Crisis del agua: Gobierno uruguayo responde a informe de ONU “plagado de inexactitudes”

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración este jueves en respuesta a un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sostiene que la “continua disminución de la calidad del agua” en Uruguay ha generado una situación “alarmante”.

“El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados. Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber”, apunta el informe que se titula “Uruguay: El agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales”.

En respuesta, Cancillería señaló que “ante las inexactitudes” del comunicado emitido por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento (Pedro Arrojo-Angulo) y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Gobierno de Uruguay reitera: “Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes  ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma”.

“Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a uno de cada tres habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona)”, añade el documento divulgado por Cancillería, que posteriormente detalla los beneficiados con las medidas tomadas por el Gobierno.

En un tercer punto, el Gobierno uruguayo señala que para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la salud pública, OSE y el Gobierno erigieron una estrategia basada en tres pilares que fueron detallados en el comunicado. En particular, el Gobienro hace hincapié en que 

“El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado”, apuntó Cancillería.

En particular, el Gobierno hace hincapié en que se ha mantenido la continuidad en el suministro de agua “sin la realización de cortes”, lo que evita la posibilidad de contaminación biológica.

“La continuidad del servicio de las redes de distribución y la presión interna es lo que garantiza la protección contra los riesgos biológicos. Mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la región metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, evita el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades, y principalmente protegiendo la salud de la población y la sanidad pública en general”, afirmó Cancillería en la contestación .

Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU:
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— Cancillería Uruguay ???? (@MRREE_Uruguay) July 13, 2023

Alerta de expertos

Los expertos de la ONU en derechos humanos dijeron este jueves que es preocupante la discriminación que puede surgir de la recomendación de las autoridades de Uruguay para que las personas vulnerables compren agua embotellada por el fuerte aumento de la salinidad de la que llega a los hogares.

Este problema de calidad del agua afecta a más del 60% de su población, según los datos que han recibido los relatores especiales de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento básico, Pedro Arrojo-Angulo; y los miembros de un grupo de trabajo de la organización dedicado a vigilar el respeto de los derechos humanos en el sector privado.

La causa de este problema sería un fallo en la infraestructura hídrica, agravado por problemas de niveles bajos de reservas de agua, añade el informe. 

La situación fue considerada “alarmante” y se indicó que representa un riesgo en particular para los niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas.

No obstante, la recomendación de consumir agua embotellada “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, opinaron los expertos.

Recordaron que hay muchas personas que no pueden permitirse comprar agua y que también están las personas discapacitadas o de movilidad reducida que no pueden transportarla.

Si bien el Gobierno ha recomendado reducir el consumo en los hogares, estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, en particular las industrias que utilizan agua para la producción.

“El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable”, argumentaron los expertos, que se han puesto en contacto con el Gobierno de Uruguay respecto a esta situación, informó EFE.

Tras la divulgación del comunicado de Cancillería, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó: “Una respuesta contundente y con mucha altura de nuestro gobierno ante un sorprendente informe de Naciones Unidas plagado de inexactitudes y acusaciones falsas. Parece mentira que desde Naciones Unidas se emitan publicaciones tan sesgadas”.

Una respuesta contundente y con mucha altura de nuestro gobierno ante un sorprendente informe de Naciones Unidas plagado de inexactitudes y acusaciones falsas. Parece mentira que desde la @ONU_es se emitan publicaciones tan sesgadas https://t.co/mTdHURxSQq

— Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) July 14, 2023

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