimos a un debate democrático".

A continuación, Civila propuso que si había integrantes de la cámara que querían discutir sobre hechos acontecidos en gobiernos anteriores del FA, del Partido Nacional (PN) o del Partido Colorado (PC), que se haga en otra sesión. En cambio, si se hace en esta interpelación, "es una maniobra evitativa del que no tiene con qué afrontar sus propios problemas ni razones para defenderse, sobre todo después de haber construido ciertos discursos en campaña electoral o incluso ahora, siendo ya gobierno".

Luego, Civila pasó específicamente a las consultas a la ministra Arbeleche. "Llegamos a una interpelación por un hecho que conocimos el 5 de marzo de este año. Ese hecho es la firma por parte de la ministra de Economía de una resolución por la cual se le concede una serie de exoneraciones fiscales a la empresa del director general de la OPP.  El mismo 5 de marzo hubo reacciones, respuestas, planteos de distintos actores sociales y políticos, y el mismo 5 de marzo hubo reacciones del propio gobierno. Se habla de un intercambio entre el director de la OPP y el presidente de la república que determina que se anuncie que se va a renunciar a esos beneficios fiscales que se habían concedido".

"Luego de eso hay declaraciones del presidente de la república atacando a la oposición por haber hecho planteos sobre este asunto", dijo Civila, quien luego recordó: "La resolución no es del 5 de marzo, es del 11 de febrero, había transcurrido casi un mes. El economista Alfie dijo no haberse enterado hasta el 5 de marzo de que se le había concedido este beneficio fiscal a solicitud suya. La ministra sí tenía que saberlo porque lo firmó, salvo que se le haya pasado desapercibido al momento de firmarlo, y no lo digo con ironía porque es una de las preguntas que tenemos".

"Aclaro que no adhiero a teorías conspirativas, tampoco creo que estemos hablando de seres malévolos que esconden información por maldad", señaló Civila, quien señaló que Alfie "había presentado esta solicitud de exoneraciones fiscales en diciembre del año 2019", que, si bien no había asumido el actual gobierno, ya le habían propuesto a Alfie ser el director de la OPP, según recordó el diputado.

Civila recalcó la presunta gravedad de este hecho porque se trata de "una exoneración al director general de la OPP, es decir, junto con la ministra, los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay".

Las preguntas

En este sentido, Civila preguntó, entre otras cosas, cuál fue la fecha exacta en que Alfie hizo la solicitud y si él ya sabía, en ese momento, que sería director de la OPP. La segunda pregunta fue si la ministra "fue consciente de que estaba autorizando una serie de exoneraciones tributarias a una empresa del director general de la OPP".

Arbeleche inició su exposición repasando diversa legislación vigente en torno a la promoción de inversiones. Según dijo, "la exoneración tributaria en sus distintas variantes no es la única herramienta a ser utilizada, sino uno de los mecanismos incentivadores con que cuenta la administración a efectos de captar inversiones, propendiendo así al desarrollo económico y social y a la creación genuina de fuentes de trabajo".

"Cuando la administración, haciendo uso de las normas referidas, otorga una exoneración tributaria, no está otorgando un beneficio, un subsidio o una prebenda en exclusivo derecho del particular. De ninguna manera. Sino que está otorgando un incentivo o está haciendo uso de una política de fomento con el objetivo de obtener la contrapartida de la inversión como política de desarrollo económico y social", apuntó la ministra.

Arbeleche continuó su exposición y argumentó a favor de la resolución: "Como ministra firmé esa resolución y por supuesto que como ministra tenía absoluto conocimiento de la resolución que estaba firmando". Además, añadió que Alfie solicitó la exoneración el 13 de diciembre de 2019, fecha que será crucial para un comentario posterior de Civila.

La ministra dijo que la resolución que firmó declaró promovido, "al amparo de las leyes" vigentes, "el proyecto de inversión" de Alfie, que consistía en la adquisición de "equipamiento de un nuevo local profesional".

Según dijo, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) "recomendó expresamente y por unanimidad al Poder Ejecutivo el otorgamiento de los beneficios previstos en la legislación aplicable". Entonces, "se actuó, en consecuencia, plenamente conforme a derecho, contándose con los asesoramientos preceptivos previos y favorables. La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico".

Compatible

Por otro lado, Arbeleche afirmó que "el cargo de director de la OPP no tiene incompatibilidades o inhibiciones específicas para el desarrollo de actividades privadas". Además, "toda incompatibilidad con la función publica debe encontrarse prevista expresamente por los textos constitucionales o legales".

En este caso, "las normas vigentes no amputan los derechos sustantivos o de fondo, esto es, no afectan la capacidad de goce de los derechos". Además, dijo que la ley que regula la ética de la función pública no impide lo actuado por el MEF en el caso de Alfie.

A su vez, señaló que "quien toma la decisión es el MEF" y que "quien solicita la exoneración no integra el MEF, que es el único legitimado para resolver la exoneración cuestionada". "Este aspecto considero que es de particular importancia porque debe quedar claro que el economista Alfie no integra el MEF y tampoco integra, estrictamente hablando, el sistema orgánico Poder Ejecutivo".

En consecuencia, Arbeleche afirmó que "aquí no había un solo mostrador como para estar presuntamente de los dos lados del mismo". "Ni la ministro (sic) del MEF se encuentra sujeta a jerarquía del director de la OPP ni el director de la OPP se encuentra sujeto a jerarquía de esta ministro".

Además, Arbeleche dijo que "el beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio, que es lo único que se le puede y debe exigir a un servidor público que posee algún interés privado legítimo".

"Jurídicamente, en ninguna parte se encuentra establecido que por el hecho de devenir en gobernante o funcionario público deben negarse derechos sustanciales. Por la sola circunstancia de ser funcionario público o gobernante lo único que sí puede y debe exigirse es la abstención en el procedimiento resolutivo. Pero la pérdida de derechos sustanciales, el derecho de goce, por el hecho de transformarse en gobernante o funcionario público implicaría una causal inexistente de conculcación de derechos de cualquier ciudadano, una suerte de proscripción de derechos inexistente en un sistema republicano y democrático como el que gozamos en nuestro país", añadió la ministra.

"Los gobernantes y los funcionarios no pierden derechos que las normas les conceden", continuó Arbeleche, que agregó que "ningún inversor está obligado a perder o a renunciar a sus derechos sustanciales si se cumplen los requisitos legales, sea o no sea funcionario, sea o no sea gobernante, el economista Alfie tampoco".

Arbeleche concluyó que "no hubo ninguna ilegalidad ni discrecionalidad mal ejercida ni de parte del solicitante ni tampoco de parte de la ministro de Economía y Finanzas". "Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito", sentenció.

Tomada de pelo

Por su parte, Civila lamentó que la ministra "no responde prácticamente ninguna" de las preguntas que se le realizaron: "Sabemos lo mismo que sabíamos antes de ingresar a la sesión".

No obstante, el diputado hizo algunas "consideraciones muy breves sobre el aspecto legal" y señaló que "la ministra y el asesoramiento jurídico que tiene" comparten "una concepción muy restrictiva de la aplicación de las normas de ética en la función pública".

"Llama la atención que les parezca ético concederse beneficios del Estado entre gobernantes, cuando han afirmado reiteradamente que venían a cuidar los dineros públicos con un celo tremendo y han establecido restricciones en las asignaciones de gasto en actividades esenciales para la vida del país, que no hacen a exonerar a un estudio contable para que adquiera mobiliario o para que instale una nueva sede, sino que hacen prácticamente a la posibilidad de sobrevivir", expresó el diputado del FA.

Sobre la fecha en que Alfie solicitó la exoneración, Civila dijo que rastreó información de prensa y encontró una nota del 4 de diciembre en la que el propio Alfie declaró que se le ofreció el cargo. "Estuvimos meses desde que este tema se hizo publico que pretendían hacer entrever que Alfie no sabía que iba a integrar el gobierno y que presentó la solicitud sin tener este elemento arriba de la mesa, y no, eso es una absoluta falsedad , es una mentira".

"La presentó después de enterarse que iba a ser el director general de la OPP, la presentó después de enterarse que iba a integrar el gobierno y la conducción económica del gobierno, y nosotros tenemos que asumir que está todo bien hecho", lamentó.

"Yo siento que se nos está tomando el pelo. No se nos responden las preguntas que hacemos y se pretende blindar al gobierno", dijo Civila, que añadió que le parecía "muy poco serio" lo que sucedía.

Fue allí que un diputado lo interrumpió y la presidenta de la cámara, la cabildante Elsa Capillera, recordó a los presentes que la palabra en ese momento era de Civila. Al retomar su exposición, Civila dijo que el caso de Alfie es "paradigmático".

Evidencia

"Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor: gobiernan para beneficiarse a sí mismos y vienen a fundamentar en principios generales del derecho que no aplican normas de ética en la función pública para darse exoneraciones a sí mismos. (...) ¿Cómo se explica que un gobierno que restringe gastos no ponga absoluto celo y lupa en cosas como esta?", preguntó el diputado frenteamplista.

"Pero, además, no entiendo: si esto está tan bien hecho, ¿por qué revocan la resolución? No entiendo por qué Alfie renuncia a los beneficios, por qué el presidente le pide que renuncie a los beneficios", continuó.

"Si esto está tan bien no entiendo por qué lo revocaron, por qué renunció, no se entiende, y si tuvo que renunciar y se tuvo que revocar, no entiendo por qué siguen en los cargos donde están", dijo Civila. Después, Arbeleche retomó brevemente la palabra y dijo que "no queda claro si la propuesta es que no se cumpliera la ley". "No cumplir la ley no es una opción", sentenció.