La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, solicitó este lunes ampliar su declaración indagatoria luego de que la Fiscalía culmine la fase de alegatos del juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).
"He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", anunció la vicepresidenta, Cristina Fernández, a través de su cuenta de Twitter.
Cristina Fernández ya había realizado una declaración indagatoria 8 días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o "lawfare" ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
La exmandataria explicó este lunes que solicitó ampliar su declaración indagatoria "ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia" del exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
La expresidenta también justificó el pedido en que "los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".
Fernández realizó este anuncio el último día de los alegatos de la Fiscalía y cuando se espera el pedido de condena en su contra en una audiencia virtual que se celebra por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires.
La Fiscalía expuso durante 9 jornadas pruebas para afirmar que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), crearon "una de las matrices más extraordinarias de corrupción" durante sus mandatos.
Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.
En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
EFE