La vicepresidenta y expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes por la Justicia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por corrupción en la causa Vialidad.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron quienes estuvieron a cargo del caso por irregularidades en la concesión de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Por su parte, los jueces que integran el Tribunal Federal 2 también condenaron al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión.
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, los jueces hallaron culpable a Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
La expresidenta de 69 años goza, en principio, de inmunidad hasta diciembre de 2023 por el cargo que ocupa en el Senado. Además, puede recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz, cuna política de ambos políticos.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de seis años de prisión el exsecretario de Obras Públicas José López y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Apenas conocida la sentencia, la vicepresidenta inició un video en directo en Twitter desde su despacho en el Senado. Fernández cargó contra el sistema judicial y expresó que "esto no es ni un lawfare ni un partido judicial, esto es un partido paralelo y una mafia judicial".
A continuación, hizo mención a la denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández este lunes, quien pidió a la Justicia que investigue a empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos por presuntamente integrar una trama de corrupción.
Los hechos que el presidente pide investigar refieren a un supuesto viaje en avión privado hecho por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia argentina.
Hace una semana, la vicepresidenta acusó al tribunal que la juzga por presunta corrupción y calificó a los actores judiciales de ser "un verdadero pelotón de fusilamiento".
Las apariciones públicas de la vicepresidenta se redujeron drásticamente luego de sufrir un intento de magnicidio el 1° de setiembre, cuando un hombre intentó dispararle en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a Fernández ante las acusaciones de esta causa.
El tribunal también impuso diversas penas de entre 3 años y medio y 5 años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; a Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y a Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces también lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de un funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos argentinos.
Con base en agencias