Cristina Fernández recibió una sentencia de seis años: ¿irá a prisión la expresidenta?

La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.

Sin embargo, quedan dudas sobre si la exmandataria efectivamente cumplirá su pena en prisión. Es que hay dos factores que llevan a apuntar a que no la hará, según consignaron medios argentinos.

En primer lugar, la defensa de Fernández probablemente apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que la sentencia anunciada este miércoles no sea firme, o sea que se agoten todos los mecanismos de apelación, la condena no se aplicará.

Teniendo esto en cuenta, Fernández tampoco está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Es más, podría llegar a ser candidata a legisladora en las elecciones parlamentarias que se llevarán adelante el año que viene en Argentina.

La ratificación de Casación es un paso más en el extenso ida y vuelta que se puede dar con una causa en la Justicia argentina.

El Código del Proceso Penal argentino establece que la ejecución de la sentencia solo se puede dar cuando esta queda “firme”. Eso significa que se puede llegar hasta que sea necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que un fallo sea acatado.

La confirmación del fallo de Casación establece 10 días para apelar. En caso de que esto suceda, que es lo más probable, la sentencia se prolongaría hasta llegar a la SCJ.

De acuerdo con lo que consigna el medio Infobae, el supremo tribunal en Argentina es el único que no tiene plazos para emitir sentencia, por lo que se desconoce cuánto tiempo podría llevar la resolución final de la causa.

Más allá de todo esto y aunque la Suprema Corte ratifique la condena de seis años de prisión, debido a la edad de Fernández es improbable que sea enviada a una cárcel.

La ley argentina establece que a partir de los 70 años la persona puede cumplir su pena de prisión en detención domiciliaria a pedido de un familiar, persona o institución responsable de su cuidado.