En su discurso en respuesta al pedido de la Fiscalía, que pidió una condena de 12 años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su presidencia, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, se refirió este martes al caso del político de Juntos Por el Cambio (JxC) Fabián Pepín Rodríguez Simón.
“Es el único dirigente político prófugo y no es peronista. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes, huyen. A la primera citación que tienen, huyen”, dijo refiriéndose a los políticos de la oposición.
Montevideo Portal habló con el diputado colorado Conrado Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), quien comentó que este departamento del órgano legislativo se encuentra analizando nuevamente el pedido de pérdida de mandato para el político macrista, elaborado por la parlamentaria del Frente de Todos Cecilia Brito.
Esto se dio luego de que el asunto volviera de la órbita del plenario del Parlasur a la Comisión, a pedido de la bancada kirchnerista, según narró Rodríguez, que explicó que el próximo 30 de agosto se decidirá si se envía nuevamente a la Mesa Directiva del órgano legislativo regional, que se reunirá en setiembre, para que lo ingrese a los asuntos a tratarse en el plenario en la sesión del mes de octubre.
Sobre el proceso judicial en el que se ve envuelto Rodríguez Simón, tras haber solicitado el Estatuto del Refugiado ante la Justicia uruguaya, el diputado colorado comentó que el caso está en la órbita de la Suprema Corte de Justicia, luego que el argentino presentara un recurso de casación a la sentencia del Tribunal de Apelaciones que rechazó el pedido de refugio.
La jueza especializada en Crímen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, había rechazado el pedido de Rodríguez Simón en una sentencia que luego fue ratificada en segunda instancia por el tribunal.
Sobre el argentino recae un pedido de extradición de la Justicia de su país, tras no concurrir el año pasado a declarar como indagado ante la jueza federal María Servini, quien lo declaró “en rebeldía” y ordenó su captura internacional, en el marco de una causa que investiga el presunto “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, vinculadas al kirchnerismo.
En la sentencia del Tribunal de Apelaciones, a la que accedió en su momento Montevideo Portal, se señala que “quedó plenamente acreditado que el promotor no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático”.